Relaciones laborales

Trabajo reclama 800.000 euros a UberEats por emplear a 1.400 falsos autónomos

Inspección de Trabajo abre actuaciones en Barcelona y Madrid contra el modelo laboral de la multinacional, como ya hizo en los casos de Glovo, Deliveroo o Amazon

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Gabriel Ubieto

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La Inspección de Trabajo estrecha el cerco contra el empleo de falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto. Y Uber Eats no ha sido ajena a las actuaciones de la ‘policia laboral’. La multinacional adeuda a la Seguridad Social un total de 817.439 euros por operar con 1.427 repartidores en situación fraudulenta en dos ciudades de España, según ha la información a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que ha confirmado la propia compañía. Las actuaciones tuvieron lugar en el 2019 en las ciudades de Barcelona y Madrid, tras denuncias de UGT y trabajadores afectados, y la compañía ha presentado recurso contra las mismas ante los tribunales. Las actuaciones de la Inspección llegan a las puertas de una nueva legislación laboral sobre el trabajo en plataformas que ultima el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Uber Eats, sobre la que hasta ahora no habían trascendido inspecciones, se suma así a compañías del sector como GlovoDeliveroo o Amazon que entre todas suman más de 23 millones de euros adeudados al erario público por emplear a más de 17.500 falsos autónomos en las principales ciudades de toda España; según datos recopilados por EL PERIÓDICO. La 'policía laboral' considera que los ‘riders’ de Uber Eats debieran ser asalariados, por lo que la compañía debería asumir un mayor coste social y por ello le reclama cotizaciones atrasadas. Estas suman, de momento, 817.439 euros y están pendientes de ratificarse judicialmente.

A criterio de los jueces

Fuentes consultadas de Uber Eats reafirman la confianza en su modelo empresarial y consideran que sus repartidores no operan como falsos autónomos. "Colaboramos con la inspección de trabajo para clarificar todos los aspectos de nuestro modelo en España. Uber Eats no establece turnos de trabajo o horas mínimas de conexión, ni tampoco exige exclusividad de ningún tipo. Los repartidores trabajan donde y cuando quieren, y para dejar de hacerlo solo tienen que apagar su aplicación", afirma un portavoz de la compañía. Este último punto, el de la ausencia de prereserva de unas franjas horarias (que la empresa puede denegar) es la principal diferencia respecto a Glovo o Deliveroo. 

El modelo laboral de UberEats tiene sus particularidades y los jueces deberán ratificar la decisión de los inspectores de Trabajo, que tienen presunción de veracidad. No obstante, en todas las inspecciones realizadas hasta la fecha en las distintas plataformas y en gran parte de la jurisprudencia disponible, el peso del algoritmo en la asignación de pedidos y en la organización del trabajo es un elemento central para argumentar la laboralidad de la relación. Es decir, el repartidor no tiene ninguna influencia ni poder de decisión sobre el algoritmo y ello le veta la autonomía, según han argumentado jueces e inspectores. 

Modelo laboral en tela de juicio

La multinacional con sede en San Francisco comenzó a operar el ‘delivery’ en España en Barcelona. Arrancó, fugazmente, en el 2015; pues no fue hasta el 2017 cuando abrió de manera estable su actividad de reparto; primero en Madrid y luego en otras grandes ciudades. UberEats ocupa en España una cuota de mercado minoritaria en el negocio del reparto de comida a domicilio, comparada con las mayores facturaciones de Glovo y, en menor medida, Deliveroo, según los últimos datos de la CNMC del 2018. Mientras Glovo mueve entre el 30 y el 40% de los pedidos, Deliveroo y Uber Eats reparten, cada uno, cerca de un 10%.

El líder del mercado es Just Eat, con otro tipo de modelo laboral. La compañía fundada en el 2001 en Dinamarca ha operado hasta ahora como intermediario entre los restaurantes y empresas subcontratadas que tienen a sus repartidores como asalariados. Just Eat ofrece a los restaurantes los servicios de reparto, que consigue contratando a una empresa de servicios. Esta semana Just Eat anunció que empezaría a proveer con repartidores contratados directamente, pero no ha transcendido ni la flota que para ello precisará, ni las condiciones laborales de los empleados.

Just Eat y Glovo mueven, cada uno, el 40% de los pedidos, frente al 10%, cada uno, de Deliveroo UberEats

El menor número de repartidores de UberEats explica, en parte, por qué las cuantías requeridas por la Seguridad Social son sustancialmente menores. Y pese a que su modelo laboral mantiene algunas diferencias respecto al de sus competidores, también se encuentra inmerso en procesos judiciales con la Seguridad Social. No será hasta que estas actuaciones se eleven hasta el Tribunal Supremo (o la empresa deje de recurrir) cuando la sentencia pueda ser firme y la compañía debiera abonar las cuantías, si el fallo le es desfavorable.

Es lo que ha pasado con multas de mayor índole, como los 16,2 millones que acumula Glovo o los 6,15 millones de Amazon. Estos todavía están en instancias menores y las empresas no están, de momento, en la obligación de pagarlos. Y, en consecuencia, pueden seguir operando bajo el mismo modelo laboral. En el caso de Deliveroo, la firma de origen británico tiene, como mínimo, dos inspecciones cerradas ya en Barcelona (con 741 'riders') y en Madrid (532 'riders') y que están actualmente en revisión judicial. Sobre las mismas no han trascendido cuantías, que, por proporción, serían millonarias.

Si bien ninguna actuación de Inspección ha llegado todavía al Tribunal Supremo, sí lo ha hecho el caso de un repartidor de la empresa Glovo. Los magistrados del alto tribunal dictaminaron que el ‘rider’ operaba como falso autónomo, decisión que asienta precedente para el resto de instancias; aunque no todavía jurisprudencia. Actualmente el Ministerio de Trabajo negocia con patronal y sindicatos como ‘volcar’ las reflexiones de esa sentencia en una nueva ley del trabajo en plataformas. Esta, entre otras cosas, pretende acelerar los procesos judiciales en el caso de que futuros trabajadores de una empresa de plataformas, se dedique al reparto o a otro menester, denuncien una supuesta irregularidad y consideren que debieran ser asalariados, no autónomos.

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