Energía

El Gobierno busca ahora usar las renovables más antiguas para abaratar la luz

El objetivo es sacar del mercado esta energía para servir a la tarifa regulada (PVPC) doméstica y a la industria a un precio razonable

El Gobierno busca ahora usar las renovables más antiguas para abaratar la luz
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Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

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Tras el intento fallido de recortar los ingresos de las grandes eléctricas, el Gobierno ha puesto el foco en sacar del mercado mayorista la generación de las renovables más antiguas y plantas de cogeneración y residuos (instalaciones del régimen retributivo específico conocido como RECORE) para servir directamente a la industria y a los consumidores domésticos con tarifa regulada (PVPC) a un precio inferior al actual del mercado (más de 200 euros el megavatio-hora).

Alrededor del 60% de los 50.000 megavatios de potencia renovable y de cogeneración instalados en España corresponden a este tipo de instalaciones. Se trata de plantas, previas al año 2014, a las cuales se les garantizó una rentabilidad razonable que cubriera su inversión para poder competir en igualdad de condiciones en el mercado. Estas instalaciones tienen una rentabilidad de entre el 7,09% y del 7,39% que se ajusta cada tres ejercicios con los ingresos recibidos (la próxima será a finales del año que viene). 

Según la CNMC, de los 114.034 gigavatios-hora de renovables y cogeneración vendidos el año pasado, 82.375 fueron instalaciones con primas. Y de estas, la mayor parte fueron renovables (53.379) y el resto (28.996) plantas de cogeneración o residuos. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica se ha reunido en las últimas semanas con asociaciones de renovables como AEE, Appa, Unef o Anpier y con las de cogeneración (Acogen y Cogen) para conocer sus propuestas.

El principal problema que expone el sector es que muchas de estas instalaciones "no están disponibles" porque tienen coberturas previas sobre los precios para no depender del mercado. "Fijar un precio fijo para estas instalaciones en vez del precio del mercado supone un cambio de las condiciones y hay que ver cómo se hace y qué implicaciones tiene", explica el director general de APPA Renovables, José María González Moya.

La primera consigna, por tanto, es que el mecanismo que finalmente desarrolle el Ejecutivo sea voluntario y, si no lo es, que al menos tenga un grado de exenciones que permita que todas aquellas instalaciones que tienen energía comprometida no se vean obligadas a romper sus contratos. "Es lo que daría el éxito a una medida así", apunta el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio.  

Otra de las claves será conocer cuáles son las condiciones de venta de esa energía "para no perjudicar al sector". Es decir, el precio, las características de la venta y la temporalidad. "Si se trata de echar una mano pondremos a disposición la energía para que el Gobierno decida qué hacer con ella", reconoce el director general de UNEF, José Donoso. 

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Pero no todo es sintonía. Las pequeñas comercializadoras, integradas dentro de ACIE, han advertido al Ejecutivo de que estas medidas pueden suponer un "trasvase masivo de clientes" a la ‘nueva’ tarifa "artificialmente reducida" con la que "los comercializadores libres no podrían competir". 

Además, advierten que se podría "romper el esquema de financiación" actual (representación a generaciones independientes) lo que les haría perder una fuente de financiación de 1.000 millones y tendrían que depositar con fondos propios una "ingente cantidad" de garantías ante OMIE. No obstante, el Gobierno también trabaja a través del ICO para ofrecer garantías de mayor liquidez o avales y a través del OMIE y la CNMC para dar garantías adicionales para reducir plazos y obligaciones respecto a sus avales.