Diálogo social: los acuerdos y desacuerdos entre Gobierno, patronal y sindicatos
Por Gabriel Ubieto
El Gobierno ha cerrado con la reciente reforma de las pensiones su calendario legislativo en materia laboral para este mandato. La coalición ha llevado al BOE importantes novedades, como la reforma laboral, la ley de teletrabajo o las recientes subidas del salario mínimo interprofesional. Algunas con acuerdo tripartito, otras únicamente con el apoyo de los sindicatos.
El idilio que PSOE y Unidas Podemos han mantenido con las centrales contrasta con la posición de la patronal, que ha aplicado una estrategia pragmática en sus relaciones con el Ejecutivo. Allí donde ha podido minimizar daños y condicionar los compromisos electorales de la coalición, como con la reforma laboral, ha acabado entrando a pactar. Mientras que en aquellos ámbitos donde la subida de costes para las compañías estaba asegurada, se ha desmarcado.
Esta es una radiografía de los principales encuentros y desencuentros del diálogo social tras cuatro años de legislatura.
La reforma laboral
Tan importante como inesperado, el acuerdo a tres bandas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para la reforma laboral es uno de los más importantes de la legislatura. Tras un año de vigencia, las limitaciones a la contratación temporal han revolucionado las estadísticas y España, por primera vez en décadas, está acercándose a estándares europeos. La CEOE estuvo fuera del acuerdo en más de una ocasión y acabó entrando no sin diferencias internas.
Que la reforma laboral no recuperara las condiciones de despido -más ventajosas para los empleados- previas a la reforma del PP fue determinante para el 'sí' de los empresarios. Los sindicatos aceptaron moderar sus posiciones y avalaron la norma, que les devolvía poderes en la negociación colectiva que habían perdido con Mariano Rajoy. Pocos días antes de la Navidad del 2021 y tras más de un año de negociaciones se alumbró el pacto, si bien la patronal declinó 'celebrarlo' con una foto de familia.
La reforma de las pensiones
Junto a la reforma laboral, la ultima ronda de la de pensiones, aprobada el pasado mes de marzo, es la otra gran novedad legislativa que dejará el Gobierno esta legislatura. Y, a diferencia de la primera ronda, los empresarios no la han acabado avalando. La arquitectura diseñada por el ministro José Luis Escrivá para pagar las futuras pensiones de los 'baby boomers' se sustenta en un mayor incremento de los costes laborales de las empresas, que deberán pagar más cotizaciones, especialmente si tienen trabajadores con altos salarios.
Aquí la pinza entre los sindicatos y los partidos a la izquierda del PSOE obligó a Escrivá a modular su reforma y hacerla más garantista para los pensionistas y menos para las empresas de lo que inicialmente pretendía el ministro. La reforma de las pensiones está pensada para desplegarse paulatinamente hasta 2050 y no faltan empresarios que esperan un cambio de ciclo político para que el próximo Gobierno la derogue.
Primer pacto sobre pensiones
Si bien la CEOE no avaló el último bloque de la reforma de las pensiones, sí estuvo en la firma del primer acuerdo sobre esta materia. En los jardines de Moncloa, Pedro Sánchez firmó junto a patronal y sindicatos derogar gran parte de la herencia del PP e instaurar un nuevo mecanismo, según el cual cada año las prestaciones subirán conforme al IPC. Ello ha provocado que este año, tras los precios disparados en 2022, las pensiones hayan subido un 8,5%.
El primer bloque de la 'reforma Escrivá' introdujo un sistema de incentivos y penalizaciones para que los trabajadores alargaran su vida laboral y tardaran más en jubilarse. Es algo que gustó entre los empresarios y que los sindicatos transaron a cambio de esa subida automática cada año de las pensiones según el IPC. El problema vino cuando el Gobierno quiso negociar fórmulas para pagar el aumento de gasto que esa última medida implica. Y ahí la patronal no quiso entrar.
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)
El 'no' de la CEOE a la última parte de la reforma de las pensiones no sorprendió a nadie, ya que venía precedido por otro 'no' de reveladoras intenciones. Escrivá decidió ir negociando por capas su reforma y dejó para el final las cuestiones que implicaban una mayor contribución para las arcas de los empresarios. Una de estas fue la aprobación de lo que el Gobierno bautizó como el 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional'.
