Montero: "El nuevo impuesto sobre grandes fortunas será temporal"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el nuevo gravamen sobre grandes fortunas sobre el que está trabajando el Gobierno tendrá carácter temporal. "Igual que ha ocurrido con el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo", ha aclarado la ministra en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, tras participar en el debate sobre el techo de gasto presupuestario para 2023. Está previsto que los nuevos impuestos sobre banca y energéticas se liquiden en 2023 y 2024.

Montero también ha afirmado que la obligación de pagar el nuevo gravamen sobre grandes fortunas entrará en vigor el 1 de enero de 2023 aunque no ha aclarado si ya afectará a los datos economicos de 2022, como es el caso de los nuevos impuestos sobre la banca y la energéticas, que se pagarán el año próximo sobre resultados económicos del ejercicio actual. Tampoco ha aclarado si la nueva fórmula tomará como base la propuesta de Unidas Podemos de incorporar una mayor tributación para patrimonios a partir de 10 millones de euros; ni siquiera ha precisado si se tratará de un nuevo tributo (lo cual requeriría una nueva ley) o un ajuste sobre algún impuesto ya vigente (lo cual podría ser incorporado en el proyecto de Presupuestos para 2023): "No todo puede ir en Presupuestos", ha afirmado Montero, después de pedir "dejar trabajar a los técnicos" en una propuesta de gravamen.

Sánchez se plantea ahora la creación del impuesto a las grandes fortunas que pedía Podemos

En todo caso, lo que sí ha querido subrayar la titular de Hacienda es que "lo importante es que el Gobierno esta pidiendo un mayor esfuerzo a los que más tienen para proteger a la clase media de nuestro pais a la clase trabajadora y a la población más vulnerable". En este contexto, Montero ha vuelto a criticar la iniciativa del Gobierno de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto sobre el Patrimonio y de rebajar el 4,3% la tarifa autonómica del IRPF para corregir el impacto de la inflación, una iniciativa a la que también se ha sumado Murcia. "Me parece una enorme irresponsabilidad que comunidades autónomas que están pidiendo permanentemente más dinero al Gobierno de España decidan renunciar a recaudación en el marco de sus competencias", ha dicho.

Techo de gasto

El Congreso ha aprobado este jueves la propuesta del Gobierno de volver a dejar en suspenso en 2023 las reglas de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con el marco dispuesto por la Comisión Europea en el actual contexto de crisis energética por la guerra en Ucrania. La propuesta ha salido adelante con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Más País-Equo, Coalición Canaria, el PRC y Teruel Existe. En contra han votado Vox y Foro Asturias, mientras que han decidido abstenerse el PP, Junts y la CUP.

A partir de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno ha fijado un techo de gasto presupuestario para el Estado en 2023 de 198.221 millones, el 1,1% más que en 2022. Sin incluir los recursos europeos de fondo 'Next Generation' el techo de gasto asciende a 173.065 millones, el 1,9% más que en 2022. También hay una transferencia de 19.888 millones para la Seguridad Social, lo que supone un alza del 8,1% con respecto a este año.

La ministra de Hacienda ha avanzado que cuando se aproxime el final de 2022 el Gobierno decidirá si prorroga algunas de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno desde mediados del año pasado en respuesta a la crisis energética (cuyo importe total ha cifrando en 30.000 millones de euros) o si adopta algunas nuevas. En toda caso, el impacto presupuestario de unas u otras se situará por encima del techo de gasto de 198.221 millones de euros presentado este jueves en el Congreso de los Diputados ya que, según Montero, tendrian un carácter "extraordinario".

La suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad y que estos son sustituidos por tasas de referencia de déficit, con la previsión de que el déficit conjunto de las administraciones públicas se situé en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Desagregada por subsectores, las comunidades autónomas contarán con un mayor margen de gasto respecto al contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, pasando del 0,1% a una tasa de referencia del 0,3%, dos décimas que serán asumidas por la Administración central (su tasa de referencia de déficit público para 2023 pasa del 3,4% al 3,2%). Para las entidades locales esta tasa será un superávit del 0,1% del PIB (una décima por debajo de que se planteó en abril), mientras que para la Seguridad Social la tasa de referencia incluye un déficit del 0,5% del PIB en 2023.