Competencia

Multa de 203 millones a las grandes constructoras por manipular miles de concursos públicos durante 25 años

La CNMC sanciona a Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr tras constatar que se reunían cada semana para repartirse las licitaciones públicas de hospitales, aeropuertos o carreteras.

Obras de Ferrovial en la autopista de las islas Azores.

Obras de Ferrovial en la autopista de las islas Azores. / agencia

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David Page
David Page

Periodista

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Multazo histórico a las grandes constructoras españolas. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un total de 203,6 millones de euros a seis de los principales grupos de construcción del país por repartirse y manipular durante 25 años miles de concursos públicos.

Las sanciones a las filiales de construcción de las grandes corporaciones son en todos los casos millonarias: Acciona Construcción, 29,4 millones de euros; Dragados, filial de ACS, 57,1 millones; FCC Construcción, 40,4 millones; Ferrovial Ferrovial Construcción, 38,5 millones; Obrascón Huarte Lain, de la actual OHLA, 21,5 millones; y Sacyr Construcción, 16,7 millones. La CNMC ha exonerado finalmente a Lantania al establecer que no se puede considerar sucesora empresarial de Isolux Corsán, cuyos activos principales el grupo absorbió en 2018.

Competencia ha constatado que desde 1992 las compañías se reunían cada semana y decidían el reparto de los contratos públicos que salían a concurso, cómo compartirían trabajos técnicos en sus ofertas, e intercambiaban información sensible sobre su estratega de presentación de los concursos de edificación y obra civil lanzados por diferentes Administraciones, fundamentalmente las promovidas por el Ministerio de Fomento -actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- y sus organismos y empresas públicas dependientes.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras…”, subrayan desde la CNMC. Las empresas ahora sancionadas disolvieron el denominado G7 de grandes constructoras en el año 2017 y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.

Competencia sostiene que en esas reuniones mantenidas semanalmente durante décadas las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo-, una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones, y se decidía sobre el encargo de trabajo por parte de empresas de este grupo a otras compañías externas. Una conducta que falseaba la competencia y suponía un daño a las constructoras rivales que no participaban de este cártel y que no disponían de esta información técnica y comercial privilegiada.

“Las empresas desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta”, destaca la CNMC. “Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas”.

Prohibición de contratar con la administración

La CNMC, además de imponer las cuantiosas sanciones económicas, dará traslado de la resolución de este expediente al Gobierno con el objetivo que determine la duración y el alcance de la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas para las compañías sancionadas (de entre 2 y 5 años, dependiendo de la gravedad de los comportamientos) como establece la ley desde 2015.

Competencia lleva años intentando que las compañías sancionadas por participar en cárteles con el objetivo de manipular licitaciones de las Administraciones Públicas no sean castigadas sólo con la preceptiva multa, sino que también tengan prohibido pujar en nuevas contrataciones públicas. El organismo lo lleva intentando años, pero ninguna empresa ha sido vetada para optar a contratos públicos de momento. Ninguna.

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La legislación establece que a las compañías sancionadas por “falseamiento de la competencia” se les podrá castigar con la prohibición de contratar con las Administraciones. Pero para poder ser vetadas deben haber sido sancionadas mediante resolución o sentencia firme. Las compañías están consiguiendo evitar la aplicación de esa prohibición de contratar con las Administraciones recurriendo las sanciones ante los tribunales. Sin sentencia firme no hay prohibición.

La Junta Consultiva de Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha recibido ya una docena de resoluciones de la CNMC de este tipo contra grandes grupos de construcción, pero no ha determinado de momento ningún veto a la participación en concursos públicos por parte de las compañías sancionadas. La CNMC lleva meses estudiando -de momento sin decisión definitiva- la activación de una consulta pública para buscar las fórmulas legales idóneas para empezar a establecer directamente la prohibición de contratar con la Administración y no estar a expensas de la resolución del Gobierno.