Universidades y empresas amenazan con menos prácticas cuando deban pagar el transporte a sus becarios

"Por fin tenemos un acuerdo con los sindicatos para ya no tener falsos becarios o becarias y tener el Estatuto que se merece nuestro país”, hizo público este pasado sábado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. La también ministra de Trabajo aprovechó su comparecencia convocada para valorar el acuerdo electoral de Sumar y se anotó otro pacto con los agentes sociales para su currículo: el nuevo Estatuto del Becario. 

La norma acumulaba más de un año de retraso, ya que Trabajo ha ido dando cuerda y margen a la patronal para intentar atraerla a un acuerdo. No obstante, Trabajo decidió cerrarla de golpe, sin nuevas reuniones de por medio y solo con los sindicatos, un día antes de la presentación pública de Sumar.

A falta de ver si dicha norma reúne los apoyos parlamentarios suficientes para ser validada antes de las elecciones generales del 23 de julio, rectores universitarios, empresarios y grupos de presión han salido en tromba a criticar el nuevo estatuto. Auguran una “disminución dramática” de la oferta de prácticas disponibles para los alumnos, ante la obligación de empresas y universidades de costear el transporte y el material a sus becarios. 

Y es que una de las principales novedades del Estatuto del Becario será la obligación para toda empresa o institución que acoja a un estudiante para hacer prácticas de pagarle a este su transporte y material. O, en su defecto, darle una remuneración mínima que cubra dichos gastos. La filosofía de la norma es que las prácticas no le impliquen al becario un coste adicional. Y para aquellas entidades que no cumplan con dicha obligación, la ley contempla sanciones de hasta 7.500 euros.

A partir de ahora serán las empresas y las universidades (uno de los principales focos de prácticas curriculares y extracurriculares en España) quienes deberán asumir el coste de los desplazamientos, material y alojamiento -en caso de estadías en el extranjero o fuera del domicilio habitual-. Lo que se suma a la obligación que entrará en vigor a partir del próximo curso de pagar a la Seguridad Social una cotización mínima por todos los estudiantes en prácticas. Algo que no ha sentado nada bien entre los paganos de estas novedades.

El Ministerio de Trabajo pretende poner coto al abuso -reiteradamente denunciado por organizaciones juveniles- que algunas empresas e instituciones realizan de la figura del estudiante en práctica, asociado en ocasiones a 'mano de obra barata'. Según los últimos datos de Inspección de Trabajo, la 'policía laboral' detecta cada año alrededor de 1.000 falsos becarios que están realizando faena propia de un trabajador (sin su salario ni su protección social).

"Amenaza inmediata"

"Constituye una amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español". Así ha definido la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE), en un comunicado, el último borrador del Estatuto del Becario, todavía pendiente de ser validado en Consejo de Ministros. En su opinión, la obligación para ellos mismos y para las empresas de tener que costear el transporte -donde ponen el énfasis- implicará "de manera inmediata" una "disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas". 

Además, los dirigentes de los centros universitarios tachan de intrusos a Trabajo y los sindicatos por tratar de regular algo que, en su opinión, es un "asunto estrictamente académico".

Los empresarios tampoco ven con buenos ojos la normativa y tildan su aprobación en el tiempo de descuento de la legislatura de electoralismo por parte de Yolanda Díaz. "Limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre entre la formación teórica y el mundo del trabajo", apuntan fuentes de la patronal CEOE.

Más catastrofista se ha mostrado el lobi Red de Fundaciones Universidad-Empresa. "Más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional podrían quedarse sin prácticas y no podrían acabar su formación si entra en vigor el Estatuto del Becario", afirma esta entidad, vinculada a 43 universidades y 15.000 compañías, en un comunicado. Según sus cálculos, quien mayor coste asumirá con la nueva normativa será la propia Administración, ya que el 65% de las prácticas se efectúan en el seno de la misma.