California pone contra las cuerdas a empresas de la 'nueva economía'

El estado de California es un laboratorio de innovación pero también de regulación y los ojos de todo Estados Unidos están puestos allí conforme avanza una propuesta de ley que puede poner contra las cuerdas a empresas de Silicon Valley que han contribuido a crear la llamada “nueva economía”. La normativa pretende obligar a las compañías basadas en aplicaciones como Uber, Lyft o la firma de repartidores DoorDash a tratar a sus trabajadores como empleados y no como subcontratistas autónomos.

La ley, conocida como AB5, y que obliga al trato de empleado si la empresa tiene control sobre cómo los trabajadores ejercen sus tareas o si su trabajo es parte del negocio regular de una compañía, fue aprobada el martes por el Senado estatal. Se espera su ratificación esta misma semana en la Asamblea y el gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom, ha anunciado que respaldará con su firma la normativa, que entraría en vigor el 1 de enero. En una entrevista con 'The Wall Street Journal', no obstante, Newsom también ha asegurado que sigue “personalmente involucrado” en negociaciones con las empresas independientes de la ley.

Han sido legisladores demócratas quienes han impulsado la nueva regulación, que trata de luchar contra la inseguridad y la precariedad laboral y garantizar prestaciones y protecciones como salarios mínimos, seguro de desempleo o cobertura sanitaria para los trabajadores, de conductores a repartidores pero también trabajadores de construcción, músicos, esteticistas, conserjes o dueños de franquicias.

Reverberaciones en todo el país

El avance de su propuesta “podría tener reverberaciones en todo el país”, según le ha declarado a 'The New York Times' David Well, que fue alto cargo en el Departamento de Trabajo durante la Administración de Barack Obama. Una iniciativa similar lanzada con el respaldo de una coalición  sindical progresa en Nueva York y lo que suceda en California podría impulsar la resurrección de iniciativas similares que fracasaron en los estados de Washington y Oregón.

Las empresas afectadas, pese al voto en el Senado, no van a cejar en sus intentos para lograr exenciones de una ley que critican como contraproducente. Aseguran que reducirá la flexibilidad de los trabajadores, empeorará el servicio y subirá los costes. “Los trabajadores quieren una solución considerada que equilibre flexibilidad con ingresos y beneficios”, criticó, por ejemplo, Adrian Durbin, un portavoz de Lyft. Esta empresa, junto con Uber y Lyft, esta detrás de una inversión de 90 millones de dólares en una campaña para tratar de sacar adelante el año que viene en referendo una iniciativa que les eximiría de regulaciones como la AB5.

Divisiones demócratas

La normativa ha provocado divisiones dentro del movimiento laboral, con los empleados más nuevos cuestionando la potencial pérdida de flexibilidad y los más antiguos centrados en luchar contra la precariedad y por el derecho a organizarse. Asimismo, ha mostrado brechas entre los políticos demócratas más progresistas y los más cercanos al aparato del partido. Varios antiguos altos cargos de la Administración de Obama tienen puestos de asesoría en negocios de Silicon Valley como Uber y Lyft y representantes del ala progresista como Alexandria Ocasio-Cortez han cuestionado su trabajo para esos gigantes.

La cuestión también ha dividido en esas mismas líneas a los candidatos demócratas en la carrera presidencial, una lucha por la nominación en la que en 2020 California tendrá un papel más relevante al haberse adelantado sus primarias.