Hacia la racionalización del tiempo

El Govern delega ahora la implantación de la reforma horaria en los municipios

La Conselleria de Igualtat impulsa un programa de pactos del tiempo municipales para implementar los cambios desde la base

El Gobierno trabaja a contrarreloj para incluir la Ley de Usos del Tiempo en el plan normativo de 2023, antes de agotar la legislatura

El Govern delega ahora la implantación de la reforma horaria en los municipios

ELISENDA PONS

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Montse Baraza
Montse Baraza

Periodista

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La ley de usos horarios, liderada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, era una de las promesas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, pero, vistos los tiempos y los retrasos que ya ha sufrido, los agentes sociales ven improbable, dada la complejidad de la reforma, la necesidad de consensos políticos y sociales y lo apretado de los plazos, que el proyecto salga adelante durante esta legislatura, que acaba en noviembre de 2023. Sin embargo, fuentes de Trabajo consultadas por EL PERIÓDICO confían en que la ley entre en el marco normativo del año que viene, aunque no tienen una previsión de fecha exacta.

En Catalunya, donde los planes de reforma horaria arrancaron en 2014, el Govern, tiene más margen con su pacto nacional por la reforma horaria: en un principio se fijó la fecha de 2025 para impulsar cambios, con el hándicap de que algunas cuestiones, como la regulación del mercado laboral, están fuera de sus competencias y dependen de legislación estatal.

El proyecto empezó dependiendo de Presidència, con una Oficina de la Reforma Horaria, con una estructura de transversalidad entre los diferentes departamentos del Govern. Esa oficina ya no existe y el proyecto ha pasado a depender de una nueva Dirección General de Cuidados, Organización del Tiempo y Equidad en los Trabajos dentro de la Conselleria de Feminismes i Igualtat. Se le ha querido dar al proyecto una "mirada de género, imprescindible para hacer políticas públicas", defiende la directora general, Núria Vergés.

La 'conselleria' que lidera Tània Verge está decidida, tras el parón forzado por la pandemia, a seguir avanzando en el proyecto de reforma horaria. Y ha fiado a los ayuntamientos la ejecución de las medidas y los avances en este sentido, según explica Vergés a EL PERIÓDICO. "En el ámbito de proximidad, los ayuntamientos pueden hacer mucho, son esenciales. Y la Generalitat les acompañará".

Cambios desde la base

En este sentido, el Govern ha iniciado este septiembre el despliegue de un plan para impulsar pactos municipales del tiempo. "Se están haciendo talleres con responsables municipales para ver cómo avanzar en los cambios desde lo próximo e incluso crear redes de colaboración entre municipios". El trabajo es incipiente. De los siete municipios que habían firmado pactos del tiempo se ha pasado a 14. "Hemos doblado en la legislatura y esto irá a más. Hay que implicar a todos los municipios desde la base, contando con todos los agentes. Es la manera", subraya la directora general. Cita el ejemplo pionero de Prats de Lluçanès --que se ha quedado, por ahora, a medio camino-- o el de Argentona. Barcelona, Girona, Lleida o Esplugues son otras ciudades que han firmado pactos del tiempo. De hecho, Barcelona será el próximo 24 de octubre capital de la Time Use Week (Semana de los usos del tiempo), un encuentro anual internacional que busca promover buenas prácticas.

Además, la 'conselleria' ha abierto una línea de subvenciones dirigidas a municipios, entidades y empresas para actividades encaminadas a avanzar en el "derecho al tiempo", ya sea con campañas de sensibilización, de formación o para pruebas piloto.

Empresa y sindicatos no ven avances

Josep Ginesta, secretario general de Pimec, ve un "error" confiar los cambios en los municipios. "La experiencia nos dice que los ayuntamientos por sí mismos no tienen la capacidad de generar tales inercias. Quizás en ciudades grandes como Barcelona, sí. Pero en municipios más pequeños, hay poca capacidad para gestionar tales cambios", opina Ginesta. A su juicio, "hacen falta acuerdos estructurales de país para luego aplicar esos cambios", que afectan, enumera, a la empresa, al comercio, a las escuelas, al transporte o al 'prime time' .

Echa de menos el portavoz de la pequeña y mediana empresa catalana un plan integral para avanzar en la reforma horaria. "Como Pimec no tenemos constancia de avances en el Plan Vivir Mejor", apunta en alusión al documento que el Govern aprobó en 2020. "Si el Departament tiene una propuesta, la tendría que explicar", añade.

En línea con Ginesta, Cristina Torre, de CCOO, también opina que "desde el cambio de Govern, el pacto por la reforma horaria no ha tenido mucho seguimiento. Está bastante parado", remacha. A su juicio, la supresión de la Oficina de la Reforma Horaria ha hecho "perder impulso" al proyecto. Para Eva Gajardo, de UGT, se avanza "muy lentamente" porque "son muchos los cambios y a muchos niveles".

Revisión del Plan Vivir Mejor

Sobre este plan, el Ejecutivo catalán prevé presentar a finales de año un informe que incluirá los estudios que se han hecho en este tiempo y propuestas para reactivar el asunto. "Reevaluaremos el plan y repriorizaremos teniendo en cuento las nuevas necesidades", subraya Vergés. A partir de ese momento, la idea de la 'conselleria' es impulsar de nuevo ese trabajo conjunto con los agentes sociales.

Ginesta no ve factible que ese objetivo se pueda hacer realidad en 2025. "No veo voluntad política", afirma. Explica que a nivel de convenios, ya hay empresas apostando por la flexibilidad horaria. "Pero no hay un plan ambicioso, genérico, que haga recomendaciones generales a nivel de negociación colectiva". La Pimec está dispuesta, dice Ginesta, a avanzar en la reforma horaria, pero advierte de que al mismo tiempo "se debe afrontar el debate de la productividad". "No se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor para seguir siendo productivos y a la vez lograr un mejor equilibrio personal".

Desde la plataforma ciudadana Barcelona Time Use Iniciative, su coordinadora Marta Junqué, confían en la labor del Departament. "La Generalitat ha hecho estudios previos y el trabajo de fondo. Ahora hace falta voluntad política. El contexto tras la pandemia no es el mismo, y hace falta incorporar elementos como los cuidados, la digitalización, el cambio climático o las ciudades de 15 minutos", señala. Esta entidad, que pone sobre la mesa el concepto de "derecho al tiempo", está a la espera que el Idescat elabore y dé a conocer la Encuesta de Usos del Tiempo para saber exactamente qué gestión del tiempo hacen los catalanes, datos que permitirán tener elementos objetivos de análisis.

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En positivo, Junqué valora gestos como el avance del inicio del curso escolar, el servicio municipal de cuidados que han impulsado ciudades como Barcelona, el decreto de teletrabajo del Govern o las iniciativas puntuales de empresas. En cambio, no se ha avanzado, por ejemplo, en cuanto a horarios comerciales. "Lo destacable es que según el Observatori del Consum, un 75% de catalanes está a favor de unos horarios racionales en el comercio". "Hay que ser valientes y encontrar un nuevo marco. La pandemia nos enseñó que otros horarios son posibles", añade, antes de reclamar al Govern que vuelva a reunir a todos los agentes implicados. "Nos tenemos que volver a reunir y trabajar juntos", pide.

Vergés admite que el reto de la reforma es grande, y considera que aunque la pandemia frenó los planes, también ha generado "oportunidades". "La gente se ha dado cuenta de la importancia de la salud y del tiempo", subraya.