Trabajo en plataformas

El Gobierno aprueba la 'Ley Rider': "La tecnología no puede cuestionar el marco de protección social"

  • El Ministerio de Trabajo crea un comité de expertos para estudiar "el buen uso" de los algoritmos y la inteligencia artificial en las relaciones laborales

  • La principal innovación de la ley es la obligación de las empresas a informar a sus trabajadores de las implicaciones laborales de sus algoritmos

  • Estas son las claves de la nueva "ley rider"

 La Vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Diaz durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana para explicar las propuestas para el mercado de trabajo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 La Vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Diaz durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana para explicar las propuestas para el mercado de trabajo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. / David Castro

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

Escribe desde Barcelona

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Cinco años después de que los repartidores de Deliveroo organizarán la primera huelga en España para pedir mejores condiciones laborales, el Gobierno ha aprobado la 'Ley Rider'. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva normativa que regula el trabajo en las plataformas digitales de reparto y el uso de algoritmos en cualquier empresa que opere en España. Esta es la primera norma aprobada en la Unión Europea que legisla específicamente el trabajo en las plataformas.

"La tecnología no puede cuestionar un marco de protección social", ha declarado la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ley llega tras seis meses de negociación con los agentes sociales, cuenta con su consenso y entrará en vigor con un periodo de adaptación de tres meses, es decir, en agosto.

La nueva legislación tiene dos patas. La primera consiste en volcar la sentencia del Tribunal Supremo y el signo de más de 40 fallos judiciales de tribunales menores en el Estatuto de los Trabajadores. Califica, por defecto, a los repartidores de plataformas digitales como asalariados; lo que implica romper con el modelo laboral que han utilizado hasta ahora empresas como Glovo, Deliveroo, UberEasts o Stuart, que empleaban autónomos para repartir. Falsos autónomos, según multitud de sentencias y fallos de la Inspección de Trabajo.

El refuerzo de la laboralidad no es algo novedoso. Es lo más visible, ya que afecta directamente al empleo de más de 15.000 personas, muy visibles en las calles de las principales urbes del país. La norma refuerza la consistencia jurídica de su encuadre como asalariados, pero el equipo de Díaz no descubre nada. Se limita a hacer más especifico y anclado en la ley lo que ya estaban dictando los tribunales. Tampoco habilita mecanismos extraordinarios en caso de que las empresas sigan vulnerando la ley y los repartidores deberán recurrir a los jueces para ello, con esperas que pueden alargarse años. Y el resto de los trabajadores de las plataformas que asignan el trabajo vía algoritmos no quedan cubiertos, como las limpiadoras o los 'manitas' a domicilio; entre otros.

La intención manifestada por Díaz es que esta nueva ley sea un primer paso para seguir regulando la irrupción de las plataformas y la inteligencia artificial en la economía. Y ha anunciado la creación de un comité de expertos para estudiar "el bueno uso" de los algoritmos y la inteligencia artificial en las relaciones laborales.

Algoritmos al descubierto

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La principal novedad que introduce la ley es la modificación en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Esta habilita a los sindicatos a exigir en cualquier empresa -"la afectación es global a todas las sociedades mercantiles", ha especificado la vicepresidenta-, que la dirección detalle los algoritmos que utiliza en la gestión del día a día de las plantillas. Desde los procesos de selección, hasta la asignación de tareas, la medición de la productividad o incluso el despido.

"Los trabajadores tenemos derecho a saber qué motiva las decisiones empresariales", ha declarado la titular de Trabajo. Esta es la principal innovación de la ley, sin precedentes en la Unión Europea, y que pretende blindar que la inteligencia artificial no incorpora sesgos de género, raza o discriminatorios de cualquier tipo. Este apartado no ha sentado bien entre muchas empresas, pues consideran que la revelación del algoritmo atenta contra el secreto comercial y puede lastrar su competitividad, ya que les obligará a destapar el ADN de sus programas.