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Nuevo 'impuesto' a la banca

El Gobierno de Rajoy preparaba un gravamen a la banca

Sánchez retoma el plan y propone a Podemos que los bancos aporten más al Fondo de Garantía de Depósitos

El Ejecutivo del PP trató de frenar la venta de inmuebles de BBVA y Sabadell a un fondo buitre por el déficit

Pablo Allendesalazar Rosa María Sánchez

El Gobierno de Rajoy preparaba un gravamen a la banca

El nuevo 'impuesto' a la banca que está estudiando el Gobierno de Pedro Sánchez, como este lunes adelantó EL PERIÓDICO, se empezó a preparar en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El objetivo, entonces y ahora, era y es cerrar definitivamente el grifo de las ayudas públicas al sector financiero y que sean las propias entidades las que se hagan cargo de los nuevos agujeros a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). La ministra de Economía, Nadia Calviño, está estudiando elevar las aportaciones que los bancos deben hacer a dicho fondo, una posibilidad que ya comenzaron a analizar sus antecesores Luis De Guindos y Román Escolano por la vía de una derrama extraordinaria o una mayor tasa ordinaria (actualmente en el 1,8 por mil de los depósitos y cuentas a la vista).

En el Ejecutivo saliente, según fuentes del mismo, había preocupación por el posible impacto en el déficit público de la venta por parte del Sabadell y el BBVA al fondo buitre Cerberus de grandes carteras de inmuebles heredados de la CAM Unnim, respectivamente. A cambio de hacerse cargo de estas dos entidades quebradas y nacionalizadas, los dos bancos recibieron la garantía en el 2011 (en época de Rodríguez Zapatero) y el 2012 (ya con Rajoy) de que el FGD asumiría el 80% de las pérdidas que provocasen los activos inmobiliarios tóxicos de aquellas cajas mediante un Esquema de Protección de Activos (EPA). El problema es que, al vender esos activos tóxicos en bloque, en lugar de ir afrontando las pérdidas de forma paulatina y año a año, el FGD se podía ver forzado a tener que asumirlas de golpe sin el patrominio suficiente para ello, lo que obligaría a nuevas ayudas públicas.

Presión del BCE

Con cifras del cierre del 2017, el Fondo tiene un patrimonio de 1.990 millones de euros y todavía debe 3.241 millones al Sabadell y 1.249 millones al BBVA, después de haberles abonado 3.239 millones y 566 millones en los tres últimos años, respectivamente. En el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se temía por el impacto que los 4.490 millones aún por abonar podrían tener sobre el déficit público, ya que si el FGD no tenía suficientes recursos para compensar estas pérdidas, estos tendrían que ser aportados por el conjunto de los contribuyentes a través del Tesoro. La preocupación era tal que desde el propio Gobierno del PP se intentó convencer al BBVA y al Sabadell para retrasar la venta de los activos a Cerberus en espera de que la progresiva recuperación del mercado y los precios inmobiliarios permitiera reducir el impacto de las pérdidas.

En el Ministerio de Economía también había preocupación por el impacto en el déficit y la Secretaria de Estado de Economía y el Tesoro estudiaban medidas para limitarlo, por ejemplo mediante la periodificación de los pagos del FGD. La intervención del Banco Central Europeo (BCE), que desde hace años presiona a las entidades para que se deshagan de los activos tóxicos, fue la que terminó por empujar a los dos bancos a anunciar la venta de sus carteras inmobiliarias en noviembre del 2017 (BBVA) y julio del 2018 (Sabadell). El banco central se comprometió con el Gobierno a aceptar medidas que facilitasen que estas ventas no disparasen el déficit, pero a cambio quería que las operaciones saliesen adelante. Su objetivo es impulsar la creación de un FGD europeo, y para ello es necesario que los fondos nacionales estén saneados y limpios de cargas. 

Negociación con Podemos

Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y el acceso de Pedro Sánchez a La Moncloa en junio, la ministra Calviño heredó todos estos planes de su antecesor, Román Escolano. Tanto la ministra de Economía como la de Hacienda, María Jesús Montero, han reconocido en sendas entrevistas con este diario que el Ejecutivo está estudiando imponer a los bancos una aportación mayor al FGD para evitar que el Estado tenga que inyectar nuevas ayudas al sector financiero. Y aunque según fuentes oficiales no hay avances fehacientes en esta cuestión, lo cierto es que el Gobierno sí ha puesto este propósito sobre la mesa de sus negociaciones presupuestarias con Unidos Podemos, según han confirmado fuentes de la formación morada.

El partido que dirige Pablo Iglesias ve con buenos ojos una mayor aportación de la banca al Fondo, ya que lo interpreta como una vía "para que las entidades empiecen a devolver a la ciudadanía el esfuerzo del rescate". Difícilmente un Gobierno del PSOE con apoyo de Podemos podría hacerse cargo del coste político de una nueva inyección de ayudas públicas al sector financiero. En el fondo, el Gobierno ha encontrado en esta propuesta una vía para compensar el fiasco político que supuso la decisión de Sánchez de aparcar el impuesto a la banca que figuraba en las propuestas electorales del PSOE. Y aunque Podemos insiste en seguir reclamando un impuesto específico sobre la banca para devolver a la sociedad el dinero del rescate financiero, admiten que la mayor aportación de las entidades al FGD va en la dirección correcta desde el punto de vista morado.