mercado laboral
Esclavos del siglo XXI
Varias de las empresas acusadas por la Inspección de Trabajo de emplear a miles de falsos autónomos en la industria cárnica a través de la cooperativa catalana Servicarne presionan a los trabajadores para que sigan sometidos a ese régimen, a pesar de que la Administración laboral ha declarado ilegal esa práctica. Así lo ha denunciado ante el Ministerio de Trabajo la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato mayoritario de Galicia y que asegura que Servicarne amenaza a los trabajadores advirtiéndoles de que perderán sus empleos si no renuncian voluntariamente a la afiliación al régimen general de la Seguridad Social, en el que fueron inscritos tras la citada resolución.
El pasado mes de marzo, y tras varias denuncias de la CIG, la Inspección de Trabajo declaró ilegal la situación de varios centenares de empleados de las compañías gallegas Frigolouro, Coren y Novafrigsa, a los que se obligaba a darse de alta como autónomos y a afiliarse a Servicarne, a la que pagaban una cuota mensual de 50 euros, para poder seguir trabajando. El fraude afectaba en toda España a alrededor de 5.000 personas empleadas como falsos autónomos de la cooperativa a través de sociedades mercantiles que gestionan mataderos en todo el país.
Salario reducido un 40%
Los afectados, al contrario que sus compañeros contratados como asalariados por cuenta ajena por las mismas empresas, debían pagarse sus cotizaciones íntegras a la Seguridad Social, además de la ropa e instrumentos que empleaban en su trabajo y los correspondientes equipos de seguridad. De esa forma, su salario se veía reducido en casi un 40% con respecto a sus compañeros con contrato de trabajo. Tampoco contaban con las mismas condiciones laborales en cuestión de horarios, descansos y días de vacaciones.
Tras la resolución de Trabajo, que obligó a las empresas defraudadoras a recontratarlos con la antigüedad correspondiente y a devolverles las cuotas sociales que habían aportado como autónomos, la Seguridad Social procedió a darles de alta de oficio en su régimen general de cotización, con cargo a las empresas que los empleaban. Sin embargo, algunas compañías, según la denuncia de la CIG, volvieron a darles de baja casi de inmediato, como Frigolouro, firma de O Porriño (Vigo) dependiente de la ourensana Coren. Otras, como Cogal, les presionan para que firmen documentos como el que acompaña a esta información, en el que el afectado declararían que renuncian a ese régimen voluntariamente alegando que no mantienen relación laboral alguna con la empresa.
“No conocemos a ningún trabajador que esté dispuesto a renunciar de forma voluntaria a sus derechos laborales, tal y como pretenden hacer creer estas empresas”, asegura Xesús García, portavoz de la CIG. “Servicarne les está diciendo que si no firman, sencillamente, pierden su trabajo”, añade. García subraya que la CIG ya ha procedido a interponer una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo.
Silencio de las empresas
Este diario ha intentado sin éxito obtener la versión de Coren y de Cogal. También de Servicarne, que hace dos meses, cuando trascendió la denuncia sindical, se limitó a colgar en su página web un comunicado en el que defendía la legalidad de su actuación, y en el que amenazaba con acciones legales en defensa de su “honorabilidad y buen nombre” contra quienes vertieran “falsedades” contra la cooperativa.
Según Xesús García, la CIG tiene constancia de que las citadas sociedades han dado de baja en la Seguridad Social o amenazado a varios centenares de trabajadores en Galicia, a los que los servicios jurídicos del sindicato están recomendando que, a la espera de una nueva resolución, no renuncien a ninguno de los regímenes. Es decir, que se mantengan como autónomos para evitar que dejen de llamarlos para trabajar, pero que se nieguen a firmar los documentos de renuncia al régimen general de la Seguridad Social
Según la CIG, las prácticas de Servicarne, que cede mano de obra a industrias cárnicas de toda España, representan “la esclavitud del siglo XXI” para miles de personas empleadas en el sector, que trabajan “sin horario establecido, sin salario fijo pues cobran por hora o por pieza manipulada, sometidos a ritmos de producción salvajes que provocan enfermedades profesionales que les son reconocidas”.
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