Función pública
Trabajo acusa a Hacienda de impedir un acuerdo con los Inspectores por motivos políticos
Los inspectores de Trabajo irán por primera vez a la huelga el 21 de diciembre
2023: El año de las 'macro oposiciones' en el sector público
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El choque entre los ministerios de Yolanda Díaz y María Jesús Montero está enquistando y agravando la huelga de inspectores de Trabajo. Se trata de un largo conflicto que está a caballo entre el Ministerio de Trabajo -en tanto que los inspectores dependen de dicho departamento- y el de Hacienda, de quien depende la Secretaría de Estado de Función Pública. Ya ha habido protestas de los inspectores ante el ministerio de Díaz -de quien han pedido su dimisión- y este jueves está prevista una ante el de Montero.
Fuentes de Trabajo han trasladado su “profundo malestar” con la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, al que culpan de que no se haya logrado sacar adelante este mismo miércoles la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Inspección de Trabajo que el Departamento de Yolanda Díaz esperaba poder aprobar de forma inmediata para sofocar el conflicto laboral. Trabajo ve motivos políticos y electorales en lo que intepreta como un bloqueo de Hacienda, según relatan fuentes sindicales tras la reunión mantenida con este miércoles con el secretario de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Fuentes de Hacienda contradicen esa versión y trasladan que "Función Pública sigue trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo, de la misma forma que ha hecho y hace con el resto de ministerios, con el objetivo de ampliar el número de efectivos de la Inspección de Trabajo para reforzar su importante labor".
Este miércoles los representantes sindicales había sido citados de urgencia en el Ministerio de Trabajo, donde esperaban la primera oferta formal para reordenar y aumentar la plantilla del cuerpo. No obstante, allí el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, les ha comunicado que no había oferta y que las conversaciones con el Ministerio de Hacienda se habían roto de forma sorprendente e inesperada. "Llevamos un mes oyendo que el acuerdo está a punto y no sabemos por qué se ha roto. Tampoco entendemos por qué en ministerios como Justicia y Seguridad Social se ha llegado a acuerdos y con nosotros no", afirman fuentes sindicales consultadas. Estas explican que han recibido las impresiones de Pérez Rey de que el descarrilamiento de la negociaciones se debe a causas políticas y electorales, fruto del choque entre PSOE y Unidas Podemos a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales. El hecho de que sí se haya logrado desencallar conflictos laborales en la órbita de ministerios socialistas del Gobierno de coalición (Justicia y Seguridad Social) y no en el Ministerio de Trabajo hace ver a fuentes de la negociación una motivación "política y electoral" en el enquistamiento del que afecta a la Inspección.
Fuentes de Hacienda, sin embargo, apuntan que Función Pública ha autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo, así como una productividad extraordinaria de 6 millones de euros. Esta mejora retributiva se suma al acuerdo salarial ya suscrito, que supone un aumento del sueldo para este año del 2,5%, y que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-24. Además, se subraya que la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado.
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