Sistema fiscal

Catalunya, a la caza de cambios ficticios de domicilio por los impuestos

La Agència Tributària de Catalunya lleva varios años incorporando a sus planes de inspección las deslocalizaciones simuladas hacia Madrid o el extranjero

La ATC abre nuevos canales de comunicación para la ciudadanía

La ATC abre nuevos canales de comunicación para la ciudadanía / ATC

Agustí Sala

Agustí Sala

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Quienes querían simular su marcha de Catalunya a Madrid para eludir el impuesto del patrimonio ya lo hicieron, aseguran desde ámbitos empresariales. Desde 2011, este gravamen dejó de exigirse en la comunidad que alberga la capital de España, después de que entre el 2008 y 2010 lo suprimiera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego se fue prorrogando en los presupuestos del Estado, hasta quedar como permanente en los de 2020. Hasta ahora Madrid ha sido un polo de atracción de fortunas, como ya antes había sucedido con los gravámenes sobre las herencias y las donaciones.

A la vista de estos movimientos, la Agència Tributària de Catalunya (ATC) incorporó la búsqueda de cambios ficticios de residencia en sus planes de inspección. Y sigue habiendo casos. Solo en los ejercicios de 2019, 2020 y 2021 la ATC practicó 62 liquidaciones por mudanzas simuladas a Madrid por un importe de unos seis millones de euros. Estos falsos cambios de residencia detectados por los actuarios de la ATC fueron 16 en 2019, ascendieron hasta 26 en 2020 y el año pasado se redujeron hasta 20 y las cantidades afloradas fueron 2,08 millones, 3,14 millones y 1,2 millones, respectivamente.

Las sumas más suculentas para las arcas catalanas han procedido en estos tres ejercicios de 60 liquidaciones por un total de unos 67 millones por cambios de residencia ficticios en el extranjero. Las fugas detectadas suponen un baja proporción de los declarantes del impuesto de patrimonio, que en Catalunya superan los 80.000. Más significativo es el importe que se aflora sobre una recaudación que el año pasado superó los 540 millones y que este ejercicio se prevé que supere los 600 millones, especialmente con las 'fugas' al extranjero.

En Catalunya, la tendencia en las deslocalizaciones ficticias a Madrid se ha reducido el año pasado tanto en número, un 23%, como en importe, un 61,74 %, respectivamente. Por contra, las dirigidas al extranjero siguieron una tendencia creciente durante 2021, con un incremento del 92,31 % en número y del 141,07 % en importe.

La suma de las actuaciones de la ATC por los traslados ficticios a la capital de España y al extranjero aporta una buena cantidad. En todo caso, las 'fugas' hacia Madrid fueron más importantes años atrás. Solo en 2015 se produjeron un total de 63 detectadas por la hacienda catalana, según explicó el que entonces era su responsable, Lluís Salvadó. 

Y es que un informe del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB, vinculado a la Generalitat Valenciana) estimó en 2020 que Madrid había ganado 103.035 contribuyentes procedentes de otras comunidades entre 2009-2018, coincidiendo con el periodo de más rebajas fiscales en la comunidad madrileña

La estrategia de guerra fiscal iniciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al anunciar que aplicará una bonificación del 100% en el impuesto del patrimonio, que se suma a la medida que Madrid aplica hace más de una década, ha desatado de nuevo una fuerte polémica. Especialmente ha sido la forma de plantearlo, con un llamamiento a los empresarios catalanes para que se deslocalicen, destaca la patronal catalana Foment, que comparte la idea de suprimir el impuesto pero no la manera de anunciarlo, como una pugna territorial.

Otras comunidades gobernadas por el PP, se han sumado a esta estela. Por ejemplo, Galicia, que aplicaba una reducción del 25% en el impuesto del patrimonio, ha anunciado que la elevará al 50%.

Por su parte, el Gobierno ha respondido con la intención de poner en marcha en enero un impuesto sobre las grandes fortunas, que Unidas Podemos pidió hace unos meses y crecen las críticas socialistas a los populares y la petición de penalizar lo que consideran 'dumping' fiscal.

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