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Los expertos de Esade critican falta de concreción en el plan de recuperación
EsadeEcPol afirma que apenas hay suficiente compromiso en inversión y se incluyen "tímidas reformas"

Toni Roldán, el hasta hora portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso / periodico


Agustí Sala
Agustí SalaRedactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
El Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) critica el plan de recuperación que el Gobierno remitirá este viernes a Bruselas para obtener los fondos europeos 'Next Generation EU' por su "falta de concreción y ambición". En un análisis titulado “Reformas, gobernanza y capital humano: las grandes debilidades del plan de recuperación”, los expertos de este organismo analizan las 10 “políticas palanca” que estructuran el plan, así como su gobernanza y los riesgos en su implementación.
Además de destacar los aspectos positivos, el análisis de EsadeEcPol subraya “una falta de concreción y de ambición reformista y de inversión en áreas clave.” En este sentido, el director de EsadeEcPol, Toni Roldán, señala que “para lograr la transformación que se propone no es suficiente con un compromiso fuerte de inversión y unas tímidas reformas”.
EsadeEcPol destaca tres aspectos positivos principales del plan de recuperación: en primer lugar, su “acierto en el diagnóstico de los principales fallos de la economía española”; en segundo lugar, “la adecuación con las prioridades establecidas por la Comisión Europea y las recomendaciones del Semestre Europeo para España, y en particular, en materia de transición ecológica y digital” y, en tercer lugar, “la desaparición de algunas reformas muy cuestionadas que se habían venido lanzando desde algunos sectores del Gobierno”.
"Tímida apuesta reformista"
Sin embargo, “el déficit principal del documento es la tímida apuesta reformista y de inversión por la educación y el conocimiento, desde la educación no universitaria a las políticas activas hasta su digitalización, pasando por la escasa mención de la reforma universitaria o la baja ejecución del presupuesto de ciencia e I+D”, sostiene EsadeEcPol. De manera similar, identifica como deficiencias su “falta de concreción y ambición reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior”.
En lo que se refiere a la gobernanza del plan identifica dos tipos de deficiencias. En primer lugar, “la excesiva opacidad respecto a los procesos de selección de proyectos e inversiones”, algo que “podría redundar en una selección de proyectos subóptima, con un sesgo favorable a los actores económicos consolidados, en detrimento de los más innovadores, y cuyas dudas el Real Decreto de 31 de diciembre no consigue despejar”. En segundo lugar, EsadeEcPol considera que “el documento refleja un insuficiente compromiso con una cultura de evaluación y rendición de cuentas, puesto que no se establecen métricas, ni procesos, ni objetivos mensurables para evaluar la adecuación y eficiencia de las inversiones comprometidas”.
Finalmente, en la evaluación del riesgo de implementación, el informe de EsadeEcPol advierte que “una de las principales dificultades para el éxito del plan será la asunción compartida de responsabilidades por parte de los diferentes agentes que serán necesarios para su exitosa implementación”. En este sentido, Toni Roldán, exidirigente de Ciudadanos, apunta que “no es buena señal que hasta el momento no se hayan realizado esfuerzos para llegar a amplios acuerdos parlamentarios, casi un año después de que se empezaran a articular los primeros compromisos en Bruselas” y, asimismo, “que las comunidades autónomas, entidades locales y representantes de la sociedad civil hayan tenido una débil implicación en los procesos”, concluye.
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