Ejecución de hipotecas

Los embargos de primeras viviendas suben a máximos de 2017 pese a desacelerarse

Un edificio de viviendas en Barcelona.

Un edificio de viviendas en Barcelona. / EP

Pablo Allendesalazar

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Los embargos de viviendas habituales de personas físicas llevan varios trimestres dando síntomas de normalización tras el choque que supuso el estallido de la pandemia, pero aún así no paran de crecer. Las ejecuciones hipotecarias de estos inmuebles -como se les conoce legalmente- aumentaron un 3,4% entre enero y marzo frente al mismo periodo del año pasado, con lo que continuaron la tendencia a la desaceleración que iniciaron después de dispararse hasta un 253% en el segundo trimestre de 2021. Con todo, alcanzaron los 3.320 procedimientos iniciados, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2017 (5.614).

Gracias a la recuperación económica posterior a la Gran Crisis Financiera y a diferentes medidas legales y sectoriales, este tipo de embargos bajaron un 84% entre 2014 (el año en que el Instituto Nacional de Estadística comenzó a medirlos) y 2019. El confinamiento de la primavera de 2020 provocó un desplome adicional por la práctica paralización de la actividad judicial, así como por las distintas moratorias legales (aprobadas por el Gobierno para hogares vulnerables) y sectoriales (impulsadas por la banca para un colectivo más amplio) que permitían aplazar el pago de hasta nueve cuotas.

La vuelta a la normalidad de los juzgados en el cuarto trimestre de 2020, sin embargo, produjo la llegada en tromba de una bolsa de casos que se había acumulado durante los meses anteriores, lo que disparó la cifra de embargos. El primer año de la pandemia, así, las ejecuciones de hipotecas de viviendas habituales subieron un 41%, hasta los 7.588, por el fuerte repunte de la última parte del ejercicio. En 2021, se produjo un incremento adicional del 57%, hasta los 11.950 procedimientos, dato en línea con el de 2017 (10.992) pero aún lejano al máximo de 2014 (34.880).

Más desahucios

Aunque el ritmo de crecimiento de los embargos se va frenando, la nueva crisis provocada por la invasión de Ucrania y la espiral inflacionista amenaza con provocar este año un nuevo alza de la ejecuciones. Además, las moratorias en los pagos ya han vencido, si bien en la mayoría de casos aún no ha pasado el tiempo suficiente para que los clientes hayan impagado el número de cuotas necesario para que los bancos puedan iniciar los procedimientos. Está todavía por ver, por tanto, su efecto en la cifra de embargos, si bien los bancos aseguran que no se han registrado un incremento significativo de la morosidad

No todas las ejecuciones de hipotecas que se inician terminan con el desahucio o lanzamiento de sus propietarios, pero el fuerte incremento de los primeros se está traduciendo en un subidas de los últimos. El año pasado, así, se cerró con 10.103 desahucios de todo tipo de inmuebles hipotecados (no solo viviendas). Se trata de un incremento del 46% respecto a 2020 y el primer alza de los lanzamientos desde 2015, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

En el primer trimestre, así, los embargos sobre inmuebles hipotecados (viviendas, pero también locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios, aprovechamientos urbanístico y fincas rurales) alcanzaron los 7.965, un 1,3% más que entre octubre y diciembre y un 3,3% menos que un año antes. De viviendas fueron 5.212, un 0,9% más que en el primer trimestre. Los de viviendas de personas físicas se incrementaron un 5,4%, hasta las 4.105, ya que aumentaron un 14,9% (hasta 785) en las segundas residencias, además del 3,4% en la vivienda habitual. En cambio, en las personas jurídicas (empresas) se redujeron un 12,8%, hasta las 1.107.

Por comunidades autónomas, el mayor número de embargos de produjo en Andalucía (1.943), Catalunya (1.680) y la Comunidad Valenciana (1.452). La Rioja (33), Comunidad Foral de Navarra (54) y Cantabria (56) presentaron el menor número. En viviendas, Andalucía (1.461), Catalunya (995) y Comunidad Valenciana (898) anotaron el mayor número de ejecuciones, en tanto que La Rioja (26), Navarra (31) y Cantabria (33), los menores.