El Govern aviva el debate de la exclusión financiera con una proposición de ley en Madrid

El Govern ha decidido participar en el debate de la exclusión financiera con una proposición de ley en Madrid. El objetivo es potenciar la discusión con una propuesta formal de ley en las Cortes que aunque con pocos visos de sobrevivir indemne al trámite legal del Parlamento español permita mostrar de la sensibilidad autonómica catalana ante un problema de ámbito estatal. La propuesta de la Conselleria de Economía de Jaume Giró es establecer un marco legal que establezca la instalación de cajeros automáticos en todas las poblaciones a cargo de las propias entidades financieras. Esa obligación de instalar cajeros se articularía en función de la cuota de mercado de cada entidad en un territorio concreto y en esos municipios en riesgo de exclusión financiera. 

Llega la propuesta legislativa en momentos complejos, tras la falta de apoyo de los socios del Govern a la reforma laboral y la demonización por parte de la derecha de cualquier iniciativa parlamentaria procedente de los partidos independentistas. «No tengo ninguna seguridad sobre la aprobación del proyecto de ley que queremos presentar», reconocía Giró en su presentación de este jueves, para admitir que «el objetivo es abrir el debate tras encontrar una fórmula o solución después de tres meses de trabajo y buscar los máximos apoyos». 

Existe consenso ante la evidencia del maltrato a los clientes por parte de los bancos y la creciente «pobreza bancaria» existente en muchas poblaciones. El número de oficinas bancarias en Catalunya ha bajado en un 68% desde el 2008. Según la Conselleria de Economia, un total de 443 municipios catalanes, el 46,8%, con unos 250.000 habitantes, no contaban el pasado año ni con oficina bancaria ni con un cajero automático. 

El debate sobre si tener una cuenta bancaria debe ser un servicio básico o no desemboca en otro más profundo sobre las múltiples vías para solucionar el mal servicio de la banca, especialmente a los más mayores, que no son capaces de utilizar la banca móvil. Mientras la izquierda ha reclamado repetidamente que el Gobierno ponga en marcha un banco público, al menos como el que fue en su día el Banco Postal (con amplia implantación geográfica) o el derivado de la Sareb, Giró reconoció que sigue viva la iniciativa de impulsar un banco público catalán a través del Institut Català de Finances (ICF), cuya petición de transformación en banco comercial está siendo tramitada por el Banco de España ‘de manera dilatada’. 

Para el Govern, el acceso a los servicios bancarios es «un verdadero derecho de los ciudadanos, que no ha de ser obviado por los poderes públicos». La proposición de ley define que los municipios en riesgo de exclusión financiera tendrán que contar, como mínimo, de un cajero automático en su término municipal, y con un servicio universal las 24 horas al día sin comisiones. En el caso en que no fuera posible la instalación de un cajero (que tiene un coste de unos 20.000 euros), la propuesta del Govern también contempla la posibilidad de establecer servicios financieros de tipo móvil tres días a la semana en horario de oficina. El trámite de la ley, siendo optimistas, podría permitir que en un par de años sus objetivos se cumpliesen (tras un periodo de implementación técnica de al menos 14 meses).