Yolanda Díaz llevará a Glovo ante la Fiscalía por su desafío a la 'ley Rider'

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado que recurrirá a la Fiscalía general del Estado y le pedirá que investigue si Glovo está incurriendo en un presunto delito penal al desafiar a la 'ley Rider'. Así lo ha avanzado este lunes durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, escalando su presión sobre la empresa de reparto a domicilio fundada en Barcelona y que acumula ya multimillonarias multas por emplear como falsos autónomos a sus repartidores. Fuentes consultadas de Glovo explican que están analizando internamente el anuncio de la vicepresidenta y han declinado por el momento realizar declaraciones.

Díaz invoca así el artículo 311 del código penal, cuyos posibles delitos son castigados con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses. "Vamos a instar a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe invasión de la esfera penal, si se están vulnerado los derechos de los trabajadores. [...] La 'ley Rider' se va a cumplir y las empresas rebeldes se van a acometer al estado social y de derecho", ha afirmado la también ministra de Trabajo. Díaz no ha precisado si también llevará a Uber Eats -que también opera con autónomos- ante la fiscalía, dejando así la puerta abierta a poder incluirla o no en dicha investigación dependiendo a futuras actas de la Inspección.

Hasta ahora la Inspección de Trabajo ha ido examinando el operativo de Glovo en las distintas ciudades en las que opera y todos sus fallos han dictaminado -en la misma línea falló el Tribunal Supremo- que su modelo laboral es fraudulento. Por ello hasta ahora acumula más de 151 millones de euros en sanciones, que pueden llegar a superar los 200 millones antes de acabar el año si las actuaciones de la 'policía laboral' en la ciudad de Madrid culminan antes del fin del ejercicio. No obstante, la firma fundada por Óscar Pierre y Sacha Michaud ha ido realizando pequeños cambios en su operativa a medida que van reluciendo nuevas actas de la 'policía laboral' y tras cada acta alega que su actual modelo es diferente y que cumple con la legalidad.

Esa persistencia en negarse a laboralizar como asalariados a su flota de repartidores es vista desde el Ministerio de Trabajo como un desafío frontal a la ley de trabajo en plataformas aprobada en el 2021. Cuyo redactado, de apenas un folio de redactado normativo, establece explícitamente que todo repartidor de plataformas digitales deberá ser asalariado a menos que la empresa contratante demuestre lo contrario.

Díaz considera que en esa persistencia Glovo podría estar incurriendo en un delito contemplado en el artículo 311, punto uno del código penal. Según el mismo, conllevarán responsabilidades penales aquellos actos que "mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".

Un problema de tiempo

Una de las críticas que desde las asociaciones de repartidores vertieron en su día sobre la 'ley Rider' es que no resolvía de manera inmediata la situación legal de los 'riders'. Pues entre el momento en el que Inspección de Trabajo inicia sus actuaciones y las finaliza pueden pasar un año o más. También porque el atasco de los tribunales de lo social -que de media tardan más de un año y medio en resolver casos- provoca que los 'riders' se queden en un limbo legal entre que denuncian y los tribunales les resuelven. Ese tiempo de demora es aprovechado por Glovo para mantenerlos como autónomos, pese al coste monetario vía sanciones que ello le pueda suponer.

Ahora, además esas nuevas multas que las nuevas actuaciones de Inspección puedan sumar, Díaz aprieta el acelerador y lleva el caso ante la fiscalía. Su idea es que las posibles responsabilidades penales que pueda o no detectar Fiscalía logren lo que las multas no han conseguido: que Glovo deje de operar con autónomos y contrate (o subcontrate) a toda su flota. Y que su ejemplo no provoque un desacato generalizado en el sector, como ya está ocurriendo. Y es que Uber Eats, si bien inicialmente optó por cumplir con la 'ley Rider', deje de operar con autónomos como ha vuelto a hacer desde este septiembre.