Esta fórmula consistía en aumentar las cotizaciones que cada mes pagan empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, para así llenar la hucha de las pensiones. Inicialmente los sindicatos acordaron con el Gobierno subir esa contribución en 0,6 puntos (0,5 a cargo de las empresas) y durante 10 años. "No se ha subido más porque no hace falta", defendió entonces Escrivá. Un año después ha vuelto a pactar con los sindicatos subir dicha contribución el doble y hasta el 2050. Los empresarios no avalaron ni la primera ni la segunda medida.
Subida del salario mínimo en 2020
Si bien en el tramo final de la legislatura los desencuentros entre el Gobierno y la patronal han sido recurrentes, no fue así justo cuando el PSOE y Unidas Podemos estrenaron gobierno de coalición. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sorprendió a los pocos meses de asumir el cargo con un primer acuerdo con sindicatos y empresarios, cuando determinadas voces la caracterizaban como un elemento peligroso para los segundos, dada su militancia en el PCE.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pactó junto a CCOO y UGT subir el salario mínimo de 900 a 950 euros. Este incremento benefició a más de un millón de trabajadores en toda España e inició una senda de subidas a lo largo de la legislatura, de la que posteriormente los empresarios se han desmarcado.
Subida del salario mínimo en 2021
Si la subida del SMI en 2020 fue rápida y consensuada, la de un año después fue justo lo contrario. La irrupción del covid y la división dentro del Gobierno de coalición no ayudaron. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cerró filas junto a la patronal y vetó cualquier incremento no consensuado, argumentando la grave afectación sobre las empresas que las restricciones sanitarias estaban provocando.
Por el contrario, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trató de desencallar junto a los sindicatos dicha subida. No fue hasta septiembre de 2021 -cuando lo habitual hubiera sido dejar la subida aprobada en diciembre del 2020- cuando el Gobierno acabó consensuando internamente subir el SMI de 950 a 965 euros. Los empresarios fueron coherentes con su primera postura y rechazaron avalar dicho incremento. Los sindicatos se lo pensaron dos veces, dado lo escaso y tardío del incremento, pero finalmente votaron 'sí'.
Subida del salario mínimo en 2022
Las discrepancias entre el Gobierno y la patronal en relación al salario mínimo se han prolongado desde ese primer acuerdo, en 2020. El argumento de la CEOE ha sido que los incrementos planteados por el Ejecutivo eran inasumibles y que podían suponer un freno para la creación del empleo. En términos macroeconómicos y a falta de análisis específicos sobre el impacto del SMI sobre la ocupación, el mercado laboral español ha ido creciendo y actualmente hay 1,3 millones de ocupados más que cuando CEOE avaló subir el SMI en 2020.
Finalmente en 2022 y tras algunas divisiones internas que evocaron un 'déjà vu' del año anterior, el Gobierno y los sindicatos acabaron acordando subir hasta los 1.000 euros el salario mínimo. Las centrales vieron satisfecha así su simbólica ambición de llegar a un SMI de cuatro dígitos.
Subida del salario mínimo en 2023
A menos de un año de las elecciones y en plena escalada de precios, el Gobierno apostó por plantear una subida significativa del SMI este 2023. La patronal no quiso quedarse fuera de la negociación, pese a que sus relaciones con el Ministerio de Trabajo pasaban por horas bajas y declinó asistir a las reuniones. Presentó, en diferido, una propuesta para llegar a los 1.040 euros, lejos de los 1.100 euros que reclamaban los sindicatos.
Finalmente y otra vez con diferencias internas, el Gobierno acabó apostando por subir el salario mínimo un 8%, casi lo mismo que lo que subieron las pensiones, hasta los 1.080 euros. La norma quedó aprobada en febrero y ello obligó a las empresas a tener que abonar los atrasos pendientes mediante una 'paguilla'. Unos 2,5 millones de asalariados se vieron beneficiados por el incremento, 250.000 de ellos en Catalunya.
Nuevas cuotas para los autónomos
Si bien en pensiones y salario mínimo las desavenencias entre patronal y Gobierno han sido la tónica dominante, en otras cuestiones más allá de la reforma laboral también ha habido acuerdos. El nuevo sistema de cuotas para los trabajadores autónomos ha sido una de ellas. Esta era una reforma pendiente ya desde la pasada legislatura y buscaba corregir una anomalía histórica, según la cual los trabajadores por cuenta propia no cotizaban según lo bien o mal que les fuera su negocio, sino escogiendo su propia cuota.
Introducir un criterio de contributividad en este colectivo de más de tres millones de ocupados era una prioridad del Ejecutivo y patronal y sindicatos acabaron entendiéndose. El diseño de un sistema, que ya está en vigor desde 2023, de aplicación progresiva y no muy exigente para los autónomos con altos ingresos fue una de las claves que permitieron a la CEOE avalar la reforma.
