El Gobierno dará tres meses para adecuar los contratos a la reforma laboral

El Gobierno dará tres meses a las empresas para adaptar los contratos temporales a la reforma laboral y la duración máxima de los contratos por obra y servicio será de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma. Esta es una de las principales medidas de la nueva norma acordada con la CEOE, UGT y CCOO que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes y que se prevé entre en vigor este miércoles, tras ser publicada en el boletín oficial del Estado (BOE).

"Hoy no es un día cualquiera. Es uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura. Frente al no por el no de la primera fuerza de la oposición, lo que hoy hacemos cambia el rostro de la precariedad en nuestro país", ha celebrado la vicepresidenta ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, una escenografía austera para un acuerdo de este tipo que suele presentarse en La Moncloa con la firma de los integrantes del diálogo social y el presidente del Gobierno.

Díaz ha estado acompañada del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, algo que no estaba previsto en la convocatoria, y ha elogiado el trabajo "en comandita" de ambos ministerios, así como la "altura de miras" de sindicatos y patronal. Sin mención alguna para la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha agradecido "al Gobierno en su conjunto, el permanente trabajo, la sintonía y la convicción de que lo que hacíamos era cambiar el país".

Tras ser aprobada por el Consejo de Ministros, el Gobierno encara ahora la negociación para obtener avales suficientes para convalidar la norma en el Congreso en un plazo máximo de un mes. Pese a que algunos de sus socios de coalición, como PNV, ERC y Bildu, no dan por seguro su apoyo, la vicepresidenta confía en el diálogo para evitar la tramitación como proyecto de ley. "No hemos estado nueve meses para esto. La vocación es mantener el texto como está", ha insistido Díaz, suscribiendo las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que advertía el lunes que si había cambios se saldrían del acuerdo.

La vicepresidenta, además, ha explicado que la reforma se ha realizado en diálogo con todas las fuerzas políticas --"No ha habido una mesa a puerta cerrada. Todas las fuerzas políticas, incluso alguna que tiene solo un diputado, conocen lo que se ha estado haciendo"-- y ha sugerido que las críticas de los grupos forman parte de la labor parlamentaria. "Decirle a los trabajadores que vamos a acabar con la precariedad, humo no es. He sido diputada y sé que las fuerzas políticas tienen que hacer su trabajo, pero esto humo no es. Diálogo, diálogo y diálogo", ha insistido, tras las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en las que ha dicho que el Gobierno "vende humo".

La nueva norma modifica algunos aspectos de la reforma laboral del PP de 2012, al recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en materia salarial. Además, sienta las bases de un nuevo modelo de erte que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales, reforma los contratos fijos-discontinuos para que tengan más derechos y modifica los contratos formativos, inspirados en la formación dual. También elimina la posibilidad de despidos colectivos en la administración pública.

Pero, sobre todo, trata de reducir la excesiva temporalidad del mercado laboral español al establecer que el contrato ordinario sea el indefinido. Según Escrivá, el 40% de los contratos tienen 5 o menos días en España. Para acabar con esta "anomalía" los contratos temporales solo podrán celebrarse por dos motivos: o bien por sustitución durante tres meses o por circunstancias de la producción durante un máximo de seis meses que, por la vía de la negociación colectiva en "determinados sectores", podrían extenderse hasta un total de 90 días.

El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido y se elevarán las sanciones por su uso fraudulento. Hasta ahora las empresas que incurren en una rotación abusiva de contratos temporales podían ser multadas con un máximo de 8.000 euros en total, mientras que a partir de ahora el máximo será de 10.000 euros, pero por cada una de las personas en situación fraudulenta.