¿Por qué un impuesto mínimo global para multinacionales?

Para afrontar las necesidades provocadas por la crisis del covid-19 los países requieren recursos. Que las multinacionales, especialmente las más tecnológicas y digitalizadas (como Google, Amazon o Facebook), tributen más se ha convertido en una necesidad. Hace un par de años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que cada ejercicio se escapaban de las arcas públicas de los gobiernos entre 500.000 y 600.000 millones de dólares. Solo las 50 mayores firmas de EEUU tenían aparcados en territorios de baja o nula tributación unos dos billones de dólares.

Por eso el acuerdo alcanzado este sábado por el G-7 (compuesto por los países más ricos del mundo) de introducir un impuesto mínimo global del 15% para las grandes multinacionales ha sido valorado muy positivamente por diferentes ministros de finanzas. Este acuerdo debe ser evaluado ahora por el G-20 y OCDE.

El G-7 acuerda un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales

El pasado abril, la propuesta de la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, de imponer un tributo mínimo global para las compañías que operan fuera de sus fronteras había sido acogida con satisfacción por el FMI o grandes países de la Unión Europea (UE), como Alemania, Francia o España. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño aplaudió entonces la iniciativa para frenar la carrera de rebajas fiscales. Por primera vez, 139 países de todo el planeta estaban dispuestos a negociar nuevas reglas fiscales para una economía más globalizada y digitalizada. 

Los porqués

Las multinacionales operan buscando la optimización fiscal, es decir, tributar lo menos posible siguiendo la legalidad internacional. La propuesta lanzada hace dos meses por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de un impuesto mínimo global para las multinacionales supuso un viraje en la política de EEUU, del 'America First' de Donald Trump a la vuelta al multilateralismo. Aunque no fuera una idea nueva, pues ya se negociaba en el seno de la OCDE y la Unión Europea (UE), "sin EEUU esto no prosperaría" y su regreso al camino del diálogo para un objetivo común es uno de los elementos destacables, según Ignacio Box, fiscalista y socio de Deloitte Legal. En la misma línea, Carlos Victoria, investigador de EsadeEcPol, destaca la necesidad de que se encuentren "soluciones globales a problemas globales" para atajar el problema de la competencia fiscal que afecta a la recaudación de muchos países desarrollados.

La cada vez mayor globalización y digitalización de la economía requiere nuevos instrumentos fiscales, explica Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas. De hecho es un factor y una voluntad "política".

Cada vez más, los ingresos de fuentes intangibles como patentes de medicamentos y software han migrado a estas jurisdicciones, lo que permite a las empresas evitar pagar impuestos más altos en sus países de origen tradicionales. Con un impuesto mínimo global ampliamente acordado, la administración Biden espera reducir dicha erosión de la base impositiva sin poner a las empresas estadounidenses en desventaja financiera, lo que les permite competir en innovación, infraestructura y otros atributos.

¿Dónde se han llevado a cabo las conversaciones?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la que ha estado coordinando las negociaciones fiscales entre 139 países. De hecho, el acuerdo alcanzado este sábado por el G-7 debe ser evaluado ahora por el G-20 y OCDE. El objetivo es establecer reglas para gravar los servicios digitales transfronterizos y frenar la erosión de la base imponible, con un impuesto mínimo empresarial (impuesto de sociedades) global como parte de este último. Aunque ya se esperaba alcanzar un consenso en ambos frentes a mediados de año, las conversaciones sobre un mínimo corporativo global son técnicamente más simples y políticamente menos polémicas. El problema será entrar en los detalles técnicos, para lo que "se requerirán años", afirma Box. Por eso muchos países han puesto en marcha sus propias iniciativas para el periodo en el que no haya aún una armonziación, mediante gravámenes como la denominada 'tasa Google' en España y otros países europeos.

¿Por qué ha cobrado tanta fuerza la idea?

La crisis del covid-19 ha mermado las arcas públicas y se requieren más recursos. Un ejemplo es el presidente Joe Biden, que ha lanzado en EEUU un plan de infraestructuras por unos dos billones de dólares y para ello ha anunciado aumentos de impuestos como el de sociedades, cuyo tipo eleva del 21% del que lo bajó Trump al 28%. También en Europa está necesitada de fondos. La idea despierta menos entusiasmo en Irlanda, con una fiscalidad muy baja para las multinacionales y que ganó una batalla a la justicia europea contra Bruselas, que le había exigido que reclamara a Apple 13.000 millones de euros por tributos que entendían que debería haber pagado. Y algo parecido sucede con Holanda, con una fiscalidad ventajosa o el exsocio comunitario, Reino Unido, que "va a la suya", afirma Pich. Salvador Guillermo, secretario general adjunto y responsable de Economía de Foment del Treball, destaca no obstante la importancia de que se abra el debate sobre el freno a las deslocalizaciones fiscales o que, al menos estas "no vayan más allá de lo razonable".

¿Cómo funcionará el impuesto?

Los gobiernos aún podrán establecer la tasa impositiva a las empresas que quieran, pero los países de origen de las compañías podrán "recargar" sus impuestos a la tasa mínima acordada (el 15%), lo que eliminará la ventaja fiscal de trasladar las ganancias a un paraíso fiscal. La administración Biden ha dicho que quiere denegar las exenciones de los impuestos pagados a los países que no están de acuerdo con una tasa mínima.

¿Cuál será el tipo a aplicar?

Desde hace años, los países están tratando de lograr que compañías como Amazon, Facebook o Google paguen impuestos allí donde obtienen los beneficios. Al final se ha impuesto la propuesta de Washington y, así, el acuerdo alcanzado dice que al menos el 15% de los beneficios se pagará en impuestos. El nuevo régimen fiscal será de aplicación a las empresas multinacionales con al menos un 10% de margen de beneficios sobre ventas. El 20% de cualquier beneficio que esté por encima de ese baremo mínimo será considerado como generado en el país de origen de la actividad y gravado en consecuencia, según el comunicado del G-7. El pilar dos implica que los gobiernos se comprometen a aplicar un impuesto de sociedades global mínimo del 15% para evitar que los países compitan entre sí en términos de fiscalidad.

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