El Gobierno vincula el nuevo gravamen a los bancos a la dureza del Supremo sobre las hipotecas

El Gobierno tiene en mente la puesta en marcha de un nuevo gravamen al sector financiero –en forma de una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos para evitar ayudas públicas adicionales a las entidades- pero solo avanzará en ello en función de las mayor o menor dureza de las consecuencias que tenga para la banca la resolución sobre el impuesto de las hipotecas, que el Supremo prevé publicar el 5 de noviembre.

El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo debe analizar el próximo lunes los efectos de sus tres sentencias recientes que trasladan a la banca el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), que hasta ahora asumía el cliente. Se espera que el alto tribunal aclare si los efectos de estas sentencias deben ser asumidos con carácter retroactivo por las entidades financieras o si por el contrario, solo deberán hacerlo para los nuevos préstamos hipotecarios que se formalicen a partir de la jurisprudencia asentada por el Supremo. Sobre todo, debería quedar claro si los clientes que han abonado el impuesto en los últimos años tienen derecho a que las haciendas autonómicas les devuelvan las cantidades indebidamente pagadas.

Hasta 16.000 millones de impacto

Según cálculos de la agencia de calificación Moody’s, si las entidades financieras se ven obligadas por el Supremo a asumir el coste del impuesto de los últimos cuatro años (atendiendo al plazo de prescripción de los tributos), esto tendría un impacto de unos 2.300 millones de euros. Si por el contrario, el alto tribunal dicta que la retroactividad se amplíe a un plazo más extenso, el coste para el sector financiero podría superar los 16.000 millones, según cálculos de Moody’s para los contratos desde el 2004. En todo caso, la propia agencia de calificación considera como escenario más probable que los efectos de las sentencias del Supremo se limiten a las hipotecas que se firmen a partir de ahora.

Fuentes económicas del Gobierno han confirmado a EL PERIÓDICO que se está a la espera de evaluar el verdadero alcance del dictamen sobre el sector financiero antes de seguir avanzando, o no, en el diseño de la mayor aportación de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa de negociación presupuestaria con Unidos Podemos.

A la espera

En el fondo de esta reflexión subyace la idea de que una sentencia muy dura con la banca podría desaconsejar avanzar ahora en un nuevo gravamen sobre las entidades financieras. En sentido contrario, una sentencia de efectos muy limitados podría llevar al Gobierno a seguir adelante con el propósito de este gravamen, como sucedáneo del impuesto a la banca sobre el que el presidente Pedro Sánchez dio marcha atrás tres meses después de llegar al Gobierno. Y aunque Unidos Podemos insiste en seguir reclamando un impuesto específico sobre la banca para devolver a la sociedad el dinero del rescate financiero, se admite que la mayor aportación de las entidades al FGD va en la dirección correcta desde el punto de vista morado.

Los principales banqueros del país se han mostrado estos días convencidos de que la sentencia, de confirmar que deben pagar el impuesto, solo tendrá efectos a futuro, ya que las entidades han venido cumplido la normativa vigente desde 1995. El último en pronunciarse ha sido este miércoles el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez: "No veo ninguna razón para la retroactividad. No era parte de nuestros contratos, era un reglamento. No puedo devolver algo que no he cobrado". De alguna manera Álvarez admitió la posibilidad de un posible aumento en la contribución de las entidades al FGD, ya que este "tiene unos compromisos adquiridos que naturalmente entre los operadores del sistema tenemos que ir pagando y si cambia su plan financiero, pues cambiará".