Reunión con Calviño

La banca llevó el acceso al efectivo a 300 nuevos municipios de la España rural en 2022

La banca se compromete a no quitar cajeros en municipios donde solo haya uno o aportar una alternativa

Los municipios catalanes de más de 500 habitantes sin acceso presencial a la banca bajaron de 51 a 32 en 2022

La vicepresidenta Nadia Calviño con los representantes de AEB, CECA y UNACC

La vicepresidenta Nadia Calviño con los representantes de AEB, CECA y UNACC / CECA

Pablo Allendesalazar

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Tras años de retroceso, el acceso a los servicios bancarios más básicos en la España rural registra desde finales de 2021 un avance significativo gracias a la mayor sensibilidad del sector financiero hacia ese problema y al impulso que le ha dado el Ministerio de Economía. Las entidades, así, redujeron el año pasado en 300 el número de municipios sin acceso físico a la banca, de 3.230 a 2.930, con lo que la población desatendida bajó en 97.955 personas, de las 657.557 de 2021 (1,4% de la población española) a 559.602 (1,19%). Si se le añaden los cajeros no bancarios y el 'cash-back' (posibilidad de obtener efectivo en comercios), las cifras son aún más bajas: 2.797 municipios y 494.916 personas (1% de la población), es decir, 433 y 162.641 menos que en 2021.

Así aparece recogido en un informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) para las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc), al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El estudio, preparado por el catedrático Joaquín Maudos, realiza un seguimiento del grado de cumplimiento del plan para la España rural pactado a principios de octubre por Economía y el sector. Como tal, se estudiará en la reunión que mantendrán el próximo jueves por la tarde la vicepresidenta Nadia Calviño, las patronales, asociaciones de mayores y la de consumidores Asufin. Un encuentro en el que también se analizará el funcionamiento del plan para mejorar el acceso financiero de los mayores y del plan para aliviar la situación de hipotecados en apuros por al alza del euríbor.

Economía considera que la buena evolución de la economía explica las bajas peticiones del plan hipotecario y pide datos al sector para demostrarlo

Economía está en términos generales satisfecha con la evolución de las iniciativas para la España rural y los mayores. En cuanto al Código de Buenas Prácticas hipotecario, el número de solicitudes va a ser menor del esperado (algunas fuentes estiman que pueden rondar las 15.000), pero el ministerio lo ve como una muestra de que la economía y el empleo han ido mejor de lo previsto cuando se suscribió el pasado noviembre. Para demostrarlo y entender por qué no hay más peticiones, en las reuniones preparatorias ha pedido al sector el desglose del código nuevo y el viejo, así como cifras de renegociaciones de hipotecas no acogidas al plan y amortizaciones anticipadas. En cualquier caso, el reciente choque entre Calviño y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a cuenta de las hipotecas y la petición de la primera de que los bancos eleven el tipo de los depósitos han incrementando la incertidumbre en torno a la reunión. 

Cajeros de marca blanca

El plan para la España rural, que incluye el compromiso de llevar los servicios financieros presenciales al "100% del territorio" por primera vez en la historia, se divide en dos bloques en función del tamaño de las poblaciones: más o menos de 500 habitantes. En el primer caso, el número de municipios excluidos ha bajado de 243 en 2021 a 164 en 2022. Un segundo informe trimestral apunta a que entre enero y marzo la cifra se redujo en otros cinco, si bien se precisa que al menos 55 adicionales -principalmente en Burgos y León- se les sumarán en los próximos meses fruto de convenios y licitaciones en curso (las elecciones municipales han retrasado algunos procesos), con lo que la población excluida en ese grupo de municipios bajará de las 211.550 personas de 2021 (0,45% del total de ciudadanos) a rondar las 88.000 (0,18%).  

Los bancos, así, llevaron el acceso a sus servicios a 69 nuevos municipios de más de 500 habitantes entre diciembre de 2021 y el pasado marzo: en uno se abrió una oficina (Torre de Santa María, en Cáceres), en 33 se instalaron cajeros bancarios, en 21 se pudo acceder a la banca a través de las oficinas de Correos, y en 14 mediante 'ofibuses', mientras que en ninguno se utilizó la vía de contratar agentes financieros. Además, en otros 15 de estas poblaciones se puede retirar e ingresar efectivo gracias a cajeros no bancarios, que no se contabilizaron en el primer estudio sobre la situación de cierre de 2021. 

