Después de dos meses

El Gobierno y los bancos extienden finalmente la protección de los hogares hipotecados a la clase media

  • El paquete de medidas, que adelantó EL PERIÓDICO, pretende dar cobertura a más de un millón de familias

La vicepresidenta Nadia Calviño con los representantes de AEB, CECA y UNACC en una reunión hace unas semanas.

La vicepresidenta Nadia Calviño con los representantes de AEB, CECA y UNACC en una reunión hace unas semanas. / CECA

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Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

Especialista en banca, finanzas, política monetaria y mercados de capitales

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El Ministerio de Economía ha anunciado a última hora de este martes un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria de "más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad" por el incremento del euribor. El departamento que dirige Nadia Calviño ha realizado este anuncio "a falta de cerrar los últimos detalles" de la negociación con las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España y tras horas de compleja reunión en la sede del ministerio. Las medidas, que aprobará el Consejo de Ministros este martes para que entren en vigor el 1 de enero, serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades y de obligado cumplimiento una vez suscritas.

Como adelantó EL PERIÓDICO, el Gobierno ha arrancado de la banca un plan doble. Por un lado, se amplía y "refuerza el alivio" para los hogares cubiertos por el Código de Buenas Prácticas de 2012 para la reestructuración de hipotecas de clientes vulnerables. Y paralelamente, se va crear un nuevo Código para "familias de clase media" en riesgo de vulnerabilidad.

Como también adelantó este diario, las medidas de reestructuración más contundentes siguen reservadas para los primeros, mientras que para el segundo grupo se van a desplegar iniciativas que buscan aliviar la carga financiera. Además, se van a adoptar medidas para facilitar la conversión del tipo de los créditos de variable a fijo y la amortización anticipada de los créditos.

El nuevo código para clases medias beneficiará a hogares con renta anual inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) e hipotecas suscritas hasta el 31 de diciembre de 2022, una carga hipotecaria superior al 30% de su renta y que haya subido al menos el 20%. Las entidades deberán ofrecerles la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses (como propuso CaixaBank, según desveló este diario), un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años.

Renovación del Código

En cuanto al Código de 2012, se han mejorado varias de sus medidas. Por un lado, los deudores vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar la hipoteca con un tipo de interés más bajo durante el periodo de carencia del principal de cinco años (euribor -0,1%, frente al euribor +0,25% actual). Asimismo, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración en caso necesario.

También se va a ampliar su ámbito de actuación. Así, se permitirá que los hogares con renta inferior a 25.200 euros al año (tres veces el IPREM) que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, pero no cumplan el criterio actual del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario, puedan acogerse al Código con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta siete años. Una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50%, hasta los 246 euros.

Por último, hay un tercer paquete de medidas de tipo general para el común de los hipotecados. Así, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo. Además, se incluirán en el plan medidas para la promoción de la educación financiera y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Reticencias

El anuncio ha llegado un día más tarde del plazo máximo dado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la banca la semana pasada. Ello prueba lo complejas que han sido las negociaciones. Los bancos han tratado hasta el último momento de minimizar el impacto de las medidas en sus cuentas de resultados, ya que les obligarán a mayores provisiones ante posibles futuras pérdidas por impago. Así, por un lado han luchado por reducir lo máximo posible el ámbito de aplicación del acuerdo, es decir, han intentado que los requisitos que deben cumplir los potenciales beneficiarios sean lo más restrictivos posibles. En una línea similar, el Banco de España había reclamado centrar el plan en los "colectivos más vulnerables" y había advertido de que lo contrario podría afectar al precio y flujo de nuevo crédito.

A través de sus patronales AEB (bancos) y CECA (antiguas cajas de ahorro), asimismo, el sector ha intentado también evitar que los alargamientos de plazo y las carencias no provoquen un aumento de la carga de intereses, como pretendía Calviño. Estas medidas reducen los pagos mensuales que deben abonar las familias, pero suponen un encarecimiento del precio final de las hipotecas salvo que se regule lo contrario. Así, se pagan más intereses por ser el plazo más largo o por ser el capital pendiente más alto una vez acabada la carencia, al tiempo que se debe hacer una novación del crédito con la consiguiente comisión (normalmente del 1% del capital pendiente).  

Defensor del Cliente

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Como adelantó este diario, el Consejo de Ministros de este martes también prevé dar luz verde a la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con la que el Ministerio de Economía pretende revolucionar el actual sistema público de resolución de las reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión.

Los dos aspectos fundamentales del proyecto de ley no variarán en principio respecto al anteproyecto del pasado abril. Así, sus decisiones serán vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros y el nuevo organismo se financiará con una tasa 250 euros por reclamación recibida que pagarán las entidades.