El caso de los sobresueldos de Caixa Catalunya llega a la Audiencia de Barcelona

La excúpula de Caixa Catalunya encabezada por el expresidente Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó se sienta en el banquillo de los acusados a partir de este jueves. La Audiencia de Barcelona se convierte de nuevo en el escaparate de los efectos de la crisis financiera sufrida hace 10 años y pone en tela de juicio la gestión de los directivos y consejeros de una caja que requirió 12.000 millones de euros en recursos públicos para su rescate. En los últimos meses ha sobrevolado sobre el proceso la posibilidad de un pacto con la fiscalía para evitar la vista, pero al final no se ha materializado.

Pesa sobre el exvicepresidente del Gobierno del PSOE y sobre el exdirector general de Caixa Catalunya la acusación de haber elevado "de manera desproporcionada" sus retribuciones y las de los principales directivos "sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla". Todó, por ejemplo, cobraba 684.713 euros anuales en el 2008 y pasó a tener una retribución de 1,36 millones en el 2010. Los beneficios de la entidad se redujeron progresivamente (493 millones en el 2007, 185 en el 2008, 77 en el 2009), pero los ingresos y dotaciones a planes de pensiones de los directivos aumentaron. Narcís Serra cobró 1,2 millones entre el 2004 y el 2010, pese a que la presidencia era un cargo representativo.

Posición de la defensa

Durante el proceso las defensas alegarán que las retribuciones estaban en los contratos, fueron completamente legales, se adaptaban a las retribuciones medias del sector y al alza del IPC, y que tenían, además, el aval del Banco de España. Serra ya explicó en febrero de este año ante la comisión de investigación del Congreso sobre la crisis financiera que las retribuciones acordadas a los directivos fueron calculadas y supervisadas por entidades independientes, el bufete Garrigues y Hay Group. El ajuste de retribución al existente en el sector "se decidió escalonar en dos años", en un proceso que el entonces presidente aseguró "se llevó a cabo con una transparencia totalmente novedosa en los procedimientos de aprobación de la retribución de los ejecutivos en Caixa Catalunya".  Efectivamente, las retribuciones fueron aprobadas por el consejo, la asamblea y la Generalitat, recordó Serra, y publicadas en la memoria anual en el marco de plan estratégico definido en "colaboración" con el departamento de supervisión del Banco de España. 

Petición de la fiscalía

La fiscalía pide cuatro años de prisión para 17 de los 41 acusados, entre los que están Serra y Todó, a quienes atribuye dos delitos de administración desleal, y dos años para otros 24, a los que solo apunta uno de los dos delitos. Además, reclama que los acusados paguen al FROB 2.568.000 euros más intereses en concepto de responsabilidad civil. La CUP, la Confederación Intersindical de Cajas y el FROB también les acusan de delito societario, y llegan a pedir hasta seis años de prisión.

Están acusados de haber elevado sus retribuciones "de manera desproporcionada" meses antes del rescate que supuso 12.000 millones para el erario

El juicio está previsto que dure 28 sesiones, hasta el 30 de noviembre, pero el calendario podría variar. Este jueves y viernes están previstas las cuestiones previas y no será hasta el jueves 11 de octubre cuando comiencen a declarar los acusados, de cuatro en cuatro, empezando por Serra y Todó. Después será el turno de una treintena de testigos, más tarde declararán seis peritos, y después ya se expondrán las conclusiones e informes finales. 

En su escrito, la fiscalía acusa a los exdirectivos de la entidad, ahora propiedad del BBVA, de haber practicado una "irresponsable política de retribuciones". Además, argumenta que, a pesar de la "difícil situación económica global", "en particular del sistema financiero y especialmente en esta caja", los sueldos de los exdirectivos Adolf Todó y Jaume Massana, "no dejaron de subir durante los años 2009, 2010 y 2011".

Contradicción en la gestión

La acusación pública sostiene que en Caixa Catalunya fueron "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de insolvencia", teniendo en cuenta, además, que se produjeron" en un entorno de grave crisis económica". Así, ve "sorprendente" que, por un lado, se suscribieran estos contratos y, por otro, "pidiera la inyección de dinero público por parte del FROB". En concreto, el fiscal argumenta que hubo dos acuerdos del consejo de administración, en enero y octubre del 2010, que considera claramente ilegales, y en medio se produjo la fusión de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y Caixa Manresa, en mayo del 2010, y dos inyecciones del FROB por valor de casi 3.000 millones de euros, que suponían cerca del 90% de los recursos propios de la nueva entidad.