Motín de todos los jefes de Inspección de Trabajo contra el Gobierno por los refuerzos pendientes

El conflicto entre los inspectores de Trabajo y el Gobierno va escalando y cogiendo magnitud, tras más de un año encallado. Los 17 directores territoriales y los jefes de equipo del organismo estatal han firmado una carta conjunta contra el bloqueo de las negociaciones con los ministerios de Trabajo y Hacienda -de la que pende el departamento de Función Pública-. Reclaman la reforma pendiente de la estructura del organismo, así como los refuerzos prometidos para atender la creciente carga de trabajo que han ido asumiendo los 'policías laborales' durante los últimos años.

"Consideramos que es inaplazable la necesidad de realizar una reforma profunda. [...] Apreciamos que estas deficiencias están afectando hace ya tiempo a la capacidad de actuación que tiene la ITSS [Inspección de Trabajo y Seguridad Social] y no permiten desarrollar sus competencias con la eficiencia, intensidad, complejidad y velocidad que requiere el mercado de trabajo actual y las demandas de las personas trabajadoras", reza la carta hecha pública este martes por los 17 directores y directoras territoriales de cada una de las comunidades autónomas, así como los 57 jefes de unidad que conforman el cuerpo.

Todos los sindicatos con representación -CCOO, CIG, Csif, Sitss, Sislass, UGT y Sess- entre el cuerpo de Inspectores llevan meses con paros convocados. Todos salvo el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), con fuerte peso entre los subinspectores y que entiende que las demandas planteadas priman el interés de los inspectores. 

Actualmente la plantilla de la Inspección la forman un total de 2.051 efectivos, entre inspectores y subinspectores. Un cuerpo que debe velar por los derechos laborales de los 20,8 millones de trabajadores que están actualmente en activo. Es decir, tocan a un inspector por cada 10.141 trabajadores.

Agravio respecto otros cuerpos

Desde el Gobierno han reiterado su predisposición a seguir negociando, si bien desde las centrales dicen no tener propuestas en firme. "Es un trabajo que tenemos que apoyar desde el conjunto del Gobierno, también a través de la productividad que permita el cumplimiento de unos objetivos", ha declarado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante los medios.

"Constatamos que otros organismos se han visto beneficiados recientemente con mejoras llevadas a cabo en muy corto plazo de tiempo y sin un ejercicio previo de análisis que nosotros hemos realizado", añaden los firmantes. Y es que mientras en Seguridad Social y la administración de la Justicia el Gobierno ha acabado alcanzando acuerdos con las centrales para reforzar dichos departamentos y contener la pérdida de efectivos tras una década de deficientes ofertas de empleo públicas, con la Inspección de Trabajo no ha sido el caso.

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Acuerdos, por otra parte, que se quedarán en barbecho presumiblemente hasta la próxima legislatura, ya que con el adelanto electoral la negociación y publicación de la oferta de empleo público 2023 -donde debían integrarse parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los sindicatos- queda suspendida.

Este miércoles han llamado a nuevas protestas delante de todas las direcciones territoriales de la Inspección, con una concentración de media hora. Su calendario de protestas se extiende los días: 7, 8, 12, 14, 16, 20, 22 y 23 de junio. Entre el 24 y el 30 de junio está programada huelga todos los días en la Inspección de Trabajo.