Inversiones a fondo perdido

Durante más de cuatro años, 3.336 clientes de Catalunya Banc, actualmente integrada en el BBVA, han tenido vedado el acceso al dinero depositado en un fondo de inversión denominado CX-Propiedad-FII dedicado a la compra y arrendamiento de inmuebles, mientras se desarrollaba el proceso de liquidación ordenada del patrimonio inmobiliario del propio fondo como consecuencia de la decisión de la entidad de disolverlo definitivamente.

La crisis inmobiliaria provocó que la mayoría de entidades financieras que constituyeron fondos inmobiliarios se vieran obligadas a cerrarlos --ante la pérdida de valor de las propiedades adquiridas-- o abrir pequeñas ventanas de liquidez para devolver parte de lo invertido a los clientes cuando el fondo consiguió vender alguna de esas propiedades. El estallido de la burbuja no solo se llevo por delante a empresas y entidades financieras --sobre todo cajas de ahorro--, también golpeó a cientos de ahorradores que confiaron en sus bancos y en los fondos que comercializaron con la falsa promesa, a menudo, de que no podrían incurrir en pérdidas.

Al perjuicio causado por esta situación análoga a la de un corralito, un buen número de clientes afectados del CX-Propiedad-FII --más de 600-- suman ahora la confirmación de que sufrirán unas pérdidas de hasta el 64% del valor inicial de su inversión --dependiendo del momento que entraran en ese producto--, según se desprende de la liquidación final del fondo. Durante estos años, la entidad ha logrado hacer líquido por un valor de más de 51 millones de euros un patrimonio inmobiliario que, en el momento de iniciarse la disolución en septiembre del 2013, estaba valorado en 95,6 millones de euros, casi un 54% más del dinero obtenido finalmente. A esto habrá que unir el coste que supone el impuesto de transmisiones patrimoniales. El banco, sin embargo, ofreció a todos los clientes del fondo, liquidar los activos en septiembre del 2017 con el valor que los activos tenían entonces y que implicaban pérdidas de hasta el 40%. El 80% de los afectados aceptaron entonces la oferta, pero no así otros 610 clientes, que son los que han visto aumendas su pérdidas en el momento de la liquidación total.

Comprar por consejo de la entidad

Según destaca Óscar Serrano, abogado del Col·lectiu Ronda que defiende a varios de los afectados, los damnificados por el fondo adquirieron participaciones de este instrumento de inversión colectiva casi siempre siguiendo el consejo de los empleados de la entidad, que lo ofrecieron a sus clientes como una opción conservadora y de bajo riesgo, tal y como quedó reflejado en el folleto registrado ante la CNMV en el 2006 --cuando estos productos estaban etiquetados como de riesgo bajo--, así como en el propio folleto comercial, donde se definía este fondo como adecuado para personas que demandaban productos «prudentes» y con un «perfil de riesgo medio-bajo».

La realidad, sin embargo, ha resultado diferente como demuestran varias sentencias judiciales, incluyendo una resolución firme de la Audiencia Provincial de Barcelona, en respuesta a las demandas interpuestas por clientes de la entidad. Al menos se han dictado medio centenar de sentencias en las que se da razón a los afectados. Sin embargo, "el número de reclamaciones es inusualmente pequeño para la elevada cifra de afectados. Sobre todo, considerando que prácticamente todas las sentencias le han dado la razón a los afectados", ha comentado Serrano. Quien, por otra parte, plantea que el colectivo seguirá litigando para reclamar daños y perjuicios al banco.