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comisión de economía

El Congreso cargará a la banca la mayoría de los gastos de las hipotecas

Las entidades abonarán los costes de notaría, registro y gestoría, y el cliente pagará la tasación

La Cámara rechaza la dación en pago obligatoria y prevé que cajas rurales y Sareb también paguen el impuesto

P. Allendesalazar

Vista general del Congreso de los Diputados.

Vista general del Congreso de los Diputados. / Javier Lizón (EFE)

El Congreso de los Diputados ha acordado que los bancos pasen a tener que asumir la mayoría de los gastos de constitución de las hipotecas. La Comisión de Economía de la cámara alta ha pactado este martes que las entidades financieras tengan que hacerse cargo de los costes de gestoría, notaría y registro, mientras que el pago de la tasación lo tendrá que abonar el cliente, que también deberá pagar las copias adicionales de las escrituras que solicite, pero no la primera.

Para una hipoteca media de 150.000 euros para comprar una casa de 180.000 euros en Barcelona, la tasación supone un coste de unos 330 euros. El resto lo tendrá que abonar el banco: los cerca de 3.000 euros del impuesto, 870 euros de notaría, 430 euros de la gestora y 350 euros del registro. En internet se pueden encontrar muchos simuladores para hacer un estimación personalizada de los gastos, como este que ofrece Bankinter

La enmienda al proyecto de ley de contratos inmobiliarios que elaboró el Gobierno anterior ha salido adelante con un apoyo amplio de los grupos parlamentarios, pero no unánime. El portavoz socialista en la comisión, Gonzalo Palacín, ha explicado que la medida busca dar "seguridad jurídica a todas las partes y evitar la litigiosidad" que se ha producido tras años en que las "cosas no se han hecho bien". Unidos Podemos no está de acuerdo con este reparto porque quiere que los bancos tengan que asumir todos los gastos, incluido el de la tasación.

El diputado socialista ha explicado que la tasación la pagará el cliente porque la futura ley le permitirá solicitar dicha valoración del inmueble a la empresa que quiera (hasta ahora era habitual que el banco impusiese la compañía, muchas veces una de su propio grupo). La norma pretende que el cliente pueda llevar su tasación a distintos bancos para ver qué condiciones hipotecarias le ofrecen. Para ello, se va a incluir en el texto legal una disposición adicional que homologará las tasaciones, de modo que sean válidas ante cualquier entidad.

Cooperativas y Sareb

La Comisión también ha negociado llevar a una disposición adicional del proyecto de ley el impuesto de actos jurídicos documentados para resolver algunos errores del real decreto del Gobierno de la semana pasada. Así, Ciudadanos ha propuesto unas modificaciones para que las cooperativas de crédito y la Sareb pasen a estar obligadas a pagar el tributo, al igual que los bancos y las cajas, mientras que las entidades seguirán estando exentas cuando concedan una hipoteca al Estado, los partidos políticos y la Iglesia, entre otras instituciones. Esta modificiación todavía no se ha votado, pero los partidos creen que saldrá adelante.

Los partidos también han pactado que la ley recoja la opción que tienen las partes de pactar la dación en pago (la entrega del inmueble o de los ingresos obtenidos por su venta para saldar la deuda), una posibilidad que ya está reconocida en la ley hipotecaria de 1946 que se quiere reforzar ahora con una exigencia de mayor transparencia en la información al consumidor. La mayoría se ha opuesto, así, a obligar a las entidades a tener que aceptar la dación en pago por sistema, como proponía Unidos Podemos.

Aspectos sin cerrar 

La Comisión de Economía tenía previsto reunirse el martes de la semana pasada para incorporar al proyecto de ley de contratos hipotecarios la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El retraso del sorprendente fallo del alto tribunal, que obligaba a los clientes a pagar el tributo, sumado al cambio legal aprobado por el Gobierno para que lo abonen los bancos, llevó a los grupos parlamentarios a posponer el encuentro hasta este martes. La ponencia de la comisión ha logrado cerrar varios acuerdos hasta el artículo 20 del proyecto de ley, pero todavía quedan por negociar otros 27 artículos y varias disposiciones adicionales, transitorias y finales. 

El más arduo de los puntos que quedan por pactar es el que prevé endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento del hipotecado, paso previo para iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio. El Ejecutivo anterior quería que las entidades pudieran iniciarlo si el hipotecado había dejado de pagar las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 eran tres) y la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito o al 4% si se producía en la segunda parte de la vida del préstamo. Los socialistas proponen elevar esos topes al 3% y al 7%, respectivamente. Otro aspecto pendiente es si finalmente habrá o no sanciones para las entidades que no examinen debidamente la solvencia de su cliente antes de otorgarle el crédito.

Plazos 

Al Gobierno le urge la tramitación del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, pues viene impuesto por la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria cuya trasposición ya acumula un retraso de más de dos años y medio desde que venció el plazo para su aprobación previsto en la directiva europea (marzo del 2016). Como consecuencia de este retraso, España está expuesta a un riesgo de sanción millonaria (105.000 euros al día) por parte de la Comisión Europea si la definitiva aprobación de la nueva ley no se produce en las próximas semanas.

Los grupos parlamentarios se volverán a reunir el martes de la semana que viene y creen posible cerrar entonces la ponencia. Su intención es que el proyecto se vote en la Comisión de Economía la semana siguiente. Para llevarlo al Pleno del Congreso habrá que esperar hasta principios de diciembre debido a las elecciones andaluzas. Después pasará al Senado, donde el Gobierno ha instado a que se estudie por trámite de urgencia. La previsión es que la ley no entre en vigor hasta después de Reyes.

Temas: Hipotecas