La justicia europea tumba la sanción de 13.000 millones a Apple

Varapalo durísimo del Tribunal de la UE a la Comisión Europea. El Tribunal General ha anulado este miércoles la histórica decisión adoptada hace cuatro años por el Ejecutivo comunitario por la que obligó a la multinacional estadounidense Apple a pagar una factura de 13.000 millones de euros en impuestos impagados (más intereses) a la hacienda irlandesa. La sentencia responde al recurso planteado por la empresa de la manzana y el Gobierno irlandés que logran una importante victoria frente a los servicios de la competencia comunitarios, que dirige la danesa Margrethe Vestager.

La Comisión Europea lanzó su ofensiva contra Apple, por esquivar y minimizar el pago de impuestos en Irlanda, en junio de 2014 en el marco de la ofensiva contra los pactos fiscales selectivos de los Estados miembros -desde Irlanda hasta Holanda o Luxemburgo- con numerosas multinacionales que permitieron a estas últimas reducir el pago de impuestos. Tras una investigación en profundidad, a finales de agosto de 2016, el Ejecutivo comunitario anunció que el gigante estadounidense debía devolver un total de 13.000 millones en impuestos no pagados (más intereses) a la hacienda irlandesa.

Según determinaron entonces los servicios de la competencia comunitarios, los dos acuerdos fiscales ofrecidos por Dublín a la empresa de Cupertino, en 1991 primero y que estuvo en vigor hasta 2007 cuando fue reemplazado por una segunda resolución fiscal, permitieron a la compañía de la manzana reducir sustancial y artificialmente sus impuestos durante más de una década, entre 2003 y 2014, al pagar un impuesto de sociedades efectivo del 1% sobre sus beneficios europeos en 2003 y el 0,005% en 2014, lo que a juicio de Bruselas constituía una ayuda de estado ilegal incompatible con el mercado interior.

Las alegaciones de Bruselas, cuestionadas

Tanto Irlanda como Apple recurrieron la decisión ante la justicia europea, alegando que Bruselas había elegido deliberadamente un método de cálculo que maximizaba la cantidad a devolver y que malinterpretaba los datos y la legislación irlandesa, y pidieron su anulación. Este miércoles, los jueces europeos les ha dado la razón lo que debilita la posición de Bruselas ante el resto de casos pendientes y que afectan a otras multinacionales como Ikea. Según el Tribunal General, la Comisión Europea no ha demostrado de manera jurídicamente suficiente que los acuerdos fiscales escondieran ventajas económicas selectivas y, por extensión, ayudas públicas ilegales. 

Además, consideran que Bruselas concluyó “incorrectamente” en su primer diagnóstico que las autoridades irlandesas habían concedido una ventaja, como resultado de no haber asignado la licencia de propiedad intelectual al grupo Apple, y que no han demostrado la existencia de errores metodológicos en las resoluciones fiscales impugnadas que habrían llevado a una reducción de los beneficios imputables en Irlanda. “Aunque el Tribunal General lamenta la naturaleza incompleta y ocasionalmente incoherente de las resoluciones fiscales impugnadas, los defectos identificados por la Comisión no son, por sí mismos, una prueba suficiente de la existencia de una ventaja (según el artículo 107 del Tratado”, sostiene la sentencia que puede ser recurrida en un plazo de dos meses ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Satisfacción de Apple y Dublín

Tanto la multinacional estadounidense como el Gobierno de Dublín han recibido con satisfacción la sentencia. "Este caso no iba sobre cuánto pagamos sino donde teníamos que pagar. Estamos orgullosos de ser el mayor contribuyente fiscal del mundo", ha recordado la empresa. "Irlanda siempre ha dejado claro que no proporcionó un tratamiento especial a las dos empresas de Apple. Se cobró la cantidad correcta en línea con las reglas fiscales irlandesas", ha subrayado el ministerio de finanzas irlandés, que dirige el recién elegido presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.

La reacción de la Comisión Europea tampoco se ha hecho esperar. En un comunicado, la vicepresidenta Vestager ha recordado que respaldan plenamente el objetivo de que todas las empresas paguen la parte justa de impuestos y que estudiarán con cuidado la sentencia. "Si los Estados miembros otorgan a las empresas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales esto perjudica la competencia leal en la UE" y "también priva a las arcas públicas y a los ciudadanos de inversiones muy necesarias y todavía más en tiempos de crisis", ha advertido subrayando que seguirán examinando "la planificación fiscal agresiva" para evaluar si esconden ayudas de estado.