Cumbre de Londres

Acuerdo "histórico" en el G-7 para imponer un impuesto global a las multinacionales

Los ministros de finanzas del Grupo de los Siete alcanzan un pacto para consensuar nuevas reglas fiscales

Las claves del acuerdo fiscal internacional

G7 Finance Ministers meeting in London

G7 Finance Ministers meeting in London / ANDY RAIN

Ricardo Mir de Francia

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El mercado persa de la tributación internacional podría tener pronto nuevas reglas para garantizar que las grandes empresas pagan un porcentaje razonable por sus actividades en el extranjero y nutren las arcas de los países donde operan. Los ministros de Finanzas del G-7 han alcanzado un acuerdo para imponer un impuesto global a las multinacionales y frenar la carrera tributaria a la baja de las últimas décadas, que ha privado a los gobiernos de todo el mundo de miles de millones de euros en su recaudación fiscal. El compromiso, descrito como "histórico" por alguno de los países que lo han suscrito, está sin embargo lejos de ser el final del camino. Para hacerse realidad, tendrá que escribir todavía varios capítulos e involucrar a muchos más países que a los miembros del Grupo de los 7

Su trascendencia, en cualquier caso, es innegable. "Este es un acuerdo histórico para reformar el sistema tributario global", ha afirmado el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, tras presidir la reunión del G-7 celebrada en Londres. "Es algo de lo que llevamos hablando por lo menos 10 años. Y aquí hoy, por primera vez, hemos llegado a un acuerdo de principios tangibles sobre cómo deben ser esas reformas". El pacto no vinculante ha sido suscrito por Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Japón y Canadá, además de la Unión Europea. Y tiene dos pilares fundamentales para resolver dilemas fiscales hasta ahora intratables. 

El primero obligaría a las multinacionales a pagar en sus países de origen un 15% en impuestos por sus actividades en el extranjero, una medida que serviría para poner coto a las estratagemas de muchas de estas empresas, que tienden a aparcar su dinero en paraísos fiscales para eludir sus responsabilidades con el fisco. Ese porcentaje es inferior al 21% que demandaba inicialmente la Administración Biden, pero superior al que barajaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el organismo que ha liderado los esfuerzos para reformar la tributación internacional. 

El impulso estadounidense ha servido para desatascar la negociación tras los obstáculos que impuso Donald Trump, a lo que habría que añadir la necesidad de los gobiernos firmantes de aumentar su recaudación fiscal para hacer frente al masivo desembolso de fondos públicos para hacer frente a la pandemia. "La tasa mínima global acabará con la carrera a la baja en el impuesto de sociedades y asegurará la equidad para las clases medias y los trabajadores", ha dicho la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. De acuerdo con un estudio de Goldman Sachs, su país podría ser el país más beneficiado, dado que en la Unión Europea la mayoría de grandes empresas pagan como mínimo un 21% en impuestos.

Tasa digital

Más peliagudo para los intereses de la primera potencia mundial era la segunda parte del acuerdo, que obligaría a las multinacionales que obtengan "como mínimo un margen de beneficios del 10%" a pagar un 20% sobre sus beneficios allá donde operan y no solo donde tienen sus sedes. Esta cláusula está pensada para resolver el embrollo que rodea a los titanes tecnológicos como Facebook o Amazon y estaría supeditado a la suspensión de la llamada tasa digital, impuesta por países como Francia o Gran Bretaña, una tasa que EEUU ha combatido con uñas y dientes. El texto del comunicado del G-7 no especifica, sin embargo, las empresas que se verían afectadas.  

Este último compromiso ha sido celebrado como una victoria por varios países europeos. "Llevábamos cuatro años luchando en los foros europeos e internacionales, en el G-7 y el G-20, por un impuesto justo a los gigantes digitales y un impuesto mínimo global”, ha dicho el ministro francés, Bruno Le Maire. También desde España, el presidente Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo "histórico", que servirá para cumplir con el objetivo de "una mejor distribución de la riqueza y alcanzar mayores cotas de justicia social". 

Aumento de la recaudación fiscal

La primera reacción de los gigantes tecnológicos ha sido positiva. "Una solución multilateral ayudará a fomentar la estabilidad en el sistema tributario internacional", ha dicho un portavoz de Amazon, una de las empresas más señaladas por los bajos impuestos que paga globalmente. "Este acuerdo es un paso bienvenido para alcanzar ese objetivo". 

Un estudio reciente del Observatorio Fiscal Europeo sostiene que solo el impuesto global del 15% podría generar 48.000 millones de euros al año para los países de la UE y 41.000 millones para EEUU. Pero para llegar hasta allí las nuevas normas tendrán que ser ratificadas legislativamente por los países implicados, lo que no será necesariamente fácil. Países como Irlanda o Hungría han logrado atraer a grandes empresas internacionales con un impuesto de sociedades que ronda el 12% y son reticentes a alterar su modelo económico. "Cualquier acuerdo tendrá que satisfacer las necesidades de los pequeños y grandes países, de los desarrollados y en desarrollo", afirmó el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, al término de la reunión londinense. 

Ese es uno de los obstáculos. El otro pasa por convencer al grueso de la comunidad internacional para que adopte las mismas normas con el fin de evitar que las multinacionales trasladen sus sedes allá donde más baja sea su factura fiscal. Los líderes del G-7 esperan que este nuevo marco sea respaldado en octubre por el G-20, un grupo que incluye a pesos pesados de la economía internacional como China, Rusia y Arabia Saudí. Paralelamente se tratará de cerrar el acuerdo en la OCDE, que lleva años negociando con más de 130 países para reformar la fiscalidad internacional.

"Todavía queda un trabajo importante por hacer", ha dicho el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. "Pero esta decisión aporta un impulso notable a las discusiones en marcha, con las que buscamos un acuerdo final que sirva para garantizar que las compañías multinacionales pagan lo justo en todos lados".