Los inspectores de Trabajo paralizan sus campañas contra las horas extra o el fraude en el campo

Los inspectores de Trabajo han decidido paralizar todas las campañas de lucha contra el fraude como medida de presión al Gobierno y que este efectúe la reforma pendiente del organismo. Los seis sindicatos convocantes llevan varios meses protestando contra el incumplimiento por parte del Ejecutivo de su plan normativo. Han ido escalando su conflicto y la semana pasada hicieron pública una carta en la que todos los directores provinciales y jefes de unidad de la Inspección reclamaban la refuerzos y una nueva estructura.

Ahora las centrales aumentan un grado esa presión y anuncian que paralizan toda campaña específica contra el fraude, como las horas extras ilegales o las condiciones laborales en el campo, entre otros.

La Inspección de Trabajo se organiza a través de dos líneas de actuación. Por un lado atiende las denuncias que los trabajadores o la ciudadanía le hacen llegar cuando entienden que son sujeto o testigo de un fraude laboral. Estas la 'policía laboral' seguirá atendiéndolas, en aras de cumplir con sus obligaciones. Y la segunda vía de actuación son las campañas específicas, mediante las cuales los inspectores se personan en una serie de centros de trabajo para perseguir fraudes concretos.

Una de las más habituales es la de prevención de riesgos laborales en el campo durante el verano. Otra la de perseguir el exceso de temporalidad en determinadas actividades, como la hostelería.

"Se paraliza el trabajo programado (campañas) en cumplimiento del plan estratégico, hasta que el plan estratégico sea cumplido en su segundo gran eje: refuerzo de la estructura de la ITSS [Inspección de Trabajo y Seguridad Social], mediante la aprobación de la RPT [relación de puestos de trabajo]", reza el comunicado divulgado este lunes por las centrales convocantes.

Es decir, las empresas verán como el número de actuaciones relacionadas con el control de planes de igualdad, tiempo de trabajo, registro de jornada, condiciones salariales, ertes heredados del covid, economía irregular y riesgos relacionados con la actividad agraria disminuirán sensiblemente.