Los embargos y desahucios de viviendas hipotecadas se desaceleran

Los datos de embargos y desahucios de todo tipo de inmuebles hipotecados comienzan a dar síntomas de normalización. Tanto las ejecuciones de los créditos como los lanzamientos (los nombres legales de ambos procedimientos) llevan todo el año disparados. La práctica paralización de la actividad judicial entre marzo y septiembre del año pasado provocó una bolsa de casos que estalló en cuanto los juzgados volvieron a la normalidad en el cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, los datos de entre julio y septiembre del presente curso conocidos entre este jueves y este viernes apuntan a una desaceleración. 

Así, las ejecuciones hipotecarias de los distintos tipos de inmuebles (viviendas, solares, locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios y fincas rústicas) iniciadas en el tercer trimestre ascendieron a 6.507, un 23,9% menos que en el mismo periodo de 2020 y un 33,3% menos que entre abril y junio, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas bajadas han provocado que los embargos en lo que va de año (24.517) sean ya ligeramente inferiores a los de los nueve primeros meses de 2020 (24.805).

Más relevantes son los procedimientos sobre viviendas de personas físicas, que entre julio y septiembre alcanzaron los 2.266 en los casos de las primeras residencias (un 22,7% más que un año antes, pero un alza muy inferior al 253% del segundo trimestre) y los 568 en las segundas viviendas (10,7% más, frente al 208% anterior). En este caso, suman 15.100 entre enero y septiembre, un 14,5% más que un año antes, pero un aumento muy inferior al 31% que acumulaba en el primer semestre.

En cuanto a los desahucios de inmuebles hipotecados, se situaron en 2.203 en el tercer trimestre, un 40,9% más que un año antes, según apuntó el jueves el Consejo General del Poder Judicial. Pese a que siguen subiendo, el incremento interanual es muy inferior al del segundo trimestre (849%) y la cifra total es menor a la de antes de la pandemia (12,8% por debajo de la de entre julio y septiembre de 2019). En cualquier caso, los desahucios crecerán este año por primera vez desde 2015: ya suman 7.600 entre enero y septiembre, frente a los 6.915 de todo el 2020.  

Escudo social

Otro elemento a tener en cuenta son las distintas moratorias legales (aprobadas por el Gobierno para hogares vulnerables) y sectoriales (impulsadas por la banca para un colectivo más amplio) en el pago de las cuotas hipotecarias, entre otros créditos. El plazo para solicitar el aplazamiento de hasta nueve cuotas venció el pasado 30 de marzo, porque la Autoridad Bancaria Europea dejó entonces de otorgar un tratamiento contable favorable a las mismas. La mayor parte de las moratorias se concedieron el año pasado y han ido venciendo. Está por ver el efecto de ello sobre las cifras de embargos y desahucios, ya que en la mayoría de los casos no ha pasado el tiempo suficiente para que los clientes hayan impagado el número de cuotas necesario para que los bancos puedan iniciar los procedimientos.

Un capítulo aparte es el de los desahucios del alquiler. El Gobierno aprobó el año pasado, también por la pandemia, una prohibición de los lanzamientos de familias vulnerables que viven arrendadas, así como la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago. En consecuencia, el año pasado se produjeron 21.145, el 42% menos que en 2019. La medida se ha ido prorrogando, la última vez hasta el próximo 28 de febrero. Pese a ello, estos desahucios están aumentando: entre enero y septiembre se produjeron 21.893, un 67% más que un año antes, porque los potenciales beneficiaros ya están cubiertos y los que no cumplían los criterios se han visto impactados por la crisis.