Sánchez abre a Iglesias y a todos los ministros el control de los fondos UE

Otro borrón en un proyecto estrella, destinado a ser el broche legislativo del enorme desafío que supondrá la gestión y ejecución del maná de 140.000 millones de euros llegados de Bruselas. Otro choque, y ya son incontables, entre socialistas y morados. Pedro Sánchez se vio obligado a rectificar el plan inicialmente previsto, la idea de la Moncloa de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quedara fuera del órgano —una especie de 'miniconsejo' de 11 ministros— que gobernará ese caudal de recursos. Al final, después de que el líder morado le mostrara su "enfado" por la decisión, el presidente dio marcha atrás: incorporó a Iglesias y todos los ministros a la gestión del fondo. 

El equipo del presidente y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llevaban tiempo trabajando en un real decreto ley anunciado hace semanas: el texto que permitirá deshacer los cuellos de botella y liberar proyectos de manera rápida para que esos 140.000 millones de euros no queden atrapados en la burocracia. El decreto, adelantado por la SER y al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, de 76 páginas, disponía la creación de cinco nuevos órganos de gobernanza. El primero de ellos, como rezaba el artículo 14, era la Comisión para la Recuperación, dirigida por Sánchez y en la que, según el documento, participarían los 11 ministros de las áreas del Gobierno más concernidos con la ejecución de los fondos. De esos 11, solo uno, Yolanda Díaz, titular de Trabajo, pertenecía a Unidas Podemos. Los demás eran los responsables de las carteras económicas, además de los ministros de Educación o Sanidad. 

En el texto, de los 11 ministros afectados, solo una era de UP, Yolanda Díaz

Iglesias sabía desde hace una semana, según confirmó su entorno, que quedaba fuera del corazón de gestión de los fondos europeos. Pero su equipo económico, encabezado por el secretario de Estado Nacho Álvarez, le convenció de que debía pedir la entrada en él, porque las ayudas comunitarias tocan materias de su directa competencia, como la cohesión social. El vicepresidente segundo lo abordó directamente con Sánchez en la reunión de 'maitines' del lunes, según indicaron fuentes moradas, y el líder socialista aceptó. Pero esa rectificación no apareció plasmada en el documento que circuló rápidamente por los medios y que, según explicó tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no era más que un "borrador". Ese punto era cierto, puesto que el texto no había llegado a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, órgano que preside Calvo y que ejerce de filtro previo de los asuntos que se discuten en el Consejo de Ministros. Es decir, que podía sufrir cambios, como así sucederá.

"Ámbito natural"

"El presidente ya había decidido hace unos días que en vez de abordarse en una comisión interministerial", como él mismo había anunciado, "prefirió que el ámbito natural estuviera en el entorno del Consejo de Ministros". Y dio la "instrucción expresa" de que las decisiones se residenciaran en el conjunto del Gabinete. Una fórmula mucho menos operativa pero que le permite respetar el ya malherido equilibrio con Podemos. No obstante, fuentes gubernamentales indican en que la lógica obliga a que se creen grupos de trabajo más pequeños de los que participen varios ministros según el proyecto. "Hace siete días el presidente dijo que quería a todo el Consejo al frente de los fondos. No es Pablo, quiere a todos y en la Moncloa seremos el secretariado, como estaba previsto", indican en el círculo del jefe del Ejecutivo.

La portavoz apunta que se apurará el plazo para ampliar el no a los desalojos y la enmienda ya "no tiene sentido"

De cualquier modo, Sánchez resolvió la nueva minicrisis de la coalición en tiempo récord. También está encarrilado, pero no rematado, otro asunto que enfrenta a los socios: la prohibición de los desahucios más allá del 31 de enero de 2021. Montero indicó que será el Ejecutivo el que aborde esta cuestión cuando se aproxime la fecha de vencimiento, y por tanto "no tiene sentido" la enmienda a los Presupuestos pactada por UP, ERC y Bildu.

Hay una norma "plenamente vigente", sostuvo Montero, y quedan más de dos meses para cerrar un acuerdo que pase por prorrogar la norma todo el periodo que dure la alarma, o por incorporar "algún elemento que pueda resultar de interés" para mejorarla.

