Sánchez renueva el frente común con los agentes sociales para su Plan de Recuperación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha citado este lunes en Moncloa a patronal y sindicatos para inaugurar la mesa de diálogo social centrada en lo tocante a la gestión de los fondos europeos y los proyectos de reconstrucción poscovid. El Ejecutivo busca una vez más la complicidad con los agentes sociales para ofrecer una imagen de unidad entre el Gobierno y el mundo socioeconómico a sus socios europeos. El mismo día que el veto (de momento) de Hungría y Polonia al presupuesto plurianual del Unión Europea (UE) deja en el aire la incipiente hoja de ruta perfilada por el Gobierno y que a partir de este lunes comparte con los agentes sociales

Patronal y sindicatos hace tiempo que insistían al Gobierno en poder entrar a decir la suya en la gestión y distribución de parte de esos 142.000 millones de euros anunciados desde Bruselas para reconstruir la economía poscovid. Y este lunes Pedro Sánchez les ha abierto la puerta en Moncloa para ello, con foto de familia obligada y en un encuentro más "formal" que dado a las concreciones. La patronal ha salido de la reunión urgiendo al Gobierno para que aumente los recursos para las empresas, especialmente vía transferencias directas y no tanto a través de avalar créditos. Y los sindicatos no acaban de despachar la sombra de que los millones que vengan de Europa estén condicionados a no derogar (o no ir tan lejos como las centrales gustarían) la reforma laboral del PP.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, no ha despejado del todo las dudas ni de unos y otros en su rueda de prensa posterior a la reunión en Moncloa. Sobre ese plan de choque para las pequeñas y medianas empresas que le han pedido desde CEOE no ha dado detalles, más allá de que desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se está negociando con las comunidades autónomas y los municipios para movilizar recursos y que se contemplan "distintas alternativas". "Será anunciado cuando tengamos un plan claro por parte del Gobierno", ha sentenciado. Para el 'mientrastanto', el Ejecutivo aprobará este martes en Consejo de Ministros una extensión del periodo de carencia de los créditos ICO.

Y para la bancada sindical tampoco ha sido meridiana la vicepresidenta económica, poco entusiasta de desarticular toda la herencia del PP en materia laboral. "No hay una condicionalidad negativa, no hay una posición por parte de la comisión estos recursos exijan tocar o no la reforma laboral o la reforma de las pensiones", ha declarado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. A lo que Calviño ha manifestado que "no cabe plantear esta cuestión en términos de condicionalidad". Los fondos están para "mirar hacia el futuro", según ha afirmado.

El proyecto de Presupuestos sigue

Lo que sí ha dejado claro la vicepresidenta económica de Pedro Sánchez es que el revés anunciado este lunes por Hungría y Polonia no trunca el contenido y los tiempos del anteproyecto de Prespuestos Generales del Estado que están en trámite. Pues parte de los fondos europeos de la reconstrucción los pretende avanzar el Ejecutivo, financiarlos vía deuda pública y luego recuperarlos una vez la UE abra el grifo a partir del 2021. "El proyecto de Presupuesto sigue su trámite, […] esperamos que esta situación se resuelva, es urgente que se apruebe el marco financiero", ha declarado.

La nueva mesa de diálogo social que han inaugurado este lunes Sánchez y los agentes sociales canalizará todas aquellos debates sobre las medidas adoptadas para reactivar y reconstruir la economía tras el impacto de la pandemia. La patronal y los sindicatos han coincidido en manifestar que los planes de formación profesional y las inversiones para reindustrializar el tejido productivo español deben ser puntos prioritarios de cara al despliegue de los fondos europeos. Las diferencias entre las partes quedarán más retratadas en próximas reuniones, cuando Gobierno y agentes sociales vayan entrando en materia.  

Las escalinatas de Moncloa han vuelto a escenificar esa imagen de entente con los agentes sociales que lleva cultivando el Gobierno desde que comenzó la legislatura, y especialmente desde la llegada del virus. Ya se produjo en el mismo escenario el pasado 3 de julio, tras la segunda prórroga de los ertes, con la firma de "Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo". En aquella ocasión las partes estamparon su firma en un documento en el que se recogían gran parte de las medidas acordadas en el ámbito tripartito hasta ahora (como los ertes), algunas que se pactaron posteriormente (como la nueva ley del teletrabajo) y otras que están negociándose en la actualidad (como la modernización de las políticas activas de empleo).

Hasta ahora el entente entre el Gobierno y los agentes sociales ha sido la tónica dominante, con acuerdos prepandemia como la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros, o acuerdos ya en pandemia como cuatro prorrogas de los ertes o una nueva ley del teletrabajo. El único momento en el que el consenso unánime en el diálogo social no fue posible fue con la aprobación de los reglamentos para desplegar las nuevas leyes de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Ahí la CEOE se levantó de la mesa en el último momento. En el diálogo social, no obstante, faltan por abordar negociaciones espinosas donde el acuerdo tripartito será complicado, como la contrarreforma laboral que pretende el Ejecutivo para suprimir varios aspectos de la herencia del PP.

CEOE pide aglizar la distribución de fondos europeos

La CEOE, en paralelo, pergreña sus propias gestiones, como una propuesta de 15 macroproyectos de empresas españolas para postular a financiación europea; así como una propuesta de reforma legislativa para agilizar el trámite de la distribución de los fondos. Una de sus máximas preocupaciones, tal como ha destacado su presidente, Antonio Garamendi, es que la Administración y las empresas tengan la capacidad de agotar los millones asignados desde Europa. Pues, hasta ahora, parte de los fondos ordinarios asignados no se han aprovechado al máximo, debido a diferentes motivos, desde una falta de proyectos válidos, hasta una incapacidad para tramitar la documentación en tiempo y forma.

La CEOE precalentó la reunión de este lunes con su propuesta, hecha pública el domingo, para modificar parte de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de agilizar la distribución de fondos europeos Next Generation EU que recibirá España para el Plan de Recuperación económica. Esta es la medida que la patronal de empresarios ha propuesto finalmente en el grupo de trabajo que la CEOE constituyó, en el seno de la Comisión Legal, a principios de octubre, para acelerar los procedimientos para canalizar estos recursos hasta el sector privado y flexibilizar los instrumentos de colaboración público-privada.

Según la CEOE, España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años provenientes del Plan Europeo de Recuperación, lo que constituye un "importantísimo reto de gestión". El propio Plan 'España puede' ya advierte de posibles 'cuellos de botella' operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación.

Por tanto, para maximizar el impacto de estos fondos es "fundamental", según la patronal, eliminar dichos 'cuellos de botella' y las trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones, para lo cual propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones.