El Gobierno ofrece más dinero a las renovables para que retiren sus pleitos

El Gobierno en funciones aprobó ayer un real decreto ley que, en la práctica, supone ofrecer un plus de remuneración a las firmas de renovables que mantienen pleitos con el Estado por hasta 10.000 millones de euros a cambio de que retiren sus demandas en los organismos internacionales. Los pleitos nacieron del recorte en las ayudas a las renovables que se produjo con el Gobierno de Rajoy.

En juego hay más de 10.000 millones que es la cuantía correspondiente a los 45 laudos abiertos contra el reino de España por inversores internacionales ante organismos internacionales como el Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial) tras el cambio en las 'reglas de juego' que se produjo en el 2013 . España acumula ya una decena de ellos perdidos con condenas que suman un total de 821 millones de euros, aunque todavía no se ha ejecutado el pago de ninguna.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un recorte general de la tasa de rentabilidad razonable de las plantas renovables desde el 7,39% actual hasta el 7,09% para los próximos seis años, a partir de enero de 2020.

Pero, lo más importante, es que para las plantas previas al año 2013, cuando se produjo el recorte a las renovables por parte del entonces ministro José Manuel Soria, el Ejecutivo da la opción a los productores de elegir entre esa tasa (del 7,09%) o mantener la del 7,39% durante dos periodos regulatorios, es decir, doce años (hasta 2031). La condición para mantener esa tasa del 7,39% no es otra que renunciar a presentar estas demandas y, en caso de tener un litigio abierto, ponerle fin. 

Además, esta medida dota al Ejecutivo de argumentos jurídicos para reelaborar su defensa ante los tribunales internacionales y que no puedan condenar a España por la "inacción" de no haber ofrecido una compensación a los inversores, como ocurría hasta ahora. Es decir, los productores grandes no solo deberán valorar si prefieren asumir el riesgo de acudir a los tribunales en vez de coger un 'seguro de rentabilidad durante doce años', sino que deberán tener en cuenta que ahora les será más difícil ganar los pleitos. 

Esta medida no solo pretende convencer a los grandes fondos que invirtieron en renovables atraídos por las primas y que decidieron llevar al Reino de España ante tribunales internacionales de arbitraje para reclamar una indemnización, sino también un alivio para esos pequeños productores de energía, fotovoltaica en su mayoría, con instalaciones anteriores al 2013 que sufrieron el hachazo del Ejecutivo de Rajoy.

Según los datos del ministerio, en España hay más de 64.000 plantas que se vieron afectadas por esta modificación, que supuso un desgaste importante en la apuesta por las renovables, sobre todo en aquellas zonas con más incidencia del sol (fotovoltaica) como Levante, Castilla-La Mancha y Andalucía, y cuyos productores "vieron que tenían que afrontar decisiones de coste asociadas al endeudamiento", explicó Ribera

CERTIDUMBRE A FUTURO

El Gobierno ha pisado el acelerador tras las elecciones para atender una demanda que los productores de renovables llevaban meses pidiendo a gritos, pues de no llevarse a cabo a partir del 1 de enero del 2020 perderían dicha rentabilidad. "Si no se aplicaba, se produciría una revisión a la baja dramática para muchos inversores", justificó Ribera, y de ahí su "urgencia" para poder tramitarse como real decreto ley.

"Con esto se da estabilidad a los inversores anteriores, pero también es muy importante para el futuro, porque se lanza a un mensaje de que España es un país estable en el que se respeta la regulación», explicó el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso. "El sector ha vivido una gran cantidad de cambios regulatorios y debemos volver a la normalidad y a la planificación consensuada que nos dará certidumbre", apuntó en un comunicado el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, que pidió a todos los grupos políticos que apoyen la medida en el Congreso antes de fin de año.