Trabajo y los agentes sociales encaran las negociaciones de la nueva Ley Rider

Amazon se ha convertido esta semana en el último gran nombre de la 'gig economy' en añadirse a la lista negra de Inspección de Trabajo en cuanto a falsos autónomos se refiere. La nueva economía lleva años chocando con la normativa laboral vigente y el Ministerio de Trabajo inicia la próxima semana la negociación con patronal y sindicatos para elaborar una nueva ley que regule el trabajo en plataformas digitales. La ministra Yolanda Díaz busca con la ‘Ley Rider’ reforzar las herramientas de los tribunales e Inspección de Trabajo para blindar los derechos laborales de los trabajadores en este tipo de empresas.

Unos 15.000 repartidores operan actualmente para las plataformas digitales de reparto y los sectores favorables a que trabajen como autónomos aprietan para no pasar a una relación laboral de asalariados, sino a crear una nueva figura de trabajadores por cuenta propia con una mayor protección social. Pues defienden que la nueva regulación amenaza miles de esos puestos de trabajo. Deliveroo difundió una encuesta esta semana en la que afirmaba que la mitad de los 'riders' dejaría de colaborar con las plataformas si fueran obligados a hacerlo como asalariados y que el 90% ve muy difícil o casi imposible acceder a otra fuente de ingresos si esto llegara a ocurrir. 

Un planteamiento que no encaja con los planes de Trabajo y los postulados de los sindicatos más representativos; preocupados a su vez por el agujero que para la Seguridad Social suponen estos modelos. Pues los autónomos cotizan una ínfima parte de lo que deberían como asalariados. Detrás de la negociación que arranca esta próxima semana están dos años de actuaciones de Inspección y juicios, que culminaron el mes pasado con la primera sentencia del Supremo sobre un repartidor de Glovo: actúan como falsos autónomos, dictó el alto tribunal.

Más de dos años de inspecciones y juicios

La última intervención de la ‘policía laboral’ en Amazon destapó 4.066 falsos autónomos y levantó requerimientos de pagos a la Seguridad Social por valor de 6,15 millones de euros. Una de las claves de este modelo es que la empresa asume un menor coste y responsabilidad en la prestación del servicio. El argumentario utilizado por los inspectores en estas últimas actas, levantadas a raíz de denuncias de UGT, tira de las decenas de sentencias dictadas contra Glovo o Deliveroo en todo el territorio.

"En este modelo la ineficiencia del sistema la paga el repartidor. No es tanto porque no se pueda preveer el flujo de pedidos, sino porque las ineficiencias que tiene y el coste tan barato que quieren dar en reparto los acaba asumiendo el trabajador”, apunta el secretario de políticas sectoriales de UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas. "Todo este trabajo de Inspección permite que resolver estos temas judicialmente sea mucho más sencillo, otra cosa es que las plataformas van a entorpecer con multitud de recursos", añade. "Lo que requerimos es una actuación decidida de la autoridad laboral para frenar esto sin que todo tenga que ir a denuncia", insiste.   

Los modelos de negocio de Amazon, Glovo o Deliveroo se nutren de un alto volumen de pedidos y una elevada masa de personas dispuestas a asumirlos. El riesgo que ven tanto desde Trabajo, como desde los sindicatos, es que este esquema de organización se replique a escalas más pequeñas. La extensión del teletrabajo y la digitalización de muchas tareas preocupa y de ahí el acelerón que buscan darle desde el departamento liderado por Yolanda Díaz para vetar por ley estas prácticas.