Los propietarios critican las incertidumbres creadas con la nueva ley catalana del alquiler

La ley de regulación del precio de los alquileres ha desatado las críticas de los propietarios y abierto un periodo de incertidumbre hasta conocer si el Gobierno recurrirá la norma aprobada por el Parlament ante el Tribunal Constitucional. La ley prevé obligar a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", considerándose como tales los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales. En el caso de que fuese el Gobierno el que recurriese la normativa al Constitucional, ésta quedaría inmediatamente suspendida y no entraría en vigor. Si es el PP quien la recurre se debería esperar a un pronunciamiento por parte del alto tribunal.  

La patronal Foment del Treball considera que la ley aprobada es "una gran decepción para el conjunto del sector inmobiliario", y un "error mayúsculo", que perjudicará a todo el sector de la construcción de viviendas y "amenazando la actividad económica hasta llegar a la parálisis", con el riesgo de provocar una contracción de la oferta. Foment destaca que el texto legal aprobado vulnera la Constitución y el Estatut en 18 puntos de su articulado. Pese a que considera que esta ley no se podrá aplicar nunca, por las dudas legales y un previsible recurso al Constitucional por parte del Gobierno, su propia aprobación tiende a crear incertidumbre en el sector inmobiliario. 

Para la asociación de propietarios Asval, la aprobación de la ley va a "fomentar el mercado negro de alquileres". "La Administracion debe dar una solución habitacional y establecer sistema de ayudas a los inquilinos más vulnerables en vez de aprobar una medida populista que no solucionara nada y generará efectos contrarios al deseado: desequilibrios , más dificultad de acceso para los más vulnerables", concluyeron. Para esta asociación de propietarios, "se ha manipulado  la experiencia en otras ciudades de esta medida para encubrir las intenciones de los populistas, cuando se ha demostrado que el control de precios no ha sido la solución a los problemas del alquiler en ciudades como Berlín o Paris".

En fuentes de la firma Idealista, aseguraron que "se trata de una pésima noticia para el sector inmobiliario catalán" que crea "un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los propietarios, que probablemente esperen a la resolución judicial para sacar sus viviendas al mercado". Según su visión "es previsible que la oferta disponible en el mercado catalán se reduzca significativamente lo que empeorará las condiciones de acceso a aquellos que estén buscando una vivienda en alquiler".

Para Pisos.com, "la regulación de los alquileres en Catalunya se ha decidido de espaldas al sector y genera incertidumbre". Para Ferran Font, director de estudios, el "limitar las rentas no es la solución, hay que aumentar la oferta y ayudar a la demanda. La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas".

Frente a estas voces críticas, las entidades que apoyan la aprobación de la ley se mostraron conformes con el consenso parlamentario alcanzado, al considerarlo un paso clave para frenar la especulación y el alza de los precios en la ciudades.