Caso Alcoa (III)

La UDEF interceptó a la trama del caso Alcoa la fotografía de un manuscrito autorizando la compra de bitcoins

La Policía desenmascara a los "testaferros" que ayudaron a saquear las cuentas de Alu Ibérica (I)

Un 'informático' colaboró con el "grupo criminal" del caso Alcoa a esquilmar las fábricas de Avilés y A Coruña (II)

Un implicado en el caso Alcoa borró sus chats tras las detenciones (IV)

La Policía encontró en un registro una fotografía en la que se incluye una autorización manuscrita para comprar bitcoins.

La Policía encontró en un registro una fotografía en la que se incluye una autorización manuscrita para comprar bitcoins. / NACHO GARCÍA

Tono Calleja Flórez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía descubrieron entre la documentación que fue requisada a los imputados del caso Alcoa una fotografía en la que uno de los presuntos integrantes de la trama portaba una carta en la que facultaba a un empresario a comprar criptomonedas, según consta en el sumario del procedimiento.

El retrato estaba incluido en un correo electrónico, requisado por la Policía, que fue enviado el 15 de diciembre de 2020 a la plataforma de criptomonedas Kraken Payward por el "informático" de la "red criminal, Antonio Fernández Silva".

"En dicha imagen se observa cómo Francisco Javier Fernández de Bobadilla posa frente a la cámara mostrando su DNI, así como un documento manuscrito en idioma inglés, en el que autoriza a Francisco Alarcón Anguita a operar en la cuenta de negocios de Kraken", especifican los agentes de la UDEF en un informe incluido en el sumario que instruye la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Dos fábricas

Un informe policial de 8 de marzo da por acreditado que los imputados sustrajeron el patrimonio de las antiguas plantas de producción de aluminio de Alcoa en Avilés (Alu Ibérica AVL) y A Coruña (Alu Ibérica LC) para adquirir bitcoins. El saqueo de estas fábricas acabó con el empleo de casi 600 trabajadores.

Además, la Policía Judicial considera demostrado, “de forma fehaciente”, que los presuntos cabecillas de la trama Víctor Rubén Domènech y su pareja, Alexandra Camacho Carrascal, utilizaron "cuentas puente", titularidad de las sociedades Ackermann y Schwartz Attorney, Viña y Sentido, Logiplus Worldwide SL y Gestión y Administración de Franquicias SL, para esquilmar las finanzas de las fábricas de Alu Ibérica.

"El 24 de febrero de 2019, el informático Fernández Silva dio de alta una cuenta de Kraken Payward", comenta la UDEF, que describe que desde esta plataforma de criptodivisas se dirigen al informático como "Javier", "nombre con el que se registró en dicha plataforma, en alusión al investigado Francisco Javier Fernández de Bobadilla".

Fondo suizo

"El investigado Francisco Javier Fernández de Bobadilla", continúa la Policía Judicial en su oficio, era socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney, una firma que los agentes incluyen en el seno de la organización criminal presuntamente dirigida por Víctor Rubén Domènech y Alexandra Camacho Carrascal, propietarios del Grupo Industrial Riesgo y últimos dueños de las fábricas que la multinacional Alcoa vendió en 2019 al fondo de inversión radicado en Suiza Parter Capital.

Esta firma helvética compró a Aloca en 2019, al inusual precio de un dólar, las dos plantas de fabricación de alumnio. Y menos de un año después revendió el 75% de las acciones adquiridas por 13.100.000 euros a la firma Logiplus Worldwide SL. Esta última sociedad forma parte del Grupo Industrial Riesgo, propiedad de los ya mencionados Domènech y Camacho.

El denominado como caso Alcoa se abrió tras las denuncias formuladas por los sindicatos ante la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, además de otros órganos judiciales.