Fondos europeos: ventanilla única, plazos más cortos y menos papeleo

El real decreto ley que ultima el Gobierno para garantizar la plena absorción de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos asignados a España incorpora una auténtica revolución de los procedimientos administrativos. El objetivo es que en los seis próximos años se pueda llevar a cabo una eficaz aplicación de estos fondos, con los que el Ejecutivo pretende impulsar la recuperación y modernización de la economía y de la sociedad tras la sacudida de la pandemia.

Las medidas incorporadas en el borrador del real decreto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO recortan plazos, agilizan trámites, eliminan cuellos de botella, reducen el papeleo, simplifican los mecanismos de control e introducen nuevas reglas de juego para la colaboración del sector público con las empresas privadas. 

El Gobierno prevé que ese real decreto ley esté aprobado antes de acabar el año y concede un mes, después de eso, para que cada ministerio elabore su propia planificación para encauzar la gestión de los fondos en forma de proyectos. A partir de ahí, toda la maquinaria se pondrá en marcha:

Portal web y ventanilla única

Se prevé la creación de un portal web único del Plan de Recuperación, como instrumento a partir del cual centralizar y canalizar la distribución de toda la información destinada a los distintos interesados. Este portal debe servir como "ventanilla única" del plan, facilitando las solicitudes y la tramitación de los procedimientos a los interesados, como punto formal de relación con la Administración. Además, ofrecerá un servicio de atención a las personas o entidades interesadas en participar en las convocatorias derivadas del instrumento de recuperación para Europa.

Proyectos estrella: los PERTE

En adelante, deberemos incorporar una nueva sigla al registro económico. Se trata de los PERTE, acrónimo de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Y constituye la nueva figura de colaboración público-privada que ha diseñado el Gobierno para encauzar los proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, que exijan la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigacion.

Se podría pensar, por ejemplo, en el proyecto para desarrollar la cadena de valor del coche eléctrico.  En todo caso, la declaracion de un proyecto como PERTE se realizará por acuerdo de Consejo de Ministros.

El borrador de real decreto ley prevé la creación de un registro público estatal de PERTE, en el que se inscribirán todas las entidades públicas y privadas vinculadas a cada proyecto. La entidad registrada en un PERTE será considerada preferente para la colaboración con todas las administraciones públicas en relación con el desarrollo de ese proyecto y para ser nominada por España para la participación en otros programas europeos. También tendrán acceso al cobro de subvenciones directas y se podrá cobrar por adelantado hasta el 90% de las cantidades del convenio.

Trámites administrativos más rápidos

Todos los procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de los fondos se declaran de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilizacion del procedimiento. 

Para ello, se elevan los umbrales económicos para recurrir a procedimientos abiertos simplificados, ordinarios y abreviados, de modo que resulten aplicables a un mayor número de contratos, para agilizar su tramitación. Además, se promoverá la elaboración de pliegos-tipo. 

También se reducen y simplifican todos los plazos y trámites de declaración medioambiental. 

Para encauzar la mayor carga de trabajo de los empleados públicos, el borrador de real decreto prevé la creación y modificación de puestos de trabajo relacionados con la gestión de los fondos, la contratacion de personal laboral, la reorganización del personal por departamentos y el establecimiento de complementos salariales vinculados al logro de objetivos para el personal adscrito a las unidades de gestión de estos los fondos europeos.

Subvenciones más fáciles

Se prevé la utilización del procedimiento de urgencia en la tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos, al tiempo que se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas.

Aemás, se prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva (a dedo), con cargo al Fondo de Recuperación, para aquellos casos que no requieran valoración comparativa con otras propuestas. En dichos supuestos se podrán dictar las resoluciones de concesión por orden de presentación de solicitudes, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

También se simplica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de las subvenciones para justificar la aplicación de las mismas.

Agencias estatales

El real decreto ley recupera la figura de las agencias estatales, como organismo público dotado de un mayor nivel de autonomía en la organización y de flexibilidad en la gestión. Esta figura fue suprimida formalmente en el 2015.

Convenios administrativos

Simplificación de los convenios de colaboración entre las administraciones públicas o con el sector privado. Se podría pensar, por ejemplo, en un convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica y empresas energéticas para desarrollar una red de electrolineras en todo el territorio. 

El borrador de real decreto ley suprime la preceptiva autorización de los convenios por el Consejo de Ministros, reducen plazos para la emisión de informes preceptivos, y establece que el convenio será eficaz desde el momento en que ambas partes presten su consentimiento, sin perjuicio de su publicación en el BOE. Además, permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejercutarse en el ejercicio siguiente u otros posteriores (por ejemplo, si la red de electrolineras empezará a desplegarse al año siguiento).  Se prevé también la posibilidad de percibir anticipos por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas, hasta el límite del 50% de la cantidad total a percibir.

Control del Consejo de Ministros

El borrador del decreto ley describe los instrumentos que, a juicio del Gobierno, deben garantizar la ágil ejecución y control de los fondos, así como la transparencia y coherencia de las actuaciones. El órgano máximo de decisión y control residirá en el Consejo de Ministros (después de haber desterrado la idea inicial de una comisión interministerial, de once departamentos, entre los que no se encontraba la Vicepresidencia Segunda, de Pablo Iglesias). Por debajo de este primer nivel, el esquema de gobernanza incluye un Comité Técnico; una Unidad de Seguimiento político y estretégico; y fondos y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados en el plan, con presencia de agentes sociales, sector privado y sociedad civil.

Se prevé reactivar la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades autónomas, que liderará la ministra de Hacienda, para encauzar el Plan de Recuperación en áreas tales como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente, que son competencias territoriales.

La Dirección de Fondos Europeos, integrada en el Ministerio de Hacienda, ejercerá como Autoridad de Gestión responsable ante las instituciones europeas de cara a la rendición de cuentas y el control del dinero europeo.

Compromisos plurianuales

Para flexibilizar la gestión, se propone autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores y se flexibiliza la asunción de compromisos plurianuales para cualquier tipo de expediente que se financie con estos fondos europeos. 

Del mismo modo, se podrá a la aprobación de los criterios de distribución de fondos para subvenciones gestionadas por las autonomías con carácter plurianual para permitir una mejor planificación de su gestión.

Además se flexibiliza la posibilidad de realizar pagos anticipados de los fondos comprometidos, con carácter previo a la ejecución y justificación de los proyectos, pudiendo llegar hasta el 50% de la cantidad total a recibir.

Fiscalización en cinco días

El régimen de fiscalización e intervención previa de estos proyectos gozará de prioridad, debiendo pronunciarse el órganos de control en el plazo de cinco días hábiles. Si por acumulación de expedientes no fuera cumplir este plazo de cinco días, se podrán aplicar técnicas de muestreo para la fiscalización e intervención previa de estos expedientes.

Evaluación medioambiental

En este capítulo, el borrador de decreto busca reducir los plazos. Así el plazo de elaboración del documento de alcance del informe ambiental pasa de tres a dos meses. El plazo de consultas previas a las administraciones afectadas, baja de 45 a 30 días hábiles. El de elaboración del estudio ambiental e información pública, baja de 15 a 12 meses. El órgano ambiental deberá formular su informe en el plazo improrrogable de tres meses y la publicación de las resoluciones deberá hacerse en un máximo de 10 días.

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