Vivienda
Así es como los caseros 'esquivan' el tope del 2 % a la subida del alquiler
Los propietarios aprovechan el "pacto entre las partes" permitido dentro de la legislación para superar el límite aprobado el pasado mes de marzo
Un local en alquiler en Barcelona / ELISENDA PONS
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El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó un decreto que establecía un límite del 2 % a las revisiones anuales de contratos de alquiler vinculados al IPC. Desde entonces, los caseros han buscado vías fraudulentas para conseguir 'esquivar' este tope aprovechando los vacíos legales que existen.
La legislación no da lugar a interpretaciones con los grandes tenedores, que son todos aquellos con más de diez viviendas. No obstante, en el resto de casos, sí que pueden existir ambigüedades que den pie a incrementos abusivos en el precio del alquiler.
Pactos sin negociación
Desde la aprobación del límite del 2 % en la subida del alquiler vinculada al IPC en marzo, varios inquilinos españoles han reportado incrementos en sus contratos que superan con creces este tope. Esto se debe a la picaresca de varios caseros, que aprovechan vacíos legales para imponer aumentos de hasta el 10 %.
En el decreto se permite el pacto entre propietario e inquilino, siempre que exista una negociación nítida y verdadera entre ambas partes. Aún así, resulta muy complicado para los inquilinos demostrar que no han cerrado ningún trato con los caseros tras haber dado el visto bueno a este incremento.
Contratos de temporada
Otra de las excepciones que aprovechan los caseros par superar sin problemas el tope del 2 % son los contratos de temporada, que no quedan recogidos dentro de la legislación que limita los aumentos en el precio del alquiler vinculado al IPC. Este tipo de acuerdos se aplica principalmente a viviendas que se usan de modo transitorio o provisional.
Asimismo, la dificultad para encontrar vivienda, sobre todo dentro de las grandes ciudades, no deja escapatoria a los inquilinos tras firmar un contrato de estas características. Por ello, en muchas ocasiones, las personas afectadas se ven obligadas a aceptar la subida.
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