La CNMC abre un expediente a la ANC por fomentar el consumo en empresas soberanistas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra la Assemblea Nacional Catalana (ANC) por su "Campaña de Consumo Estratégico", impulsada en las redes sociales en el segundo semestre del año 2018, en la que abogaba por el consumo en empresas afines al soberanismo.

El regulador, que ahora dirige Cani Fernández, ha iniciado esta investigación tras la denuncia de Foment del Treball y después de que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 22 de octubre de 2020, determinase que la CNMC es el organismo competente para resolverla. Previamente, se había producido un conflicto de atribución de competencias sustanciado entre la CNMC y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que fue resuelto por la Junta Consultiva en materia de conflictos a través de un informe de 21 de febrero de 2020 y confirmado, posteriormente, por el Tribunal Constitucional en la sentencia de octubre en la que señala que declara que la titularidad para el conocimiento de dicho expediente corresponde a la CNMC porque dicha campaña "puede alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional".

La CNMC ha abierto ahora un expediente sancionador, lo que no prejuzga el resultado final de la investigación, al considerar que las razones de la campaña de la ANC se fundamentaban en "motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos, y podrían distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado".

La campaña, impulsada por las redes sociales, se ha desarrollado en varios ámbitos, según recoge la sentencia del Constitucional, que incluyen un total de noventa y dos ferias en distintas comarcas de Catalunya, 115 conferencias y una prueba piloto consistente en presentar mociones en los ayuntamientos de la comarca de Osona para que contraten con proveedores "estratégicos", aunque la herramienta más importante y en la que se focaliza la disputa, era la creación de una página web, que incluía un registro de proveedores y clientes con el fin de promocionar que los consumidores catalanes contrataran bienes y servicios como electricidad, gas, telefonía, carburantes, servicios financieros y de seguros, grandes superficies, etc. con empresas que reunieran "una serie de requisitos".

"En la página web solo podían inscribirse consumidores residentes en Cataluña y los proveedores que prestaran servicios en dicha comunidad. Aunque no consta que se exigiera la adhesión al ideario político de la ANC, sí queda acreditado que esta impulsó la campaña para promover un consumo ajustado a sus objetivos políticos", recoge la sentencia.