Sánchez se plantea ahora la creación del impuesto a las grandes fortunas que pedía Podemos

Otra bandera política más que comparten ya los dos socios del Gobierno, socialistas y morados. Pedro Sánchez ha dado vía libre para explorar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, con el objetivo de poder mantener el sistema de ayudas en plena crisis energética. Era una reivindicación de Unidas Podemos que fue tumbada por su socio en el Congreso el pasado mes de junio.

"Debemos pedir una mayor aportación a los que más tienen para permitir el transporte público gratis, los 200 euros a las rentas con menos de 14.000 euros, para poder seguir bajando el IVA de la factura de la electricidad, becar a los alumnos…", defendió este miércoles la ministra María Jesús Montero, en los pasillos del Congreso. La responsable de Hacienda recordó que, al igual que el Ejecutivo de coalición ha promovido la creación de nuevos gravámenes a las empresas energéticas y a la banca, ahora está analizando la posibilidad de aumentar la aportación a las arcas públicas de "las grandes fortunas" de España.

El nuevo impuesto es una de las principales peticiones de Unidas Podemos esta legislatura. El PSOE la había rechazado hasta ahora con el argumento de que no se había consensuado en el seno del Ejecutivo, tenía dudosa eficacia para recaudar y la inutilidad final, porque, decían los socialistas, esa mayor presión se podría trasladar a las grandes fortunas a través del impuesto de sociedades.

La proposición de ley de junio

Los morados defendieron en la proposición de ley que presentaron que se aplicara a las fortunas que superen los 10 millones de euros. El texto que presentaron introducía una nueva escala de gravamen con ocho tramos y tipos, desde el 3,6% hasta el 5%. En el caso de que el contribuyente tributara ya a través del impuesto sobre el patrimonio, en ese caso, el aumento de tipos era inferior.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, celebró que el PSOE haya aceptado estudiar este nuevo impuesto y dijo tener "esperanza" de que se anime a aceptar también la propuesta de establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable.

Este anuncio del Gobierno de Sánchez llega en pleno debate sobre la competencia de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y Andalucía con el impuesto de patrimonio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comunicado esta semana que lo bonificará para atraer los contribuyentes más ricos de otras comunidades, y citó en concreto Madrid (donde gobierna su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso) y Catalunya.

Armonización o recentralización

Montero denostó la decisión de Moreno, porque, en su opinión, pone de relieve el modelo que supone el PP, "un partido que defiende a las eléctricas, las petroleras, la banca y las grandes fortunas". El PSOE, en cambio, subrayó, quiere pedir "un esfuerzo a los que más tienen para poder acompañar a las familias medias y trabajadoras en un momento de crisis y de subida de la cesta de la compra". Los 120 millones que hasta ahora recaudaba Andalucía con esas "17.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio" dejarán de ir a "sanidad, educación, dependencia", se quejó.

La ministra considera que hay que encajar el debate sobre la armonización de los impuestos en el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica, algo que el Gobierno ha descartado hacer esta legislatura debido al horizonte electoral que se avecina el año próximo con municipales, autonómicas y generales. La financiación autonómica supone aunar las necesidades de todas las autonomías y, en este asunto, por la diferencia de renta o edad de la población, se establecen alianzas sin tener en cuenta si son del PSOE y el PP.

Montero insistió en que el Ejecutivo defiende la armonización, para evitar la competencia entre comunidades y "evitar la práctica eliminación de figuras fiscales", pero no la recentralización. Este segundo término implica que las autonomías no tengan poder para diseñar su capacidad fiscal, algo que el Gobierno rechaza. La titular de Hacienda es partidaria de marcar un margen a las comunidades autónomas para que no se llegue a suprimir la tributación de los impuestos sobre los cuales tienen competencia.