El juez propone juzgar a Rodrigo Rato por corrupción en los negocios, delito fiscal y blanqueo

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado por concluida la instrucción de la causa relativa al patrimonio del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato y propone juzgarle por corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y delitos fiscales. En esta causa, en la que también están imputadas otras 13 personas y las empresas de publicidad Publicis y Zenith, fue en la que se vio esposado al exvicepresidente del Gobierno mientras se registraban sus oficinas en 2015.

En el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento en los sumarios), el magistrado da 20 días al ministerio fiscal y la Abogacía del Estado para presentar sus escritos de acusación. Este plazo suele alargarse por tratarse de la última oportunidad de los encausados para tratar de evitar el banquillo mediante los correspondientes recursos, una experiencia con la que Rato ya cuenta por su gestión al frente de Caja Madrid y Bankia, y que le supuso una condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas 'black'.

La causa sobre el patrimonio, que Rato trata de combatir presentándose como víctima de una investigación "extrajudicial", se divide en tres brazos: uno se refiere al pago por Bankia de más de dos millones de euros en comisiones, de los que él habría recibido más de 800.000 euros; otro, al blanqueo de casi ocho millones de euros mediante su entramado empresarial, y el tercero es por defraudar a Hacienda más de 3,6 millones de euros entre 2006 y 2015, aunque en dos de los ejercicios la cuota no llegó por poco a los 120.000 que se necesitan para que haya delito fiscal.

Publicidad de Bankia

El juez se remonta al nombramiento de Rato como presidente de Caja Madrid en enero de 2010 y explica que contrató como secretaria a María Teresa Arellano, cuyas funciones fueron aumentando hasta ser directora de coordinación de Presidencia y luego de Comunicación, cuando "consigue provocar la marcha" de hasta entonces directora, Pilar Trucios.

El auto, tan caótico como ha sido la instrucción, detalla que Rato contrata a la sociedad Lateralmente, de Alberto Portuondo, socio del administrador de varias de sus empresas, Miguel Ángel Montero Quevedo, para la comunicación de Caja Madrid. Y luego, a través de su empresa Kradonara 2001, firma con Albisa Inversiones, también de Portuondo, un contrato para repartirse las comisiones obtenidas con Publicis y Zenith.

Así, según la resolución, los 40.000 euros mensuales pactados "no se correspondían con una contraprestación real de servicios de consultoría, sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Albisa de las publicitarias Zenith y Publicis, en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia y obtenidos durante la presidencia de Rato de la entidad".

Para el juez "durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 Bankia contrató servicios de publicidad" con ambas empresas, "a cambio de una comisión de 2.022.153 euros, que ambas mercantiles abonaron a la sociedad Albisa Inversores y, esta, a su vez, en virtud del contrato de junio de 2011, transfirió a la sociedad Kradonara 2001 de Rato, 835.024 euros".

Blanqueo de capitales

Según Domingo Plazas, administrador de algunas empresas de Rato, casi todo ese dinero se destinó a Bagerpleta GMBH, dedicada a la explotación de un hotel en Berlín. El juez, además, cifra en "7.287.520 euros los introducidos en España" desde las panameñas Westcastle y Red Rose, a través de Vivaway, contralada por Montero Quevedo, y Kradonara.

De ellos, 3.697.773 son de origen desconocido, lo que "no obsta para que ingresen en el territorio nacional de esta opaca manera, recalando la mayor parte de los mismos en empresas y destinos propiedad o controlados por Rato". Una de esas empresas era Arada, a través de la que el director del FMI declaraba al fisco las conferencias que realizaba.