Foment reclama que médicos privados puedan dar de alta a trabajadores accidentados

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado que los médicos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social puedan dar de alta a trabajadores accidentados que estén de baja en aquellos casos derivados de patologías traumatológicas. Así lo ha planteado al Gobierno este lunes durante su intervención en la asamblea general de la entidad empresarial, con el fin de reducir el absentismo laboral.

Actualmente la competencia de dar o prorrogar una baja médica es exclusiva de los médicos del sistema público y las mutuas contratadas por las empresas no pueden decidir sobre esta cuestión. Recientemente la Seguridad Social ha cambiado el protocolo en relación a los partes por incapacidad temporal. Hasta ahora los trabajadores estaban obligados a remitir en un plazo de tres días la documentación de su baja a la empresa y desde el 1 de abril pasa a encargarse de ello la Seguridad Social.

Sánchez Llibre también ha calificado de "propio de países dictatoriales y no democráticos" el observatorio que pretende crear el Gobierno para vigilar los beneficios y márgenes empresariales. El líder patronal ha cargado contra el Ejecutivo y su "excesivo intervencionismo", plasmado, según su parecer, en la nueva ley de vivienda, pactada con ERC y EH Bildu. 

En un momento en el que los sindicatos acusan a las grandes corporaciones de estar aprovechando la crisis inflacionista para hacer más dinero y en detrimento de los salarios, el líder empresarial ha cargado contra la idea de crear un organismo público que fiscalice si las compañías están o no ampliando sus cuentas de beneficios. "[Es] un instrumento propio de países dictatoriales y no democráticos teniendo en cuenta que ya tenemos en España la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para velar por la preservación de la competencia y penalizar a quienes incurren en practicas abusivas en los mercados", ha declarado.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció la semana pasada durante su comparecencia desde Washington (EEUU) la creación de un organismo para radiografiar y recabar información sobre la evolución de los márgenes empresariales en España, con la intención de asegurar una "adecuada" distribución de las rentas. La idea surge de una propuesta del sindicato CCOO, que el Gobierno ha decidido hacer suya.

Organismos como el Banco de España ya han alertado en recientes análisis de coyuntura que parte del tejido empresarial han ido mejorando sus cuentas de resultados durante los últimos meses. Más de la mitad, concretamente el 55,3%, han visto aumentar sus márgenes. Y, en términos globales, los beneficios de las grandes corporaciones prácticamente se han duplicado (+91,3%), según constata la última encuesta de central de balances que trimestralmente actualiza el supervisor bancario.  

Una situación que no se circunscribe únicamente a España, según también ha apuntado el Banco Central Europeo. "Los incrementos de márgenes de beneficios podrían estar contribuyendo a una persistente inflación", afirmó el miembro del Comité Ejecutivo del BCE Fabio Panetta, en una reciente entrevista en 'The New York Times'. 

Desde Foment consideran que la creación de un observatorio público sobre esta cuestión contribuye a estigmatizar la figura del empresario. "El debate político tiende a descalificar el beneficio de las empresas. Sin beneficios que quede claro que no hay empresa viable", ha declarado Sánchez Llibre durante la asamblea.

El líder de la histórica patronal catalana ya cargó contra el Ejecutivo este pasado verano, tras ser reelegido para presidir cuatro años más sin candidatura alternativa, por sus impuestos temporales sobre parte de los beneficios de la banca y las energéticas. Por ello acusó al Gobierno de "populista suramericano" e impulsó un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Contra la nueva ley de vivienda

Sánchez Llibre también ha cargado contra la nueva ley de vivienda que anunció la pasada semana el Gobierno. La misma limitará durante el 2024 la subida del alquiler al 3% y posteriormente fijará un índice para topar anualmente el aumento. La norma también incluirá la obligación para los grandes tenedores, sean personas físicas o jurídicas, de rebajar el precio de los alquileres en aquellas zonas tensionadas.

Desde la patronal catalana consideran que esta nueva regulación reducirá la oferta de construcción de vivienda de alquiler, ya que los constructores se pasarán a la vivienda de compra. Y, en consecuencia, critican que las dificultades para acceder a una vivienda aumentarán para el consumidor. "La intervención drástica del mercado de alquiler puede producir el efecto contrario del que persigue la ley", ha declarado Sánchez Llibre.