Con los 55 municipios de más de 500 habitantes que se van a sumar a la lista en los próximos meses, la banca ya habrá llevado sus servicios al 57% de los identificados al final de 2021. Su compromiso, además, es cubrir a toda la población el próximo octubre, cuando se cumpla un año de la firma del plan. Para ello, está ultimando la activación de la segunda fase del mismo: la instalación de cajeros de marca blanca. Así, en las últimas semanas ha negociado el reparto de los costes entre las entidades para hacerlo a través de la empresa de pagos Redsys, de la que son socios buena parte de los bancos, pero no todos. 

Alternativas a las oficinas

En cuanto a los municipios de menos de 500 habitantes, además de las soluciones anteriores se contemplan otras como Correos Cash (obtener efectivo de los carteros) o el 'cash back' y 'cash in shop' (obtener efectivo en comercios). En este grupo, los municipios excluidos bajaron en 354 en 2022, de 2.987 a 2.639 (88 gracias al 'cash-back' y 45 gracias a los cajeros no bancarios, no contemplados en el informe de 2021), y la población desatendida se redujo en 93.083, de 446.007 a 352.924 personas.

En el total de municipios de más y menos de 500 habitantes, el año pasado aumentaron aquellos sin oficina (en 111, hasta los 4.533), pero también se incrementaron los que cuentan con un cajero bancario (en 86), agentes financieros (105), Correos (199) y oficinas móviles (21). De ahí que la reducción de poblaciones desatendidas en el año ascienda a 300, a las que se suman los 133 atendidas mediante 'cash-back' y cajeros no bancarios. 

El informe destaca que, pese la reducción del número total de oficinas en el país (en 1.367, hasta las 17.648), España sigue teniendo la tercera red más densa de Europa (2.463 habitantes por oficina frente a los 3.232 de media comunitaria). También el número total de cajeros disminuyó el año pasado (en 2.406, hasta los 45.233), pero la red española es la cuarta de la UE (995 habitantes por cajero frente a los 1.344 de media europea). Asimismo, el estudio subraya que de los 4.533 municipios que no tenían oficina al cierre de 2022, el 78,3% (3.550) no la tenía tampoco en 2008, el año en que el número de sucursales alcanzó su máximo histórico, "lo que significa que el cierre se concentra en municipios que en la actualidad siguen teniendo al menos una oficina bancaria".

Diferencias autonómicas

Catalunya tenía 250 municipios sin acceso físico a los servicios financieros al cierre de 2022, el 10,9% del total, con 71.233 personas afectadas, el 0,9% de la población catalana. La banca, así, sacó de la exclusión el año pasado a 51 poblaciones, lo que benefició a 18.560 personas. Además, en otras 12 era posible acceder al efectivo a través de cajeros no bancarios o del 'cash-back' (retirada de efectivo en comercios) a finales del año pasado, datos no disponibles cuando se elaboró el informe sobre la situación al cierre de 2021. Por provincias, hay más población desatendida en Lleida (25.653 personas en 97 municipios) y Girona (27.333 y 74) que en Barcelona (9.125 y 39) y Tarragona (9.122 y 40). 

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes de población sin acceso se registran en Castilla y León (10,1%), Navarra (4,6%), Aragón (2,6%), Castilla-La Mancha (1,8%), Extremadura (1,6%), País Vasco (1,1%) y La Rioja (1,1%). En cambio, no hay población excluida en Baleares, Canarias, Murcia, Ceuta y Melilla y es prácticamente inexistente (0,1%) en Andalucía, Galicia y Madrid. Por provincias, Zamora registra un 21,9% y también hay niveles superiores al 10% en Burgos, León y Salamanca. Las comunidades con mayor grado de exclusión han concentrado las mejoras en 2022. Así, en Castilla y León, 26.500 personas se han visto beneficiadas de la implementación de soluciones en 120 municipios.