Los inversores de ATLL acusan al Govern de actuación "ilegal"

El socio extranjero de Acciona en la empresa ATLL, inmersa en un accidentado proceso de devolución a la Generalitatdevolución Generalitat, ha estallado. Pioneer Point Partners, en un comunicado, afirma que el Govern actúa en este proceso de forma "injusta, ilegal e incluso de forma fruadulenta".

La de ATLL fue la mayor privatización acometida por la Generalitat, con un valor de unos 1.000 millones de euros, y que fue anulada por el Tribunal Supremo tras una larga batalla judicial iniciada por el otro licitante, Aigües de Barcelona (Agbar).

El pronunciamiento se produce tras presentar de nuevo alegaciones a la segunda propuesta de resolución del contrato en el que el Ejecutivo catalán admite el pago de 53,8 millones de euros a la concesionaria en vez de reclamarle los 38,4 millones que le exigió en una propuesta inicial.

A jucio de la sociedad que explota ATLL (para la gestión de la cual el Govern ya creó la nueva sociedad ATL, con su propio consejo de administración), la Generalitat mantiene la tesis, desechada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de que el contrato se consideró nulo por parte del Tribunal Supremo y, por tanto, no surtió efectos.

En las alegaciones se afirma que el contrato era anulable, pero no nulo y que, por tanto, sí que surtió efectos. Por eso deberían activarse los 305,2 millones de euros de compensación, que resulta de calcularla tal como establece el contrato de gestión. La propia Generalitat en sus cuentas del 2015 incorporaba una reserva por un importe similar, que en presupeustos posteriores eliminó. Además, Acciona y sus socios exigen otros 769,5 millones en concepto de daños y perjuicios que es más fácil que puedan ser objeto de negociación.

Según la sociedad concesionaria, el Govern no solo lesiona "derechos fundamentales" sino que practica la "confiscación del beneficio concesional" y una "incautación ilegítima".

Pioneer recuerda que ha sido un inversor activo en España durante los últimos 25 años. Acusa a la Generalitat se actuar con "estrechez de miras" si es que tiene la intención "de que Catalunya se convierta en un estado respetable de la Unión Europea".

Degradación de reputación

Asegura que defenderá sus intereses en las instancias legales "españolas, europeas e internacionales", en un caso que provoca "una seria ruptura de la confianza y los estándares internacionales" y ocasionará "un daño a largo plazo" a la imagen de Catalunya como "lugar para hacer negocios" y degradará su reputación internacional "durante años".   

A su vez recuerda que la sociedad concesionaria pagó 300 millones de forma inmediata en el 2012, cuando el Ejecutivo catalán necesitaba recursos para pagar sus gastos y "ha invertido otros 100 millones más en Catalunya en infraestructuras físicas desde la privatización".

Ocupación y desahucio

El Govern debería haber tomado las riendas de la compañía el pasado 1 de enero. La dirección de Patrimonio de la Generalitat decretó la ocupación de los activos, pero la sociedad concesionaria solicitó unas medidas cautelares que aún están pendientes.

A su vez está en marcha un proceso de desahucio administrativodesahucio administrativo que aún puede tardar unos días en resolverse. De momento, los 350 empleados de ATLL están dados de alta por dos sociedades distintas en la Seguridad Social, pero es de prever que el sueldo lo vuelva a pagar este mes la actual concesionaria. De hecho esta ya pagó el mes pasado el canon anual a la Generalitat por el 2018.

Por su parte, el 'vicepresident', Pere Aragonès, y el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han registrado la petición de posponer su comparecencia en la comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Parlament para dar explicaciones sobre la gestión de ATLL al miércoles 30 de enero. Lo han hecho para protestar por "la alteración de la vida pública" que han conllevado las detenciones del alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater, y el de Celrà (Girona), Dani Cornellà.

Según Aragonès y Calvet, ante esta situación, no les es posible asistir a la comisión y solicitan posponerla al 30 de enero. Por ello, el presidente de la comisión, Lucas Silvano (CatECP), ha decidido suspender la comisión, teniendo en cuenta que el orden del día contemplaba solo las comparecencias de los 'consellers', "con el compromiso de retomarla lo antes posible".