Sector inmobiliario

Así te afectará la moratoria del alquiler

El Gobierno amplía tres meses la moratoria de desahucios y la condonación y prórroga de alquileres

Cartel de Stop Desahucios

Cartel de Stop Desahucios / El Periódico

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El Gobierno ha decidido prorrogar tres meses más la moratoria de desahucios. Afectará en concreto a los inquilinos sin alternativa habitacional en el caso de que vayan a ser desalojados de sus casas. El nuevo marco legal permitirá la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.

Lo anunció esta semana ante el Pleno del Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta medida forma parte del conjunto de decisiones del Gobierno para contrarrestar las consecuencias económicas de la crisis provocada por la pandemia. En principio esa medida estaba vinculada a la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo y se amplía a agosto.

Paralización de desahucios

Con esta decisión se paralizan los desahucios de inquilinos sin alternativa habitacional, incluidos a aquellos hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo, si así lo considera un juzgado.

Grandes propietarios

También se prorrogará la moratoria o condonación parcial del alquiler cuando el propietario sea gran tenedor o entidad pública, y los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria por seis meses más de los alquileres en las mismas condiciones del contrato en vigor.

Carácter urgente

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha previsto estas medidas con carácter urgente para responder a la situación de los hogares vulnerables en el contexto de la evolución de la pandemia. Concretamente, se amplía por tres meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública para atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 9 de mayo como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia.

No afecta a pequeños propietarios

No afecta, por consiguiente, a pequeños propietarios de vivienda que reclaman la renta a los arrendatarios. Los acuerdos a los que llegue el arrendatario y el propietario de la vivienda tienen prioridad a cualquier otro marco legal.

El papel del juez

También se recoge la ampliación por tres meses más de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo. En este supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación.

Según el Gobierno, siempre se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse, cuando por ejemplo la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario o cuando se haya producido en un inmueble de propiedad física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, entre otros tantos supuestos.

Compensación

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En el caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes a la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

Estas medidas se suman a las de carácter estructural en el marco del desarrollo de una legislación estatal en materia de vivienda, las diferentes medidas llevadas a cabo para favorecer una mayor oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles, así como las actuaciones encaminadas a la rehabilitación y mejora del parque de vivienda, sustentado todo ello en un incremento sin precedentes de la inversión presupuestaria en este ejercicio 2021.