Directiva para los derechos laborales

La UE obligará a regularizar a cuatro millones de trabajadores de plataformas digitales

  • Bruselas establece que esas compañías deben contratar a quienes trabajan como falsos autónomos y a informarles de sus algoritmos

  • La directiva europea sigue los pasos de la ‘Ley Rider’ española, pero busca ir más allá de empresas de reparto como Glovo o Deliveroo

Un repartidor de Glovo pedaleando en Barcelona.

Un repartidor de Glovo pedaleando en Barcelona. / Ferran Nadeu (El Periódico)

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Carles Planas Bou
Carles Planas Bou

Periodista

Especialista en Redes, algoritmos y la intersección entre política y tecnología

Escribe desde Barcelona

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Ver a repartidores circular a contrarreloj y cargados con sus mochilas se ha convertido en una imagen habitual en las grandes ciudades europeas. La llegada de las plataformas digitales ha transformado la economía del continente, pero esa expansión se ha logrado a costa de la precarización de sus trabajadores. Para revertir esta falta de derechos sociales, la Comisión Europea (CE) ha aprobado este jueves una directiva que fija las condiciones mínimas para regular laboralmente este sector y que obligará a contratar a hasta 4,1 millones de empleados que actualmente trabajan como falsos autónomos.

Así, el ejecutivo comunitario sigue los pasos de la ley de los repartidores española, más conocida como ‘Ley Rider’, que entró en vigor el pasado 12 agosto. La normativa española obligó a plataformas como Glovo o Deliveroo a contratar a sus repartidores –lo que llevó a ésta última a dejar de operar en el país—, sin embargo la propuesta europea va más allá y pretende regularizar la situación de los trabajadores de plataformas en otros sectores que también explotan ese vacío legal como Amazon o Uber, entre otras.

La directiva aprobada por Bruselas establece que “las personas que trabajan a través de plataformas tengan, o puedan obtener, la situación laboral a la luz de su relación real con la plataforma laboral digital”. De esta manera, remarca que esos trabajadores deben ser considerados como asalariados, una decisión que han remarcado la gran mayoría de los tribunales en los cientos de conflictos laborales que vive el sector. Dicho de otra manera, esas compañías deberán acatar la ley.

El cambio de falsos autónomos a asalariados no es poco. El modelo usado hasta ahora por gran parte de esas compañías obliga a los trabajadores a pagar su cuota de la Seguridad Social, pagar facturas de su vehículo (cuando se trata de repartidores) o teléfono móvil, no tener un horario fijo y no tener derecho a una baja o vacaciones pagadas. Estar contratado equivale a tener derecho a todos esos puntos, así como poder cobrar un salario mínimo (SMI), tener una pensión y poder formar parte de la negociación colectiva. Un estudio citado por la CE señala que un 55% de esos trabajadores de plataforma cobran menos por hora de lo que fija el SMI de su país o que se trabajan hasta 8,9 horas semanales sin ser remuneradas.

Transparencia de los algoritmos

Por otro lado, las plataformas también deberán informar públicamente del funcionamiento de su algoritmos, que se usan para asignar tareas, vigilar y evaluar el trabajo e incluso imponer sanciones a los trabajadores. Ese sistema, según Bruselas, "tiene un importante impacto en las condiciones laborales" de esos empleados y "oculta la existencia de subordinación y control por parte de la plataforma sobre las personas que realizan la obra", por lo que requiere de una mayor transparencia y de un control humano que garantice el respeto a los derechos laborales.

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La directiva europea establece que en el caso de que la plataforma quiera impugnar la designación como asalariados de sus trabajadores le corresponderá a ella demostrar que no hay una relación laboral entre ambas partes. De ser el trabajador quien quiera operar como un autónomo auténtico y no como miembro del equipo en plantilla, la plataforma deberá garantizar una "resolución adecuada" de su petición.

Según los cálculos de la CE, actualmente entre 235 y 355 plataformas operan en la Unión Europea y dan trabajo a unos 28,1 millones de personas, una cifra que en 2025 puede dispararse hasta los 43 millones. De esos, unos 5,5 millones pueden estar en una situación irregular. Antes de quedar fijada en las legislaciones nacionales de los 27 países del club comunitario, la directiva deberá pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.