Pasó en la primera ola

En esta ocasión, por tanto, el presidente no ha querido que la serpiente culebreara más y ahondase la brecha. Pero esta controversia, la disputa por quiénes se sientan en las plazas de mando, ya se suscitó en la primera ola de la lucha contra el covid. Sánchez hizo descansar la toma de decisiones en cuatro ministros de su confianza —los de Defensa, Interior, Sanidad y Transportes—, aunque luego amplió el órgano para dar entrada a Iglesias y reequilibrar las fuerzas. Pero en aquel momento la visibilización del malestar de los morados no fue tan elocuente ni la rectificación tan veloz. 

Montero explica que Sánchez decidió "hace unos días" pasar de la interministerial al Consejo de Ministros

En realidad, y como reconocen también en Unidas Podemos, Sánchez decidió desde el principio, desde que el Consejo Europeo acordó el bazuca de 750.000 millones de euros, entre transferencias y préstamos —de ellos, 140.000 asignados a España—, que el control de los fondos recaería en él mismo y en su equipo en la Moncloa. Desoyó la petición del PP de crear una agencia pública —órganos además en extinción por una ley del Gobierno de Mariano Rajoy de 2015— y se mantuvo en su idea de ser el primer y el último eslabón. 

Ese diseño se plasmaba en el borrador que Montero interpretó como "no definitivo" pero que sin embargo sí lo era para Unidas Podemos, hasta tal punto de que fue el que levantó su malestar. En la 'non nata' Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia estaba prevista la participación de diez ministerios de la órbita del PSOE (Asuntos Económicos; Transición Ecológica; Hacienda; Transportes; Educación; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura; Ciencia y Sanidad) y uno de Unidas Podemos, el de Trabajo, comandado por Díaz.

Además, según el borrador, la comisión tendría como órgano de asistencia y soporte un Comité Técnico. En tercer lugar, se constituiría una Unidad de Seguimiento, a partir del Departamento de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno, que dirige <strong>Manuel de la Rocha Vázquez</strong>, que también se encargaría de las relaciones con el sector privado. Según el texto normativo, esta unidad, que proporcionará información continua al presidente del Gobierno, realizará "un seguimiento político y estratégico" del plan, en coherencia con las reformas estructurales programadas. De la Rocha depende orgánicamente del director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo.

Crucial por el contenido

El decreto prevé la puesta en marcha de foros y consejos consultivos de alto nivel en los principales sectores implicados en el plan. Dichos foros servirán de espacios de debate, información, asesoramiento y seguimiento de los programas y proyectos en los que están llamados a participar los departamentos ministeriales al más alto nivel, junto a representantes del sector privado, agentes sociales, colectivos y sociedad civil. El quinto instrumento es la reactivación de la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades y ciudades autónomas, que "liderará la ministra de Hacienda, con el objetivo de canalizar la gobernanza multinivel territorial". 

Se limita a cinco días el plazo para fiscalizar las operaciones

Pero más allá de los órganos de gobernanza, que en sus líneas maestras ya estaban delineados, a falta de la composición de la Comisión para la Recuperación, el decreto tiene mucha relevancia por su contenido. Así, prescribe que el Gobierno elaborará una programación anual de proyectos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50% de su importe en la fase preparatoria. Se recuperará la figura de las agencias estatales, para agilizar la gestión. Se reducirán a la mitad los plazos de tramitación. Se limita a cinco días el plazo para la fiscalización de las operaciones, que corresponderá a la Intervención General del Estado. Y se creará un portal web que también actuará como ventanilla única para la solicitud y tramitación de los procedimientos.

Otra de las novedades más importantes del decreto es la introducción de una nueva figura de colaboración público-privada, los bautizados como "proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica" (PERTE), para canalizar los proyectos de carácter estratégico de forma ágil. Esta figura se diseña con vocación de permanencia, más allá de la gestión de los fondos europeos, "para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una gestión ágil", según el borrador.

La aprobación del  nuevo decreto por parte del Consejo de Ministros no está prevista hasta después del 11 de diciembre, fecha en que se celebrará el Consejo Europeo de fin de la presidencia semestral de Alemania. La aprobación del decreto español debe ser posterior, en todo caso, a la del reglamento que debe sacar adelante el Parlamento Europeo sobre el fondo de reconstrucción.

En la Moncloa, daban este martes la grieta por cerrada. Porque lo importante para el presidente, alegaban, es que la estrategia de vacunación ya está aprobada y los Presupuestos, más que encarrilados, al haberse despejado el apoyo de ERC, PNV y Bildu.