Los ertes y sus prórrogas
Los desencuentros del final de la legislatura entre el Gobierno y la patronal contrastan con el idilio que vivió el diálogo social al inicio de la misma. Un idilio forzado por la urgencia de la pandemia, durante la cual se llegaron a pactar hasta nueve prórrogas de los ertes. Este escudo social financiado con casi 40.000 millones de euros del erario público se alargó desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022.
Un mecanismo de uso sin precedentes y que llegó a socializar los salarios de hasta 3,4 millones de trabajadores en toda España. Las empresas, a cambio de no despedir, se ahorraron, además de los salarios, gran parte de las cotizaciones sociales. En toda y cada una de las prórrogas, pese a momentos de tensión puntuales, la CEOE y los sindicatos acabaron avalando los planteamientos del Gobierno.
Teletrabajo
La pandemia obligó a todo el mundo a confinarse en su domicilio y a salir para lo estrictamente indispensable. El teletrabajo emergió entonces como una opción para muchas empresas para continuar su actividad sin poner en riesgo la salud de sus empleados. El problema es que hasta entonces en España apenas un grupo muy reducido de trabajadores sabía lo que era ejercer en remoto y esta práctica apenas estaba regulada.
Para ponerle solución, el Ministerio de Trabajo negoció con patronal y sindicatos una nueva ley de teletrabajo, que obligaba a las empresas y los trabajadores que quisieran ejercer desde sus casas a negociar las condiciones. Bajo la premisa de que el teletrabajo no podía costarle un dinero extra al trabajador. Como la ley establece que para teletrabajar es preciso el consenso de empresa y trabajador, la patronal acabó apoyando la norma. Ya que aquellas compañías que no quisieran que sus empleados teletrabajarán, simplemente podían vetarlo.
Ley Rider
Otra de las normas estrella en materia laboral de esta legislatura es la conocida como 'ley Rider'. Esta norma viene a dar rango de ley a la jurisprudencia que los diferentes tribunales han ido emitiendo en relación a los repartidores de plataformas digitales, que operan para empresas como Glovo o Uber. La 'ley Rider' establece una presunción de laboralidad sobre los repartidores, con la voluntad de obligar a las compañías a que los contraten como asalariados y no como autónomos, tal como venían ejerciendo.
Tras meses de negociación, finalmente la CEOE y los sindicatos dieron su visto bueno. Entró en vigor el 12 de agosto del 2021 y desde entonces no ha logrado poner orden en un sector en el que las grandes compañías siguen operando con macro flotas de repartidores autónomos, que tienen que costearse de su bolsillo el vehículo, la Seguridad Social y las bajas y vacaciones, entre otros.
Igualdad
El primer choque que tuvo el Gobierno con la patronal fue por las normativas de igualdad. Estas obligan a todas las compañías de más de 50 empleados a tener un plan de igualdad, donde midan su brecha salarial o tengan un protocolo contra el acoso sexual, entre otros. Dicho plan debe estar negociado entre dirección y sindicatos, para así poder ser registrado. Y ahí radica uno de los motivos que explican el rechazo de CEOE de apoyar la norma y el incumplimiento masivo por parte de las empresas.
En un país mayoritariamente poblado por pymes, una gran proporción de compañías carecen de presencia sindical o comité de empresa legalmente constituido. Y en estos casos, CCOO y UGT deben enviar una delegación para negociar en su nombre. Esto fue visto por la CEOE como una intromisión y una manera de abrirles las puertas a los sindicatos, hasta el punto de que llevaron, sin éxito, dicha norma ante el Tribunal Supremo.
Idilio con los sindicatos, 'una de cal y otra de arena' con la patronal
El Gobierno ha hecho del diálogo social una enseña durante esta legislatura que se acerca a su final. Con o sin acuerdo, las grandes normas que ha ido aprobando las ha ido negociando con patronal y sindicatos. Con los segundos ha mantenido un idilio incuestionable y han dado su 'sí' a todas y cada una de las leyes que les han planteado desde el Ejecutivo.
Con la patronal la relación ha sido más ambivalente. El acuerdo con la misma se ha producido cuando las medidas no comportaban un coste directo para las empresas o los recursos provenían desde el Estado. Por contra y especialmente a medida que se acercaban las elecciones, aquellas novedades que han obligado a las empresas a pagar más en su gran mayoría han provocado que la CEOE se descolgara de las negociaciones.
Textos:
Gabriel Ubieto
Infografías:
Ramon Curto y Ricard Gràcia
Coordinación:
Rafa Julve
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