El Gobierno levanta el control financiero a la Generalitat

El Gobierno ha decidido levantar el control financiero especial y reforzado que se mantenía sobre las cuentas de la Generalitat desde el 2015. Así se lo ha comunicado el ministerio de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, a la Vicepresidència i Conselleria d'Economia, que dirige Pere Aragonès que, a la vez, ejerce de 'president' de la Generalitat en funciones.

Esta decisión, que da cumplimiento al acuerdo de ERC con el Ejecutivo para apoyar las cuentas del Estado para el 2021, era uno de los puntos en los que más insistía el Govern y que el Ejecutivo central se resistía a levantar, al menos mientras Quim Torra siguiera en la presidencia.

De hecho, a finales del 2018, en la primera y corta legislatura de Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda no era partidaria de levantar este control reforzado, tal como explicó en una entrevista en EL PERIÓDICO. La medida ha sido acordada en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, encabezada por la vicepresidenta tercera del Ejecutivo central, Nadia Calviño.

El levantamiento de estos controles se hará efectivo una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en ´"los próximos días", según algunas fuentes. Los mismos portavoces afirman que eso podría suceder la semana que viene a más tardar. Esta medida visualiza la sintonía existente en la actualidad entre ERC, capitaneada por Aragonès; y el Gobierno de Pedro Sánchez, que además de formar parte de la mayoría de investidura es ahora uno de los socios que ha permitido al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos sacar adelante las primeras cuentas públicas con las que se dejarán de prorrogar los Presupuestos del 2018 elaborados por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Giro estratégico

Estos controles financieros reforzados se pusieron en marcha durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Posteriormente, cono consecuencia de la convocatoria del referéndum del 1-O se acordaron otros aún más estrictos que culminaron con la intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución. Luego estas medidas de refuerzo se levantaron a la vez que lo hizo la intervención de Generalitat, que supuso también la destitución del Ejecutivo catalán. Pero las medidas de control iniciales, las del 2015, permanecían y aún siguen en vigor, a pesar de las reiteradas peticiones por parte del Govern. El giro estratégico encabezado por Aragonès en sus relaciones con el Gobierno central ha desembocado en este compromiso que será efectivo una vez publicado en el BOE y que situará a la Generalitat en plano de igualdad con el resto de comunidades autónomas.

Este control financiero se aplicaba exclusivamente a la Generalitat. Este control reforzado supone que el Ejecutivo catalán debe remitir mensualmente certificados de gasto por parte de interventor general, así como tramitaciones adicionales de información sobre su contabilidad y la de todo el sector público catalán, clasificada por programas presupuestarios. Con el levantamiento acordado, la Generalitat quedará exonerada de estas obligaciones que no afectan a ninguna otra autonomía y podrá aplicar el gasto de una manera más autónoma y similar a como lo hacía antes del 2015.

El Govern ha acogido la comunicación formal del Ejecutivo central con satisfacción y ha reiterado que siempre había considerado este control adicional "discriminatorio e injustificado". A la vez, desde la Conselleria d'Economia destacan que en los últimos años han llevado a cabo "una gestión cuidadosa, eficaz y eficiente" de las finanzas públicas. Es por todo ello que esta supervisión específica para Catalunya "no se sustenta en ningún argumento técnico o económico, sino que responde estrictamente a razones de carácter político e ideológico".

ERC alcanzó el acuerdo que incluía este compromiso a finales del mes pasado, cuando finalmente Ciudadanos se desmarcó, tras varias semanas de perseguir formar pare de un pacto para los Presupuestos.

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