Graduados sociales
Denuncian retrasos de hasta 5 días en la gestión de las bajas médicas con el nuevo protocolo
Baja laboral: así funciona el nuevo protocolo sobre incapacidad temporal
Primeras dos sentencias que califican de nulo el despido de un trabajador por estar de baja
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Personas haciendo cola en un CAP / Manu Mitru
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Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El Colegio de Graduados Sociales de Catalunya ha denunciado que el nuevo protocolo de bajas por incapacidad temporal no está funcionando correctamente y la Seguridad Social acumula retrasos de hasta cinco días a la hora de comunicar a las empresas que el trabajador está enfermo. Así lo han hecho público en una rueda de prensa celebrada en Barcelona y en la que el presidente de la entidad, Jaume Francesch, y la vicepresidenta, Montserrat Cerqueda, han criticado la sobrecarga de trámites y burocracia que la Administración ha ido depositando progresivamente en la figura del graduado social.
Fuentes consultadas de la Seguridad Social rechazan que en la gran mayoría de casos haya retrasos en la comunicación de los partes de baja. Y sitúan que en aquellas excepciones que pueda haberlos, ellos es fruto de los médicos responsables del papeleo puedan retrasarse unos días en remitirlo a la Seguridad Social.
Los despachos de graduados sociales se encargan, entre otros, de gestionar los trámites entre empresas y Administración, realizando las nóminas, notificando las finalizaciones de contrato a la Seguridad Social o el papeleo vinculado con las bajas médicas. En este último aspecto, desde el 1 de abril ha entrado en vigor una normativa mediante la cual el Gobierno pretende modernizar las gestiones y descargar de responsabilidades a los trabajadores.
Antes un empleado que iba al médico y este le daba la baja tenía un plazo de tres días para notificarle formalmente a la compañía que estaba en incapacidad temporal. Ahora ese trámite ya no es obligatorio y es menester de la Seguridad Social, que en un plazo de tres días naturales debe notificarle a la empresa que el empleado está de baja y no irá a trabajar. El problema, según denuncian los graduados sociales, es que esos tiempos no se cumplen y la Seguridad Social acaba notificándole a las corporaciones la ausencia del empleado al cabo de cuatro o cinco días.
Lo que les genera inquietud entre las empresas, ya que en ese interregno no saben si el empleado está efectivamente de baja o su ausencia obedece a motivos disciplinarios. Y es que no personarse en el puesto de trabajo durante tres días seguidos puede constituir motivo de cese. En muchas ocasiones ese retraso se salva con una comunicación informal entre el trabajador y la empresa -un whatsapp o una llamada-, pero si no existe esa confianza es cuando surgen conflictos, según denuncian los graduados.
"Riesgo inminente de colapso"
Los graduados sociales, unos 20.000 colegiados en toda España y 2.200 de ellos en Catalunya, han alertado de un "riesgo inminente de colapso" en sus despachos ante el aumento progresivo de la carga de trabajo. Los graduados sociales se encargan, entre otros, de remitir las cotizaciones sociales o el IRPF que pagan las empresas y los trabajadores a la administración.
Las nuevas normativas, como los planes de igualdad, las consecutivas subidas del salario mínimo que cada vez afectan a más gente o las nuevas cotizaciones aprobadas vía reforma de las pensiones, están tensionando su actividad. Hasta el punto que denuncian que están sufriendo una fuga de profesionales hacia otras actividades similares, como recursos humanos o prevención de riesgos laborales, ante la quemazón.
Ante ese aumento de faena, el Colegio ha demandado que o bien se reduce la misma, o bien se restituye la normativa derogada en el 2015, según la cual los graduados sociales se quedaban con el 2% de todas las cotizaciones que remitían al erario público, para así contratar a nuevo personal y compensar la carga de trabajo adicional.
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