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privatización fallida

El Govern no descarta pedir autorización judicial para controlar ATLL

El Ejecutivo catalán esperará a la resolución de un pleito planteado por Acciona, que encabeza la concesión, antes de seguir con el desahucio

Agustí Sala

El Govern no descarta pedir autorización judicial para controlar ATLL

Más madera y polémica. El Govern prevé pedir autorización judicial para tomar el control de la antigua Aigües Ter Llobregat (ATLL) si la sociedad concesionaria,encabezada por Acciona, no entrega las instalaciones. Así lo ha manifestado el 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Pere Aragonès, durante una comparecnecia en el Parlament junto al titular de Territori, Damià Calvet.

La concesión, la mayor privatización acometida por la Generalitat en toda su historia, quedó anulada por una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que culminó una batalla judicial de seis años. Tras ese final, el Govern acordó retomar la gestión pública de ATLL, para lo que constituyó una nueva sociedad denominada ATL, que debía tomar el control desde el pasado 1 de enero de 2019.

Acciona y sus socios, que han acusado al Ejecutivo catalán de actuar de forma ilegal, han acudido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para evitar tener que entregar la gestión de esta empresa antes de que se efectúe la liquidación del contrato de gestión del servicio.

Tras una primera liquidación en la que les exigía a la concesionaria el pago de 34,8 millones de euros, la Aministración Catalana se avino a abonar 53,8 millones, que siguen estando a mucha distancia de los más de 1.000 millones que reclaman Acciona y sus socios. 

De la cantidad total que exige Acciona, hay 305,2 millones que corresponden a la indemnización prevista en el contrato de concesión, según Acciona. La propia Generalitat hizo en sus cuentas del 2015 una dotación de un importe similar que suprimió en presupuestos posteriores. 

La Generalitat presentará a Acciona una tercera propuesta de resolución del contrato de gestión que incluirá "nuevos conceptos a compensar a favor de la empresa" para evitar que se considere que hay "enriquecimiento injusto" por parte de la Administración catalana, según el 'conseller' Calvet.

Aragonès ha explicado que el 5 de febrero se ha convocado una vista ante el TSJC para resolver la petición de cautelares hecha por la concesionaria, y que el Govern "esperará a la resolución del procedimiento judicial", pero a continuación ha remarcado que se pedirá autorización judicial si Acciona se niega a entregar la gestión.

Tanto Aragonès como Calvet han insistido en varias ocasiones en que el contrato de adjudicación de la gestión de ATLL a un consorcio encabezado por Acciona es "nulo de pleno derecho" porque así lo ha determinado la justicia, por lo que "es falso" que el Govern tenga una "voluntad confiscatoria", han añadido. La concesionaria afirma, en cambio, que la justicia considera el contrato anulable, per no nulo, lo que supone que surtió efectos durante su duración y tiene derecho a ser compensado.   

"Después de las sentencias, Acciona no dispone de ningún título jurídico válido", ha asegurado Aragonès, que ha afirmado que de los 1.077,7 millones en los que están valorados los activos no corrientes de esta empresa pública, un total de 1.037 son "propiedad" de la Generalitat y el resto corresponde a obras ejecutadas por la concesionaria.