En octubre

Los estudiantes en prácticas empezarán a cotizar a partir del próximo curso

La reforma de las pensiones incluye la obligación de empresas o universidades de pagar cuotas a la Seguridad Social por los becarios, cobren o no

Laboratorio

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Sara Ledo
Gabriel Ubieto
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Los estudiantes en prácticas, perciban o no una remuneración por ellas, deberán empezar a cotizar a la Seguridad Social a partir del mes de octubre. Así lo contempla la nueva reforma de las pensiones, que da cumplimiento a un compromiso del Gobierno que acumula años de retraso. Empresas o universidades, dependiendo de quién sea el ‘empleador’ de dichos becarios, serán los encargados de aportar tales contribuciones, que contarán con una bonificación de hasta el 95% a cargo de las arcas públicas. La medida afectará a centenares de miles de estudiantes en toda España, que cada año cursan prácticas curriculares o extracurriculares.

La entrada en vigor de las nuevas cotizaciones será independiente de las negociaciones que todavía mantiene el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para el nuevo Estatuto del Becario, que, entre otros, limitará el número máximo de prácticas extracurriculares que podrá hacer un estudiante a lo largo del año y obligará a las compañías a costear los gastos de transporte de los estudiantes. Para esta materia, que también acumula varios meses de retraso, están citados patronal y sindicatos esta próxima semana para tratar de cerrar esta carpeta y trasladarla al Congreso.

Alumnos de grados universitarios, másteres y estudios de formación profesional (FP) se estrenarán en el sistema de Seguridad Social antes de tener su primera experiencia laboral -aquellos que no la tuvieran de antes- a partir del curso 2023-2024. Hasta ahora únicamente cotizaban aquellos becarios que percibían una remuneración por sus prácticas y ahora el Gobierno incluirá también a aquellos que acumulaban experiencia, pero no cobraban por ello.  

La cotización exigida a los estudiantes será mínima y no incluirá aportaciones para futuras prestaciones por desempleo. Y es que el Gobierno pretende no equiparar a los becarios al régimen de asalariados, bajo el argumento de que el uso de esta figura debiere limitarse al ámbito formativo y no ser sustitutivo de trabajadores. Es por ello que las aportaciones de empresas o universidades deberán limitarse a los fondos de garantía salarial y formación profesional. Y en el caso de las prácticas remuneradas, también por incapacidad temporal. Quedarán excluidas las aportaciones conocidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que desde este año grava a todos los asalariados. 

Para salvar las resistencias presentadas a lo largo del proceso negociador de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y del Ministerio de Universidades, la Seguridad Social ha habilitado bonificaciones de hasta el 95% en las cuotas.

Las compañías deberán de dar de alta a los estudiantes en el momento que empiecen sus prácticas, mantenerlos durante todo el periodo temporal que duren las mismas, para luego darles de baja una vez concluyan. No obstante, el pago de las cotizaciones no tendrá carácter mensual, como es habitual entre los trabajadores, sino trimestral. Es decir, acumularán las obligaciones de cotización y las abonarán a la Seguridad Social en abril, julio, octubre o enero

Reforma con retrasos

Que todos los estudiantes cotizaran por sus prácticas era un compromiso del Gobierno desde hace años. Este se remonta al primer mandato de Pedro Sánchez, antes de la coalición con Unidas Podemos, cuando la ministra de Trabajo Magdalena Valerio puso sobre la mesa el reglamento para generalizar las cotizaciones. Entonces desde Trabajo se estimó que alrededor de medio millón de estudiantes en toda España se verían afectados y que las empresas deberían pagar una media de 51 euros al mes por becario.

No obstante, el despliegue reglamentario de dicha cotización se suspendió y no se recuperó hasta el primer acuerdo en pensiones alcanzado esta legislatura por el ministro José Luis Escrivá y los agentes sociales, en junio del 2021. Entonces el Gobierno se comprometió a aplicar dicha cotización en un plazo de tres meses, algo que finalmente no cumplió y fue postergando, hasta este nuevo bloque de reformas. Ahora el nuevo compromiso es de tener a todos los estudiantes cotizando a partir del próximo curso, en octubre del 2023.  

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