En el conflicto del aeropuerto, solo gana La Ricarda

Las garzas no hacen cortes de manga, pero se mueven con la altivez de los espíritus libres, sin más ataduras que las que impone su instinto de preservación. Y este jueves una garza blanca aterrizó sobre los humedales del espacio protegido de La Ricarda. Indiferente al zumbido de los aviones que sobrevuelan el aeropuerto con metódica regularidad. Impávida ante la visita de la vicepresidenta segunda. Ajena al enésimo fiasco político para tender puentes y desarrollar las infraestructuras catalanas. Su mera presencia esta mañana fue una suerte de señal de la victoria del único ganador en esta batalla: la laguna de La Ricarda y las especies que habitan los bosques de pinos y humedales de su entorno.

Esa Ricarda tenía todos los números para a ser sacrificada parcialmente en el altar del crecimiento económico. La ampliación del aeropuerto, un proyecto multimillonario para hacer de Barcelona un nodo de vuelos intercontinentales con capacidad para 70 millones de pasajeros anuales, estaba llamada a comerse parte de la laguna con la extensión de la tercera pista de El Prat hacia el este. ¿Cuánto? Pocos parecen saberlo porque Gobierno y Govern pactaron la ampliación sin que los detalles factuales del proyecto se hicieran públicos, por más que todas las partes implicadas lleven meses dando cifras al respecto.

Los detalles del plan de Aena están contenidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que desgrana las inversiones para el periodo 2022-2026 del mayor gestor aeroportuario del mundo, controlado con un 51% de su capital por el Estado. Pero ese documento, presentado a grandes rasgos a la prensa el 2 de septiembre y filtrado poco después, sigue sin ser público. En sus márgenes se lee “confidencial”. Vago en su formulación, solo habla de una inversión inicial de 365 millones de euros, en contra de los 1.704 millones prometidos por las autoridades. Dice además que la ampliación de la tercera pista se hará “hacia el este” y afectará a “zonas de la Red Natura 2000”, el programa europeo de protección de la biodiversidad que incluyó a La Ricarda. A cambio propone medidas compensatorias para restituir los terrenos afectados por la extensión de la pista en otras zonas.

El doctor en Biología, Joan Pino, lleva tiempo advirtiendo contra ese tipo de maniobras. “Construir otra Ricarda en otra zona del Delta del Llobregat es caro y poco eficiente”, decía esta mañana tras guiar la visita de a la vicepresidenta, Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su colega de El Prat del Llobregat, Lluís Mijoler. “A medida que se ocupa un espacio natural se fragmentan los hábitats y se perturba su funcionamiento. Es como quitarle tornillos a un avión. Poco a poco pierde funciones hasta que la nave se acaba cayendo”, asegura el también investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales.

Protección de las directivas europeas

La excepcionalidad del espacio de La Ricarda reside en sus moradores y en su función para proteger al ecosistema de los embates del mar. Es como una isla verde rodeada de asfalto y constreñida entre el puerto y el aeropuerto. Acoge a 43 especies de aves protegidas por las directivas europeas, así como 23 tipos de orquídeas, anfibios y peces. Y pese a las promesas de Aena de compensar el estropicio, su historial en este sentido está lejos de ser envidiable.

El pasado mes de febrero la Comisión Europea amonestó a España por el “deterioro adicional del Delta del Llobregat”, derivado de las últimas ampliaciones del puerto y el aeropuerto. El expediente añadía que “los compromisos de las autoridades para mitigar y compensar” las cerca de 300 hectáreas afectadas durante la ampliación del 2008 “no se han implementado suficientemente”.  

El espacio de La Ricarda tiene otra particularidad. Es de titularidad privada, hasta el punto que no se puede visitar la laguna sin el permiso de la familia Bertrand, propietaria del terreno desde finales del siglo XIX, cuando no era más que un coto de caza infectado de paludismo. Sus herederos levantaron casas de veraneo entre las bóvedas de pinos, incluida la Casa Gomis, del arquitecto Antonio Bonet Castellana, una exquisitez racionalista que ha sido catalogada como bien cultural de interés nacional. “Si el espacio se ha mantenido así es porque mi familia lo ha protegido. No hemos recibido ayudas públicas”, asegura Inés Gomis, una de las herederas.

Gomis sostiene que no le consta que Aena se haya puesto en contacto con la familia Bertrand, propietaria de la finca donde se encuentra el estanque. Algo semejante a lo expresado por los agricultores del parque agrícola del Llobregat. “No tenemos conocimiento del proyecto, de modo que no podemos juzgarlo”, añade rodeada de periodistas.

Alejada del fragor político, una brisa aterciopelada peinaba el jueves La Ricarda. Una vez más la bronca política ha primado sobre los intereses de los ciudadanos y la opacidad con que se ha manejado el proyecto ha frustrado un debate público riguroso. Tanto el empresariado que apoyó la ampliación, como los ecologistas que la denunciaron, tenían poderosas razones de su lado. Pero al final todo ha quedado temporalmente en suspenso, como el vuelo de la garza que azota sus alas al marcharse en una especie de victorioso corte de mangas.